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Hace unos meses, hasta las oficinas de la Sedatu llegaron desde la PGR varios citatorios dirigidos al oficial mayor, Emilio Zebadúa González, y a varios de sus directores de área, que le acompañan en esa dependencia y que antes estuvieron en la Oficialía Mayor de la Sedesol, por un “presunto delito de desvío de recursos y peculado” investigado por la PGR. Ante la resistencia para recibir los citatorios y declarar, hasta la oficina de Raúl Cervantes llegó una llamada “urgente”. Cuando el procurador la tomó, en la línea estaba la secretaria Rosario Robles. A gritos —según testigos de la llamada— la titular de la Sedatu reclamó que se estuviera investigando “a gente de mi confianza” y que se les llamara a declarar sin avisarle a ella de las averiguaciones.
En ese momento la PGR tenía avanzado el expediente que, basado en denuncias del auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, había iniciado contra el oficial mayor de Sedatu y ex oficial Mayor de la Sedesol, Zebadúa González, y contra varios directores de administración bajo su cargo en ambas dependencias. Las acusaciones de la ASF se referían al presunto desvío de recursos federales, cuyo destino final nunca fue comprobado, por un monto superior a los mil 500 millones de pesos, en ambas dependencias.
Ese expediente que reprochó a gritos la secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, es el mismo que dejó ya terminado y con acusaciones directas el ex procurador Raúl Cervantes Andrade, tras la su renuncia del lunes pasado y que hoy se encuentra en manos del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. En él aparecen los nombres de Emilio Zebadúa González y de varios de sus colaboradores cercanos, tanto en Sedatu como en Sedesol, como presuntos responsables de delitos por desvío de recursos y peculado, según denuncias de la ASF y la Función Pública.
La PGR documentó en sus investigaciones el modus operandi de los colaboradores administrativos de la secretaria Rosario Robles en las dos dependencias. Primero en Sedesol, en 2013, transferencias a universidades públicas, una de ellas por 440 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de México, para un “convenio de colaboración” cuyos servicios después fueron delegados por la institución a empresas y comités privados que recibieron los recursos públicos, pero que nunca comprobaron los trabajos contratados. El mismo esquema se repitió, por los mismos funcionarios, en Sedatu, donde también se transfirieron recursos a universidades, sin comprobar su destino y aplicación final, según observaciones y denuncias de la ASF y la Función Pública, que dieron pie a la averiguación de PGR.
El daño patrimonial del que se acusa al grupo de servidores públicos encabezados por Zebadúa superaría los mil 500 millones de pesos, y en el expediente concluido hay señalamientos de responsabilidades específicas para al menos 6 servidores públicos, que declararon en su momento y que hoy están en calidad de indiciados en la averiguación penal. Varias transferencias a universidades documentadas por la PGR son las mismas que aparecieron en el reportaje La Estafa Maestra realizado por periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
La pregunta es si el subprocurador Elías Beltrán encargado de la PGR, activará las denuncias penales correspondientes, cuyas investigaciones él mismo ayudó a integrar en la gestión de Cervantes. Porque la cercanía de Rosario Robles con Peña Nieto es notoria y apenas en una reunión el martes pasado en Los Pinos, del Presidente con académicos y comunicadores, el trato que dio a la secretaria, encargada de la atención a los damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas, fue “bastante deferente”, según refieren asistentes a ese encuentro. ¿Procederán contra el oficial mayor de la Sedatu y antes de Sedesol, con todo y su gran cercanía con Rosario? ¿O aquellos gritos de la secretaria al ex procurador detendrán la aplicación de la ley en este caso de corrupción millonaria, que no fue, como dice el Presidente, un “accidente de tránsito”?
NOTAS INDISCRETAS… En el Senado de la República podremos no tener nombramientos de un fiscal general que cambie la corrupta e ineficiente procuración de justicia en el país; podremos no tener fiscal anticorrupción que atienda el apremiante reclamo ciudadano contra la impunidad; podremos no tener magistrados que completen el Sistema Nacional Anticorrupción; pero eso sí, ya tenemos presidenta de la Unión Interparlamentaria mundial. Seguro con eso resolvemos todos nuestros problemas. ¡Felicidades a la senadora Gabriela Cuevas!.. Eruviel Ávila Villegas llega al PRI de la Ciudad de México, literalmente, a revivir a un muerto. Mariana Moguel muy poco hizo para levantar al casi inexistente priísmo capitalino. A ver si el ex gobernador mexiquense puede lograrlo. Si le dan los mismos recursos que tuvo en el Edomex para operar, tal vez. Sólo le faltaría saber técnicas de RCP… Ruedan los dados. Amenaza Serpiente.
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