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Todavía resonaban los ecos por la salida sorpresiva de Raúl Cervantes, que puso fin a la ruidosa discusión del #FiscalCarnal y el polémico pase automático, y ayer, desde la agonizante PGR, el encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, dio un manotazo jurídico con repercusiones políticas, al despedir de manera fulminante al fiscal Especializado en Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo. La remoción del fiscal responsable de investigar los delitos electorales, en pleno proceso comicial de 2018, desató una ola de reacciones y rechazo en la opinión pública, que la interpretó como una “burda venganza”, y en los partidos de oposición, que calificaron la medida de “autoritaria”, y anunciaron que buscarán que la mayoría del Senado lo restituya en el cargo.
La pregunta anoche era si se trató de una decisión política o estrictamente jurídica. El fondo político del despido era visto como represalia por la filtración de Santiago Nieto a un diario sobre el contenido de una carta en la que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austín, lo amenazó y le exigió “disculpas públicas” por investigar un presunto financiamiento al PRI en el caso de los sobornos de Odebrecht; mientras que ese mismo hecho, sin mencionarlo claramente, fue la justificación jurídica esgrimida por el encargado de despacho, Elías Beltrán, quien dijo que al hacer público el contenido de documentos que forman parte de una averiguación en curso, como la que seguía la Fepade en el caso Odebretch, se violó “el debido proceso” y el “código de conducta” de la PGR.
Depende de cómo se le vea, este despido ya abrió un conflicto político, al tomarlo el PAN como una nueva causa y una decisión atribuida al gobierno federal que abona a la impunidad en el caso Odebretch y de personajes como Emilio Lozoya. Aunque Nieto de origen era más cercano al senador Miguel Barbosa, en su designación y actuación como fiscal se le ligó más con Acción Nacional. Los panistas eran anoche el partido que más defendía la actuación de Santiago Nieto y anunciaba que ejercerá la facultad de “objeción” que el artículo 102 constitucional le da al Senado en caso de que el procurador destituya al fiscal, mientras que Barbosa, desligándose prácticamente de Nieto Castillo, decía en un comunicado que “el fiscal pudo haber incurrido en una falta en su desempeño al revelar el contenido de un documento parte de una investigación a su cargo”, aunque también veía un trasfondo político, un intento de “impunidad para Emilio Lozoya”.
Fiscal incómodo. Aunque desde la óptica oficial no hay duda del fundamento legal para despedir al titular de la Fepade, lo cierto es que para el PRI y Los Pinos, Nieto siempre fue un “fiscal incómodo”. En sus actuaciones se le veía “más allá de su función imparcial” y desde hace tiempo se habría buscado una coyuntura o un error suyo para justificar su remoción. Incluso hay quien afirma que el propio Raúl Cervantes, antes de su renuncia voluntaria u obligada, ya había buscado hacer esta remoción, aunque al final fue su subalterno y sustituto a quien le tocó ejecutarla en la actual coyuntura.
En ese sentido, el resbalón legal que tuvo el fiscal, al haber revelado las presiones de Lozoya, en una carta que era parte de las indagatorias oficiales de la Fepade, fue aprovechado rápidamente por el gobierno y ejecutado por el encargado del despacho de la PGR. Y ahí entra la duda: al decidir el cese sólo se buscó sancionar una violación al “debido proceso”, como argumentó Elías Beltrán, o también influyó la gran cercanía que el ex titular de Pemex tiene con el presidente Peña y la aparente protección que se le ha dado en toda la investigación de los sobornos del caso Odebrecht.
¿Lo puede restituir el Senado? La batalla que se viene en el Senado, para intentar restituir en el cargo a Santiago Nieto Castillo, por parte de las bancadas del Frente Ciudadano por México, PAN, PRD y MC, en contra de la posición defensiva del cese que tomara el PRI —con la posición aún indefinida de Morena y PT— dependerá primero de que pueda formarse una mayoría calificada de “dos terceras partes de los senadores presentes”, según establece la ley, en un plazo de 10 días hábiles para objetar esa remoción.
La objeción de los senadores es meramente política, no existe una razón jurídica para votar a favor o en contra de la objeción. Por eso, más que discutir, como anoche lo hacían equivocadamente los panistas con el artículo 102, que habla del fiscal general de la República, una figura que aún no existe porque no se ha aprobado la Ley que creará ese cargo, el único argumento constitucional que podría tener Santiago Nieto a su favor es una interpretación literal del artículo 17 Transitorio de la Ley de la Fiscalía, en el que supuestamente se basó el subprocurador Elías Beltrán para despedirlo. Ese artículo dice, textual, que “el procuador puede remover al titular de la fiscalía (especializada de Delitos Electorales)”. Es decir que, Nieto únicamente podía ser removido “por el procurador general de la República” y no por quien es titular en funciones, como fue el caso de Elías Beltrán.
Hay incluso alguna interpretación de la Corte en el sentido literal, señalando que las veces que la Constitución se refiere al procurador es para confiar funciones a ese funcionario, y no pueden ser ejercidas en su representación o en suplencia por ausencia. Ese podría ser la vía legal para desconocer la remoción del fiscal de delitos electorales, más allá de la discusión de si la decisión fue política o jurídica. Para acabar pronto, fue una remoción claramente política, con fundamentos jurídicos.
En todo caso, el tema Nieto y su remoción y posible restitución se inscribe claramente en la guerra política que ya libran el PAN-Frente Ciudadano con el PRI-Los Pinos, y la batalla claramente es por ver cuál de las dos fuerzas se queda con el segundo lugar en la carrera presidencial y desde ahí busca desbancar al puntero López Obrador. Mucho de lo que veamos de aquí en adelante en materia política se explicará por esa lucha cada vez más cruenta y sin miramientos.
Simulación y “métodos” democráticos. Por cierto, tanto que se critican y se dicen distintos, y ayer el PRI y el PAN hicieron prácticamente lo mismo. Convocaron a reuniones de sus órganos internos, el Consejo Político Nacional en el caso de los priístas, y la Comisión Permantente de los panistas, para aprobar sus métodos de elección de candidatos para las elecciones de 2018. Y en ambos casos, si bien para diputados, senadores y hasta gobernadores, se les puede creer que el método aprobado será el que se aplique, en el caso del candidato presidencial, tanto tricolor como blanquiazul, los mecanismos aprobados son pura simulación para “cubrir las formas”.
Porque en el PRI, la Convención de Delegados que pomposamente anunciaron ayer como un “método democrático”, que elegirá al candidato presidencial supuestamente con el voto de 37 mil priístas que acudirán a un conclave con fecha y lugar aún por definir, es tan sólo la forma de darle “legalidad estatutaria” a una decisión que todos saben, dentro y fuera del viejo partido, no se tomará en esa Convención, sino previamente en Los Pinos.
Y será, sí, un bonito ejercicio, vistoso y colorido, con urnas muy bien acomodadas, boletas bien impresas y hasta casillas para votar en secreto; pero detrás de toda esa parafernalia priísta, que además se pagará con cargo al dinero de los contribuyentes, habrá un nombre que ya esté definido previamente y un candidato que ya habrá sido elegido por el “gran dedo elector” del presidente Peña Nieto, y que, oh sorpresa, será el mismo que gane la “votación libre y secreta” de los delegados priístas.
Algo similar ocurrirá con el PAN. Anoche aprobaron, no menos pomposamente, que según sus estatutos, el candidato presidencial sea electo por la militancia. “Por unanimidad votamos porque el método de elección del candidato a la Presidencia de la República, sea el método ordinario que establecen los estatutos, que quiere decir: que los militantes de Acción Nacional serán los que definan”.
Así, con grandilocuencia, los panistas hablaron de un “método de elección abierto”, pero acto seguido, vino la simulación. “Esto aplica sólo para el caso de que no se logre un convenio de coalición, pero si se logra un convenio de coalición, como el que estamos impulsando, entonces ya no es aplicable el método de selección abierto, el método de selección será el que definan las tres fuerzas políticas”.
O sea que lo de ayer nomás fue un mero trámite porque en realidad el candidato presidencial del PAN, que es casi seguro que será el mismo del Frente, se definirá como digan los tres partidos que forman esa coalición y, hasta donde se sabe, los mismos panistas han dejado claro, en voz de Diego Fernández de Cevallos, interlocutor de Ricardo Anaya, que “el candidato presidencial del Frente lo pone el PAN”, lo cual quiere decir que, hasta este momento —y si no se cae dicho Frente y no revienta el dirigente de Acción Nacional— ese candidato ya tiene nombre y apellidos: Ricardo Anaya Cortés.
Así que cuando se trata del deporte nacional de la simulación y de aparentar ser “democráticos”, como en el Cambalache de Santos Discépolo, todos le entran por igual y son lo mismo los azules que los tricolores, los amarillos o los morenos. “Vivimos revolcaos en un merengue, y en un mismo lodo, todos manoseados”.
