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Tuvo que venir una tragedia tan dolorosa como la del sismo del 19 S para que los partidos políticos aceptaran iniciativas y reformas políticas y democráticas que desde hace años demandaba la sociedad y que ellos mismos se encargaban de obstaculizar y desechar una y otra vez a través de sus bancadas en el Congreso. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se pidió y se propuso que disminuyeran o eliminaran a los diputados y senadores plurinominales como una forma de ahorrar recursos y evitar una figura que, si bien tuvo como origen la apertura del sistema y la representación de minorías en el Congreso, terminó pervertida y utilizada como “listas de cuates” y refugio de políticos chapulines que se eternizaron en los cargos legislativos?
¿En cuántas ocasiones y de cuántas maneras se les pidió a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral disminuir su presupuestos excesivos y onerosos y bajar el costo de una democracia cada vez más cara e ineficiente y al mismo tiempo menos representativa de las demandas y necesidades ciudadanas? ¿Por cuánto tiempo se demandó eliminar privilegios de la clase política, especialmente en el Congreso y en los poderes Ejecutivo y Judicial, como los seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario, los autos y camionetas de lujo, los gastos de representación o de telefonía celular y hasta los bonos y compensaciones extralegales? ¿Hace cuánto que se exige disminuir el gasto en publicidad y propaganda gubernamental que, en cada sexenio y en cada administración se incrementa y que en el sexenio de Peña Nieto ha llegado a significar 34 mil millones de pesos tan sólo en sus primeros cuatro años de gobierno?
Todas esas iniciativas o acciones exigidas desde hace varios años por la sociedad civil a los partidos y al Congreso, se han convertido ahora en repentinas “banderas políticas” de las que los dirigentes partidistas se disputan su paternidad en un intento burdo y desesperado por ganar simpatías en medio de la emergencia que vive el país por los recientes sismos. Fue en nombre de los damnificados y de los cientos de muertos que dejó este desastre, que Andrés Manuel López Obrador propuso el 14 de septiembre “destinar 20% de los recursos de campaña de 2018 de su partido para los damnificados del sismo de Oaxaca y Chiapas”; fue por esos mismos afectados y víctimas que después el INE les propondría lo mismo a todos los partidos e intentaría llegar a un acuerdo para que “renunciarán” a una parte de esos recursos; y fue en esa ambición demagógica de ganar el protagonismo que luego Enrique Ochoa ofreciera a nombre del PRI el 25% de sus recursos públicos; y como el Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-MC) no se quiso dejar, pidió, también en nombre de los damnificados y los difuntos, que se eliminará el 100% del financiamiento a los partidos en 2018 y se entregara a las labores de reconstrucción.
Milagrosamente y más en un afán de protagonismo que de atender los reclamos ciudadanos que por décadas despreciaron, todos los partidos comenzaron a competir en propuestas cada vez más “democráticas” y hasta radicales: si el Frente pedía eliminar los seguros de gastos médicos a congresistas y funcionarios públicos o disminuir el gasto en publicidad de Los Pinos, el PRI contratacaba con la eliminación de 200 diputados plurinominales y de 64 senadores de representación proporcional, algo que siempre obstaculizaron los priístas. Si López Obrador anunciaba la creación de un Fideicomiso al que le depositaban 103 millones de aportaciones de sus diputados y senadores, además de 50% de su financiamiento público, Enrique Ochoa iba al INE y entregaba una carta pidiendo que les descontaran 258 millones de financiamiento de este año y además mandaba una iniciativa al Congreso para eliminar el 100% del financiamiento público a los partidos políticos en pleno año de elecciones presidenciales de 2018.
Y así, hoy todos los partidos y sus dirigentes —hasta los que por antonomasia y genética son autoritarios y antidemocráticos— son “demócratas radicales y a ultranza”; no quieren más pluris, no quieren dinero de los contribuyentes y hasta prometen que son capaces de ir a atenderse al IMSS o al ISSSTE en caso de enfermedad y, si deciden ir a un hospital privado, ofrecen pagar de su bolsillo. Habrase visto tal nivel de demagogia e hipocresía en el nombre de los muertos y de los damnificados de los trágicos sismos. ¿De veras van a dejar avanzar sus propuestas, que muchos ciudadanos les aplaudirían y otros especialistas advierten como “graves riesgos de privatización de la democracia”? ¿O estaremos sólo ante un blofeo y un vil engaño de los mismos partidos y políticos antidemocráticos y anticiudadanos de siempre que, pretextando la “falta de consensos”, la “falta de tiempo” o hasta “la falta de mayorías”, terminarán dejando todo como está una vez que pase el dolor y la tragedia?
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