Muchas dudas más que certezas dejó la actuación de la PGR en el reciente citatorio al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Si la imparcialidad de la institución y de su titular, el procurador Raúl Cervantes, ya estaba en entredicho con la extraña tardanza para actuar en el escándalo de corrupción de Odebrecht, que en todo el continente ha sido castigado con decisión y rapidez para procesar y juzgar a empresarios, políticos y funcionarios involucrados, ahora tras su primera acción tardía en este caso, queda la percepción de que el Ministerio Público federal se prestó a validar una estrategia jurídica y mediática de Lozoya y sus abogados para pregonar a los cuatro vientos su inocencia.
Porque si, como afirmaron el ex director de Pemex y sus abogados, en su conferencia de prensa el jueves, “en la carpeta de investigación no existe un solo elemento de prueba o evidencias que acredite que yo recibí dinero ni de ellos ni de nadie”, la pregunta que surge de inmediato es ¿por qué entonces la Procuraduría citó a Lozoya Austin en calidad de “imputado”, si sabía de antemano que no había aún en los registros de investigación ningún señalamiento en contra del ex funcionario?
Si fuese cierto que no había señalamientos en su contra, el MP debió citarlo entonces en calidad de “testigo”, pero, de haberlo hecho así, Lozoya y sus abogados no habrían tenido acceso al expediente de la investigación ni tampoco habría podido invocar el beneficio constitucional que prevé el artículo 20, para reservarse, como lo hizo, su derecho a declarar. Luego entonces, ¿se trató de una diligencia acordada entre la PGR y la defensa de Lozoya? Hay elementos que sugerirían que así fue.
Según juristas consultados, con esa “facilidad” que se le dio al citarlo como “imputado”, fue que el ex director de Pemex armó la estrategia con la que, horas después de estar en la PGR, donde pudo consultar las carpetas de investigación, salió a los medios para pregonar que no había “pruebas ni elementos” en su contra y a presumir así su inocencia, sin que la procuraduría saliera ni a confirmar ni a desmentir los dichos de un presunto “imputado”.
En todo caso, la denominación de “imputado”, contenida en el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que “se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito”; es decir que, si bien Emilio Lozoya tiene derecho a la “presunción de inocencia” que consagra el nuevo Sistema de Justicia Penal, el citatorio específico que le hizo la PGR sí lo señalaba como “posible autor o partícipe de un delito”.
¿Hay o no acusación? Si Lozoya compareció en calidad de “imputado” ante la PGR, fue en atención al citatorio que debió enviarle el agente del Ministerio Público que conoce del caso, como es requisito en todo proceso judicial. Y en ese caso, según expertos, se da por sentado que en tal diligencia se le hizo saber que “se le acusa”, porque todas las carpetas de investigación, como la que el ex funcionario dice haber consultado, se inician a partir de un acta de aviso de hechos probablemente delictivos.
Todo eso es contrario, de acuerdo con los expertos, a las afirmaciones que el hoy “imputado” hizo en su conferencia ante los medios, en el sentido de que “en la carpeta de investigación no hay pruebas” en su contra. Y en todo caso, por la etapa en que se encuentra el procedimiento en su contra, eso le correspondería analizarlo y determinarlo al Ministerio Público y no al “imputado”, por lo que lo dicho por Lozoya “es parte de la estrategia de la defensa, la cual hace valer, sin decirlo puntualmente, el principio de presunción de inocencia y las reglas del debido proceso”.
Tras esta dudosa actuación de la PGR, vale la pena preguntar si realmente hay voluntad de la institución y de su jefe orgánico, el Presidente de la República, para que se investigue a fondo qué paso con los sobornos que Odebrecht y sus directivos dicen haber depositado en cuentas de paraísos fiscales a petición de Lozoya.
La respuesta a esa pregunta no es tan complicada y está en el razonamiento que el abogado Javier Coello ha declarado en defensa de su cliente: “Si a Emilio Lozoya le acreditan que él recibió el dinero, está dispuesto a ir a la cárcel si es necesario. Pero no recibió. Ahora, qué fácil es depositar en una cuenta y luego ¿por qué no le dan seguimiento a esa cuenta? Que le den seguimiento. Alguien sacó el dinero, ¿quién lo sacó? No quiero hablar de más”.
Si no permiten que sepamos la verdad sobre ese dinero, sus beneficiarios finales y el acto ilegal que significó, México será el único país del continente en el que, penosamente, la corrupción en vez de castigarse se ocultará y protegerá con el manto de la impunidad.
El reparto de culpas del socavón. En vísperas de la comparecencia ante comisiones del Congreso, donde tendrán que explicar qué hicieron y que no hicieron en la tragedia del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, Gerardo Ruiz Esparza y Graco Ramírez se enfrascaron en un duelo de acusaciones mutuas.
El secretario Ruiz Esparza, en el Informe Sobre los Acontecimientos ocurridos en el Paso Exprés, que envío esta semana a la Comisión Permanente, habla de la responsabilidad de las áreas de Protección Civil del gobierno de Morelos y del gobierno municipal, y sostiene que, según la ley, las autoridades locales pudieron prevenir la tragedia si hubieran ordenado el cierre de la autopista federal en cuánto detectaron la existencia de riesgos para los automovilistas y los pobladores en el km. 93.8.
Ruiz Esparza también cuestiona la actuación del gobierno de Graco Ramírez en el rescate de los dos automovilistas (Juan Mena López y su hijo) que cayeron en el socavón. Recuerda que la coordinación de Protección Civil estatal se hizo presente 10 minutos después del accidente, pero hasta dos horas después hicieron el primer descenso en el socavón, sin equipo necesario y sin intentar el rescate de los dos ocupantes del vehículo. Y señala: “La recuperación de los cuerpos sin vida de las dos víctimas se da 10 horas después del incidente, confirmando la necropsia que la causa del deceso fue por asfixia”, recalca el informe federal.
Al gobernador del Estado de Morelos, agrega Ruiz Esparza, le aviso del accidente el subsecretario de Infraestructura a las 6:15. “Ni en ese momento ni a lo largo de todo el día hubo presencia de funcionarios de los gobiernos estatal y municipal”, sostiene.
Contra lo que sostiene Ruiz Esparza, el mandatario perredista afirma que “desde 2016 tanto los peritos independientes como el gobierno de Morelos advirtieron a la SCT, la necesidad de cambiar ese tubo o hacer un drenaje suficientemente amplio. No es un hecho sorprendente el que provocó la crisis, es el no haber actuado técnicamente responsable como se les pidió proceder. No actuaron por las prisas y por acabar la obra con constructores de dudosa reputación”, sostiene Graco en un comunicado oficial, donde agrega: “Quien decidió el contrato, pagó un sobreprecio, una falla y la presumió en video, fue el secretario Ruiz Esparza”.
Así llegarán a la sede del Senado el próximo martes Ruiz Esparza y el miércoles Graco. ¿A cuál de los dos les creerán los senadores y diputados de la Permanente?
Notas indiscretas… En la “gabinetitis” desatada en Toluca para saber quiénes serán los colaboradores de Alfredo del Mazo, hay un nombre que causará revuelo: el de Roberto Campa Cifrián. Y es que el subsecretario de Gobernación suena para ocupar la Secretaría de Gobierno en la administración mexiquense. Se menciona que Campa prepara ya su salida de Bucareli para incorporarse en un mes al gabinete de Del Mazo ¿Será?... Hablando de gobernadores, el de Sinaloa, Quirino Ordaz, ayer fue nombrado coordinador de la Comisiones de Pesca y Agricultura de la Conago. El nombramiento es interesante porque Sinaloa es el estado líder tanto en producción agrícola (7 de cada 10 tortillas que se comen en México son de maíz sinaloense) y también pesquera. Quirino dijo al tomar posesión de esas comisiones, en compañía del presidente de la Conago, Miguel Angel Mancera, que los gobernadores deben apoyar a los productores nacionales en la renegociación del TLC con EU y Canadá que está en marcha… El priísmo de Durango, en la orfandad desde que perdieron la gubernatura, anda agitado. El CEN de Enrique Ochoa organizó una renovación de la dirigencia estatal y ayer se emitió la convocatoria para el registro de aspirantes. Todo parece armado para que el diputado local, Luis Enrique Benitez Ojeda, sea el nuevo dirigente y hay grupos en el estado que se inconforman y atribuyen la designación al ex gobernador Ismael Hernández Deras. Lo cierto es que Benitez está bien apoyado por la dirigencia nacional y por el líder senatorial Emilio Gamboa, pero antes de su casi segura llegada, el diputado desató polémica por un video de 2010, cuando su pleito a muerte con el gobernador Jorge Herrera Calderas y su hermano Rafael Herrera. En el video se ve a un molesto Benitez cuestionar los métodos de operación de los Herrera; habla de Rafael como “Don Corleone” y acusa que “para ganar las elecciones están comprando a las instituciones electorales. El PRI no necesita de eso para ganar”, dice Enrique Benítez. Ayer, luego de que se difundiera el video, el diputado se comunicó a esta columna para decir que sí es él quien habla, que sí estaba molesto y criticaba los métodos del entonces gobernador priísta de Durango, pero dice que, aunque sus comentarios fueron hechos en ese contexto, él siempre ha sido crítico dentro de su partido y que ahora “quiero dirigir al PRI precisamente para erradicar esas prácticas y limpiar la política en el estado” ¿Podrá?... Los dados cierran con Serpiente. Semana intensa.
