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En menos de 24 horas esos dos fallos de los máximos órganos de impartición y de procuración de justicia en México ilustraron muy bien el México de la impunidad (primer lugar en Latinoamérica y cuarto a nivel mundial en delitos impunes) y reafirmaron con sus decisiones la profunda desigualdad e inequidad de la casi inexistente justicia en nuestro país: mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación endurecía la persecución policial al declarar “constitucional” las inspecciones a personas y vehículos sin orden judicial y dejaba a los ciudadanos a merced del criterio y la “sospecha fundada” de policías inoperantes y corrompidas en México, la Procuraduría General de la República decidía ayer proponer el “no ejercicio de la acción penal” en contra del ex gobernador priísta de Chihuahua, César Duarte, prófugo de la justicia, por los delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal.
Los ministros de la Corte, con el argumento de validar constitucionalmente las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, abrieron la puerta al abuso policial y a las detenciones e inspecciones arbitrarias de policías mal capacitadas y en muchos casos coludidas con el crimen al aprobar, por mayoría, la constitucionalidad de tres polémicos artículos de ese Código vigente desde 2014, y que autoriza a que un policía pueda detener e inspeccionar a un ciudadano en su persona o en su vehículo o incluso en un domicilio, siempre y cuando “exista flagrancia en la comisión de un delito o sospecha fundada del policía de que la persona a la que detienen participó en la comisión de ese delito”.
Ayer defensores de Derechos Humanos, desde el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, hasta organizaciones civiles y el ex ómbudsman nacional, Raúl Plascencia, cuestionaron el fallo que avaló las inspecciones, al considerar que abren la puerta “a abusos y arbitrariedades” de las policías y ponen en riesgo las garantías ciudadanas y los derechos humanos, como la presunción de inocencia, la seguridad jurídica, la libertad personal, el debido proceso y el principio de legalidad. La Corte respondió a esas críticas por la tarde con una tarjeta que explica en qué casos pueden realizarse las inspecciones y mencionó el tema de la “flagrancia” de un delito, la detención de un vehículo sólo cuando comete una infracción o una falta de tránsito y la “sospecha fundada” de los policías de que algún ciudadano participó en un delito.
“De esta manera actúan las Policías en todo el mundo. No es un concepto exclusivo de México. Varios tribunales internacionales han adoptado esto como guía para la actuación de las Policías”, justificó la Corte en su tarjeta. ¿Acaso no saben los ministros que las policías de México, federales, municipales y de los estados, no actúan como las de todo el mundo y no tienen ni los mismos estándares de comportamiento ético ni el apego a protocolos y leyes en sus actuaciones y detenciones? Si esas inspecciones se aplican en Suecia, Noruega o Estados Unidos, no hay problema porque seguro se harán bien en la mayoría de los casos, pero si se la aplica en México, un policía municipal en una calle oscura, una patrulla estatal en un camino rural o un federal en una carretera desierta, ¿quién garantiza que van a actuar tan honesta y legalmente como supone la Corte? Se ve que los ministros traen escoltas y seguridad permanente y por ello creen que viven en Suiza y no en el México violento e inseguro que padecen la mayoría de los mexicanos.
Y si la Corte pecó de ingenuidad al creer que tenemos policías capacitados, honestos y con criterio, la PGR pecó de perversidad y confirmó, con su decisión de no ejercer acción penal contra el priísta prófugo César Duarte, los criterios políticos con los que se procura justicia en este gobierno, pues mientras esa procuraduría y su encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, son omisos y protegen a los “amigos de la casa”, a los adversarios políticos, como el panista Ricardo Anaya, los persiguen con la fiereza de los perros de caza, ante las ordenes directas del señor presidente.
Gracias a los señores ministros —en su mundo idílico en donde las leyes se cumplen y los policías cuidan a los ciudadanos— y a la PGR en su descarado papel de persecutor político de opositores y tapadera de los cuates del gobierno, esta noche los ciudadanos nos quedamos con la intranquilidad de saber que, con cualquier pretexto o falta de tránsito, un policía podrá bajarnos de nuestro auto, revisarlo y revisarnos a nosotros hasta en las partes más íntimas, si tiene “sospecha fundada”, si cree que hay “flagrancia” o, como pasa en la realidad, si simplemente se le da la gana; y mientras, esta misma noche, en una mullida cama de alguna de sus mansiones en Texas, el ex gobernador César Duarte, gracias a la Procuraduría y a sus amigos priístas de Los Pinos, dormirá como bebé en sábanas de seda.
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