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No pasaron ni 24 horas de que el presidente Peña Nieto volviera a reprocharle a los mexicanos su tendencia a ver situaciones negativas donde no las hay, criticando que “nos autoflagelamos, nos afrentamos, decimos que estamos mal y en escenario crítico”, cuando su secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, tuvo que “autoflagelarse” y reconocer el “crecimiento inusitado en los índices de delitos de alto impacto en diversas regiones del país”, luego de que las cúpulas empresariales lanzaran una “alerta” por el “incremento inaceptable” de los niveles de inseguridad, delincuencia e impunidad en el país y le exigieran al gobierno federal actuar de inmediato para evitar el cierre de empresas y el daño a la actividad productiva.
Mientras Peña insistía el lunes en su discurso de las últimas semanas, cuestionando a ciudadanos incapaces de reconocer avances en su gobierno, que ven “el vaso medio vacío” o hablan de “tragedias” que, él afirma, no existen en un país que ve “en transformación” o incluso “en su mejor momento”, la realidad que reconocen los índices oficiales y la exigencia del sector empresarial del CCE y la Coparmex, que le exigieron al presidente y al Congreso “trabajar hasta el último día de su gobierno” y hacer una reforma urgente en el tema de la seguridad, obligó a que el responsable de la política federal de seguridad sacara el látigo y reconociera el “escenario crítico”.
En un comunicado, Gobernación aceptó que el agravamiento de los índices delincuenciales se dan por “debilitamiento de algunas estructuras gubernamentales institucionales en distintos niveles de gobierno sean municipales, estatales o incluso federal”, y explicó como causas “la diversificación de actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas en principio al comercio de droga y con intereses también en la extracción ilegal de combustibles”, que utilizan a la población, inducida o forzada, para generar barreras que obstaculizan la acción policiaca para detener a las bandas que roban mercancías al transporte en carretera y a trenes de carga.
Y es que estos delitos se han disparado en los últimos meses —852 robos y descarrilamiento de trenes en el primer trimestre de este año— y junto con la violencia que afecta a varias regiones del país, han obligado al cierre de fábricas y empresas de marcas como Coca Cola y Lala, además del cierre de miles de pequeños y medianos negocios por extorsiones y cobros de derecho de piso en el país. Eso le reprochan los empresarios a los tres niveles de gobierno, pero en particular al presidente Peña Nieto, a quien la Coparmex le recriminó haber bajado la guardia en el cierre del sexenio y le pidió “trabajar hasta el último día” y cumplir el compromiso que había hecho de que terminaría la administración “a paso de atleta”. ¿Será que los empresarios ya ven a Peña Nieto soltando el cuerpo —y las riendas del país— ante una posible derrota electoral de su partido?
NOTAS INDISCRETAS… Dos datos delicados nos llegan sobre el tema del VIH sida en el país. Hay inconformidad e indignación por parte de los productores nacionales de medicamentos debido a la forma como se está manejando en el Censida, a cargo del doctor Pablo Kuri, y en Birmex, organismo mayoritariamente estatal, a cargo de Carlos Rello, quienes recientemente realizaron la compra de los medicamentos antirretrovirales, pertenecientes al cuadro básico, pero extrañamente decidieron adquirirlos directamente a empresas de la India, bajo el argumento de un supuesto precio menor, amparándose en resquicios que otorga la Ley de Adquisiciones del sector público, sin siquiera convocar antes a la participación de laboratorios nacionales que producen esos medicamentos. Con ese tipo de decisiones, se quejan empresarios de las farmacéuticas mexicanas, desde el gobierno causan un perjuicio a la industria nacional que se la juega y arriesga por México, pagando impuestos y generando empleo y derrama económica. Incluso hay productores que ya preparan un recurso para que la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Arely Gómez , revise el actuar de estos servidores públicos… El otro dato tiene que ver con la imposición de un nuevo director de la Clínica Condesa del gobierno de la CDMX, Alfonso Trujillo Plaissant, que según reconoce él mismo no sabe nada de VIH. La designación hecha por el secretario de Salud, Román Rosales, pone en riesgo muchos años de trabajo y programas específicos de lucha contra el Sida en esa clínica especializada, que fue de las primeras a nivel nacional, y parte de un diagnóstico equivocado del secretario Rosales que ha convencido al jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, de que el centro está “mal administrado”, cuando es una de las instituciones pioneras y más eficientes a nivel nacional en el tratamiento y prevención del VIH. En fin, que los especialistas de la Clínica Condesa, apoyados por la sociedad civil y los aguerridos colectivos de la comunidad LGBTTTI ya preparan un posicionamiento y le van a abrir un frente al de por sí apurado jefe Amieva… Anoche en la sede de la Cancillería corrían versiones sobre un relevo del secretario Luis Videgaray por el subsecretario Carlos de Icaza. ¿Tendrá que ver con la especie que afirma que Videgaray cayó del ánimo presidencial por un acercamiento con López Obrador no autorizado por el presidente?... Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
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