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En momentos en que su autoridad moral y su imparcialidad es puesta en duda, no sólo por sus orígenes y la forma en que se dieron sus nombramientos, sino también por sus fallos y actuaciones tan polémicas en el actual proceso electoral, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran en el centro de la mira pública y, varios de ellos, generan muchas más dudas que certezas sobre cuál será su actuación, con calificadores últimos e inatacables, en un escenario electoral tan tenso y polarizado como el que se ve venir el primero de julio.
Encima, como si no bastaran las dudas sobre su papel de árbitro imparcial y jueces sin sesgos partidistas, los siete integrantes de la Sala Superior de la máxima instancia jurisdiccional en estas complejas elecciones se encuentran divididos, peleados y confrontados en una disputa interna en la que se observan claramente dos bandos: de un lado el “bloque gobiernista”, formado por tres magistrados: Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas y Mónica Aralí Soto Fragoso, a quienes se ve totalmente proclives al actual grupo gobernante y con vinculaciones claras desde su llegada al cargo con el poderoso ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes; un segundo grupo de otros tres magistrados, que podría ser el “bloque académico de centro izquierda”, formado por Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón y por la presidenta magistrada Janine Otálora. Todos ellos con vínculos en sus orígenes y apoyados por distintos personajes del PAN, PRD y hasta del PRI, pero con sólidas carreras judiciales y académicas. Y en medio está el magistrado Indalfer Infante González, quien con una carrera reconocida en el Poder Judicial se le ve más del lado de los “académicos de centro Izquierda”, aunque votó con el “bloque gobiernista” en el polémico fallo a favor de la candidatura de El Bronco.
Las diferencias internas entre los magistrados del TEPJF han crecido en las últimas semanas, particularmente a partir de la votación mayoritaria que legitimó la candidatura independiente de Jaime Rodríguez El Bronco. Ese polémico fallo resultó una especie de “parteaguas” porque fracturó definitivamente al Tribunal, al mismo tiempo que lo colocó en el ojo de la tormenta y del cuestionamiento público porque confirmó lo “dúctil” y manipulable que podía ser el voto y la formación de mayorías en este Tribunal, con la injerencia de personajes ligados al gobierno, algo que afecta su legitimidad y confiabilidad como máxima autoridad electoral en el país y en la actual contienda.
Pero también el caso de El Bronco mostró lo endeble de los equilibrios internos del Tribunal y la existencia de agendas y grupos que no apuntan necesariamente a la cohesión de una instancia clave para la democracia mexicana. Porque los golpeteos internos, entre magistrados, han aflorado con “filtraciones” de expedientes y acusaciones, como las recientes denuncias de “nepotismo en el círculo cercano de la magistrada presidenta Janine Otólora”, que publicó en su columna En La Mira, el periodista Luis Cárdenas en estas mismas páginas. Esas denuncias documentadas, que referían cómo colaboradores cercanos de Otálora, como su secretaria de Acuerdos, Cecilia Sánchez Barreiro, tienen en la nómina del tribunal a familiares cercanos como su padre, Javier Barreiro Perera, y a su hermano, Carlos Manuel Sánchez Barreiro, con sueldos de 70 y 30 mil pesos respectivamente, fueron atribuidas por voceros del Tribunal a “filtraciones” provenientes de la oficina de otros magistrados, entre los que mencionaron a José Luis Vargas o Indalfer Infante. Es decir, que el pleito entre los magistrados es de tal intensidad que están buscando desacreditarse entre ellos mismos.
En todo caso, las divisiones y diferencias internas no son algo nuevo en un órgano colegiado como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre ellos podrían despedazarse y acusarse de lo que puedan probar. Lo grave, y lo que realmente preocupa y puede afectar a su actuación como última instancia de estas elecciones en marcha, es que esas divisiones se expresen también en la forma en que unos y otros, magistrados de los distintos bloques u orientaciones, entiendan cuál es su papel como juzgadores y calificadores máximos de este proceso electoral histórico. Y ahí sí, lo que se espera de todos ellos, los “gobiernistas” y los que se dicen “académicos de centro-izquierda”, es que entiendan bien cuál es el tamaño y la trascendencia de su actuación. Porque así como un Tribunal puede dar certeza y legalidad a una democracia, también puede empañar y enturbiar los procesos democráticos si genera la duda y la incertidumbre con su actuación. ¿Qué van a generar en las semanas posteriores al 1 de julio estos magistrados de este Tribunal dividido?
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