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El viernes pasado, desde Washington, los mexicanos nos enteramos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que el gobierno de Peña Nieto ha pedido a la administración de Donald Trump 8 helicópteros artillados, equipados con misiles y torpedos, con un valor de mil 200 millones de dólares —casi 23 mil millones de pesos— que serían entregados a la Secretaría de Marina “para modernizar sus fuerzas armadas … y mejorar la habilidad de México de enfrentar amenazas actuales y futuras de los sistemas de armas enemigos”.
El contrato para la compra de los helicópteros, del cual el gobierno mexicano no ha proporcionado información ni explicación de cómo se gestionó o quién autorizó una adquisición de tal magnitud, ya fue “aprobado” para su venta por el Departamento de Estado, y sólo falta que el Congreso de Estados Unidos dé su aprobación para concretar la transacción, cuyo monto significaría casi 75% del presupuesto total de la Secretaría de Marina para este 2018, que fue de 31 mil 305 millones de pesos.
La administración Trump argumentó “el aumento de las capacidades marítimas de México y el combate al crimen organizado y el mejoramiento de la seguridad interna de un ‘socio estratégico’, que también beneficia a la seguridad de EU”, para aprobar esa venta de los Helicópteros MH-60R Seahawk, también llamados Romeo y que son los más avanzados para vigilancia marítima, multimisiones y equipados, además de los mísiles Hellfire y Torpedos LTH, con metralletas, radares multimodo y hasta tecnología de guerra antisubmarina.
Según el portal especializado Defensa.com, la compra de las aeronaves navales fue hecha “a petición del gobierno mexicano” y la Armada de México estaría evaluando la compra de los helicópteros para ser embarcados en sus patrullas oceánicas Damen Sigma 10514, que son la nueva generación de Buques con tecnología de punta de la Marina, que están siendo fabricados por astilleros mexicanos y de Países Bajos para comenzar a patrullar las aguas marítimas nacionales “a finales de 2018”, según un video oficial de la Semar.
Falta información oficial detallada, tanto de la Secretaría de Hacienda como de la propia Marina, sobre quién y cómo se autorizó una adquisición multimillonaria de aeronaves equipadas con armamento tan letal y sofisticado. Enterarnos, una vez más, desde Washington y por el gobierno estadounidense de la compra de esos 8 helicópteros artillados y con misiles, cuyo costo equivale a tres cuartas partes el presupuesto total de la Armada, no parece la mejor noticia, justo cuando se debate la Ley de Seguridad Interior en la Corte y ante la inminente firma del TLC.
Tampoco se sabe, en medio de la elección presidencial en curso, si la estrategia de seguridad y de combate al narcotráfico seguirá siendo la misma que la fallida política aplicada en el actual sexenio, que ha disparado los niveles de violencia en toda la República con más de 102 mil asesinatos violentos en lo que va del gobierno de Peña Nieto. Pero parece que a algunas áreas del gobierno les corre prisa por concretar una compra multimillonaria, opaca y poco clara, de armamento tan sofisticado para la Marina.
No está de más recordar el trágico “error” que personal de la Semar cometiera el pasado 24 y 25 de marzo, cuando dispararon desde el aire, con un helicóptero artillado, en contra de una familia de civiles que viajaba en su camioneta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un fuego cruzado “por una emboscada de presuntos integrantes del crimen organizado”. El asesinato de una mujer y dos niñas de 4 y 6 años de edad, por disparos de la aeronave naval, en principio fue negado por la Marina y luego confirmado por un peritaje de la PGR que obligó a la Semar a aceptar la responsabilidad. El caso se agravó ante acusaciones de familiares de las víctimas de que los marinos nunca les prestaron auxilio y huyeron del lugar tras darse cuenta de su “error”, además de que el abogado de la dependencia, Juan Velázquez, acusó a los parientes de “tratar de hacer negocio de la tragedia”.
Sin demeritar el trabajo de los marinos y de las Fuerzas Armadas en general en el combate al narcotráfico —cuya acción no ha estado exenta del abuso de fuerza, ejecuciones extrajudiciales documentadas y probadas y hasta de “daños colaterales” que han costado la vida de civiles inocentes— vale preguntarse: si con un helicóptero normal los marinos asesinaron por “error” a una familia y luego la abandonaron a su suerte, ¿qué podría pasar si esos “errores” se repiten con un helicóptero artillado con misiles y torpedos contra la población civil? Es pregunta.
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