El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo interpuesto por América Móvil de Carlos Slim, le otorgó una victoria condicionada, pero victoria al fin, al actor preponderante de la telefonía en México. Con la decisión del pleno de ministros de declarar inconstitucional el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se elimina la “tarifa cero”, sin embargo será el Ifetel el que determine en 2018 si autoriza a Slim a cobrar tarifas a sus competidores o si lo obliga a mantener la “tarifa cero”.
Es decir, que a pesar de que la Corte haya decidido eliminar la “tarifa cero” y que eso, en teoría, podría impactar los costos y los precios de la telefonía celular que pagamos los usuarios, por el momento no ocurrirá, al menos en lo que resta de este año. En ese sentido los ministros optaron por proteger a los usuarios de la telefonía; sin embargo, al ordenar que el Ifetel decida en 2018 si se mantiene la “tarifa cero” o si se le permite a América Móvil cobrar interconexión a partir del próximo año, el impacto a los costos de telefonía final para los clientes aún no está descartado; la Corte le pasó a los comisionados la facultad, pero también la “papa caliente”.
Por eso la victoria de América Móvil fue condicionada, ya que aunque la Corte le da la razón y lo ampara, al mismo tiempo lo obliga a seguir prestando sus redes sin costo a sus competidores en lo que resta de este año. Por otro lado, los ministros rechazaron autorizarle a Slim “cobros retroactivos” por los últimos tres años en que las otras empresas de telefonía utilizaron sus redes de interconexión sin pagarle tarifas.
Ante las fuertes presiones políticas y los enormes intereses económicos que desató este caso, los ministros optaron por una suerte de “decisión salomónica” en la que aplican la constitucionalidad, pero no toman ellos una decisión que claramente puede afectar los millonarios planes de negocio de compañías telefónicas, nacionales y extranjeras, y que también impactará a los consumidores finales.
Eso sí, los ministros le trasladan ahora esa presión a los comisionados del IFT, que ya empezaron a recibir desde ayer exigencias y peticiones de los consorcios de telefonía para que “hagan respetar el sentido de la Reforma de Telecom” y mantengan la “tarifa cero”, argumentando que sus “planes de negocio” e inversiones en México se basaron en ese diseño. La presión también vendrá del otro lado y Slim y su ejército de cabilderos y abogados también buscarán que los comisionados federales ratifiquen el sentido del fallo de la Corte y les autoricen tarifas para cobrar por el uso de sus redes. Y en medio de esas presiones estaremos los 110 millones de usuarios de telefonía e internet mordiéndonos las uñas para saber si en 2018 nos mantienen o nos suben las tarifas del celular. ¿Quién gana y quien pierde la lucha de gigantes de telecom?
NOTAS INDISCRETAS… Gerardo Ruiz Esparza envió ayer un “informe” a la Comisión Permanente del Congreso en el que da su versión y la de la SCT sobre las causas que provocaron la tragedia del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca y la interpretación del peritaje presentado la semana pasada por los expertos independientes. En más de 20 cuartillas, el secretario, cuya renuncia ha pedido la oposición por el hundimiento que causó la muerte de dos personas, da sus explicaciones técnicas y políticas sobre el por qué decidió no renunciar y, dice, “asumí la total responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables, tanto del sector público como del privado, en esta tragedia”. Explica, por ejemplo, que la falta de una bóveda que protegiera el tubo de drenaje que colapsó y provocó el socavón, es atribuible totalmente a las constructoras Aldesa y Epccor, a las que la SCT sí les pidió realizar esa obra, cuya ausencia, según los peritos, fue la principal causante del colapso, aunque también reconoce posibles culpas de funcionarios de la SCT a los que les atribuye toda la responsabilidad, “por la cadena de mando”, de no haber supervisado el trabajo de las constructoras. Al final Ruiz Esparza dice que será la Función Pública la que determine qué sanciones se aplicarán, tanto a las constructoras como a los funcionarios públicos, y cuestiona también la responsabilidad que tuvieron autoridades estatales de Morelos y del municipio donde ocurrió la tragedia, por no limpiar la basura de los cauces y permitir descargas irregulares de drenaje, pero también por la posible negligencia en la tardanza para rescatar a las dos víctimas (Juan Mena López y su hijo) que, dice el secretario, al ser rescatados 10 horas después por las autoridades de Protección Civil del estado, “murieron por asfixia” y no por el impacto de la caída. Esos son los argumentos con los que Ruiz Esparza se defenderá en su comparecencia ante Comisiones del Congreso el próximo martes. ¿Convencerá el secretario a los legisladores?... Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
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