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Mezclada con el fragor de las campañas políticas, emerge una disputa por el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que podría enrarecer aún más el ambiente político. No es una confrontación nueva —lleva 5 años, desde que Elba Esther Gordillo fue encarcelada y depuesta del liderazgo— pero hoy esa guerra se recrudece y se inscribe de lleno en la sucesión presidencial, para convertirse en un violento “choque de trenes” entre dos grupos polarizados del magisterio: los reposicionados gordillistas, bajo el mando de la maestra y del ex secretario seneral, Rafael Ochoa, que tienen pacto con Andrés Manuel López Obrador, igual que la CNTE; y el liderazgo oficial de Juan Díaz de la Torre que mantiene el respaldo del gobierno de Peña Nieto y su alianza con el PRI.
El fallo de un juez federal en Tijuana, el pasado fin de semana, que concedió un amparo a tres maestros del SNTE que impugnaron la validez de la toma de nota de Juan Díaz, como secretario General del Sindicato, realizada el 12 de marzo de 2013, abrió una pugna que comenzó con las distintas interpretaciones del juicio de suspensión: los gordillistas que lo ven como puerta a la “destitución inmediata” de Díaz de la Torre y la creación de “una comisión de maestros” que asuma el liderazgo provisional; y la del ala oficialista que, basada en la explicación del Consejo de la Judicatura Federal, dice que el amparo otorgado “sólo es para los tres maestros reclamantes”, que no invalida el nombramiento del actual presidente del SNTE, que sigue en funciones con facultades plenas, hasta que el Poder Judicial determine si cumplió o no los requisitos para validar su toma de nota.
Ayer, en medio de denuncias de invalidez y desconocimiento de la parte gordillista y de la CNTE, Juan Díaz realizó el Congreso Nacional del SNTE que tenía agendado en Puerto Vallarta, Jalisco, y desde ahí, lanzó una defensa a ultranza de su dirigencia: “El SNTE no volverá a ser patrimonio familiar”, lanzó el líder oficial en clara alusión al grupo de Gordillo, ante 4 mil docentes reunidos en el Centro de Convenciones de Vallarta, a los que dijo que su toma de nota y el Congreso Nacional de 2013 en donde lo nombraron dirigente del magisterio le da la legitimidad en el cargo.
En medio de ese “choque de trenes” por el control del SNTE, los grupos gordillistas y López Obrador revisan ya un “Primer documento” sobre un “Acuerdo para la Transformación de la Educación en México y la Defensa de los Plenos Derechos de los Maestros”, que se pondría en marcha “en la presidencia de López Obrador” y que incluye como primer punto central la cancelación de la Reforma Educativa de Peña Nieto y el fin de las evaluaciones a los maestros.
El documento preliminar, del que esta columna tiene copia, establece 9 “Acuerdos”, entre los que destacan los siguientes: 1. Dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente, que respete derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio y reconozca la carrera magisterial. 3. Eliminar la evaluación punitiva, el cese de persecusiones y amenazas a maestras y maestros (…) No rechazamos ser evaluados pero no con la supuesta evaluación intimidatoria y represiva que viola nuestros derechos laborales. 5. Recontratación inmediata de maestros y maestras cesados por no aceptar la evaluación punitiva. 8. Revivir el Federalismo Educativo y 9. Recuperar el presupuesto educativo que ha mermado con la “falsa reforma”.
Es la guerra por el sindicato más grande y poderoso de América Latina. De un lado el bloque Gordillo-AMLO y del otro el de Díaz-Peña. Y en medio de los trenes, próximos al choque, están los niños, adolescentes y jóvenes del sistema de educación pública, atados justo en medio de las vías.
NOTAS INDISCRETAS…Como si se tratara de una célebre película mexicana, en Oaxaca han empezado a revivir la historia de un “presunto crimen de Antonio Amaro”, el actual subsecretario de la Sedesol con Eviel Pérez Magaña. El protagonismo en la dependencia federal del subse Amaro, hizo recordar a periodistas oaxaqueños que el funcionario federal nunca asumió su responsabilidad legal y penal en el atropellamiento de un niño que murió en 2011 en la Región de la Cuenca, víctima del impacto del vehículo donde viajaba el ex diputado local y en ese entonces coordinador de los delegados del PRI. Por aquellos hechos el hoy subsecretario de Sedesol estuvo amparado con el expediente 775/2011, del 16 de junio de 2011, en el Juzgado Primero de Distrito por delitos “de carácter patrimonial” por los que pagó fianza de 7 mil pesos. Pero de hacerse responsable del menor fallecido nada; dicen en Oaxaca que evadió la responsabilidad, porque supuestamente conducía alcoholizado, y en su lugar uno de sus ayudantes se echó la culpa. Es el guión de “El crimen del subse Amaro”…Los dados mandan Escalera doble. Subimos.
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