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Ante la parálisis legislativa en San Lázaro, que amenaza con convertirse en crisis constitucional, por la inminente presentación del Paquete Económico 2018, ayer se buscaban acuerdos y salidas para destrabar, desde el Senado, el tema de la Fiscalía General de la República para que, con la Ley aprobada por todos los partidos desde diciembre de 2014 —incluidos el PAN de Ricardo Anaya que hoy la cuestiona y el PRD que lo apoya—, se pueda proceder a la designación de un fiscal, sin que se trate necesariamente del actual procurador Raúl Cervantes Andrade, cuya designación “automática” tiene parada la instalación de la Mesa Directiva de los Diputados y es duramente cuestionada por la sociedad civil y la opinión pública.
Ayer, desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, surgió una propuesta avalada por sus cinco integrantes y cabildeada también entre actores políticos importantes, que plantea lo que parece la salida más viable y lógica a la crisis política que amenaza con desembocar en una crisis constitucional en el Congreso de la Unión: “Evaluar la pertinencia de nombrar a un procurador general de la República de transición y de consenso, que se convierta en fiscal general de la República. Y que en el periodo de transición que al efecto se establezca, redefinir el marco constitucional de la Fiscalía General de la República, considerando las propuestas de los diversos actores y grupos sociales”.
La propuesta, firmada por la presidenta del citado Comité ciudadano del SNA, Jacqueline Peschard y por sus integrantes Mariclaire Acosta, José Octavio López, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández, parece una salida intermedia a las posiciones encontradas y de “capricho” que sostienen los dos bloques que desataron esta crisis: por un lado el PRI y sus aliados en el Senado, que se niegan a procesar la iniciativa de derogación del “pase automático” del XVI Transitorio, que envió desde noviembre de 2016 el presidente Peña Nieto, e insisten en designar al procurador como fiscal, y por el otro lado el PAN, que con sus aliados del PRD y MC, no permiten la instalación de la Mesa Directiva de los Diputados y la condicionan a eliminar primero el “pase automático” y a que se inicie un proceso para nombrar a un fiscal independiente.
Este planteamiento fue entregado ayer por escrito al presidente del Senado, Ernesto Cordero, quien se comprometió a procesarlo, aunque adivirtió que “no es de un día para otro”. Sin embargo, el tiempo sí apremia a los senadores, que desde el 10 de diciembre de 2014 recibieron la Ley del FGR aprobada por la Cámara de Diputados y la han tenido “durmiendo” por casi tres años en las Comisiones, en una muestra de incapacidad del Senado que sigue sin dictaminar un tema de la mayor trascendencia, pospuesto una y otra vez y que ha trabado no sólo la Fiscalía General de la República, sino también el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Todos los partidos en el Senado aprobaron en octubre de 2016, en medio de “negociaciones secretas”, dar trámite a la aprobación de la Ley de la FGR y el “pase automático” a Cervantes, a cambio del reparto de posiciones en el Tribunal Electoral federal; pero el rechazo y la movilización de la sociedad civil hizo que se rompieran esos acuerdos y que Peña Nieto, para parar la polémica, pidiera derogar el transitorio XVI y eliminar el “pase automático” al procurador. Casi un año después ninguna de las dos cosas ha ocurrido; el PRI de Emilio Gamboa ignoró la propuesta de su “jefe político” y pretendía sacar la designación de Raúl Cervantes “a como de lugar”, mientras que el PAN, de Ricardo Anaya, aprovechó esa coyuntura para desviar la atención de las denuncias periodísticas de enriquecimiento y propiedades de su familia política.
Ayer el priísta Manlio Fabio Beltrones, dijo que en el Congreso “no puede haber actos legislativos a capricho” y que se deben respetar los acuerdos que tuvieron el aval de todas las fuerzas políticas, aunque al país no le conviene tener un fiscal o un procurador “en la incertidumbre” ni aprobaciones “a modo”, por lo que pidió a todos los actores, incluido su partido, mostrar “talento y capacidad para llegar a una solución”. La pregunta es ¿hay ese talento y sobre todo la voluntad para llegar a una solución y una salida pronta al lío que armaron los “caprichos” de todos en el Congreso antes de que les estalle una crisis constitucional? Está por verse.
NOTAS INDISCRETAS… Paradoja: hace 20 años, por estas mismas fechas, pero de 1997, era el PRI, con el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, el que amagaba con una crisis constitucional al intentar impedir la instalación de la primera Cámara de Diputados con mayoría opositora, mientras el bloque de la oposición insistía en instalar la Mesa Directiva. Hoy los papeles se invierten, pero las intransigencias y la falta de habilidad, diálogo y operación política son las mismas… Los dados mandan Escalera. Subimos.
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