Días antes de anunciar, el 21 de mayo, una alianza electoral para el 2018 al lado del dirigente del PAN, Ricardo Anaya, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, se reunió en privado con un grupo de intelectuales a los que propuso construir un grupo plural de personalidades con visión moderna de la izquierda, que representara un contrapeso al modelo unipersonal de Morena y su líder, Andrés Manuel López Obrador.
El encuentro, desarrollado en un salón privado del restaurante de comida francesa “Arturo’s”, en la Condesa, perseguía expresamente no dar argumentos a López Obrador para desautorizar a un bloque que incluyera lo mismo a viejos compañeros de brega como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, junto con escritores y académicos progresistas.
En sólo unos días, al domingo siguiente de aquella reunión, la señora Barrales había desechado esta idea y proclamó el pacto con Anaya. Como preveían, unas horas después el tabasqueño los tildó de “lambiscones y paleros de la mafia del poder”. (eluni.mx/2w3LXOH)
Esa alianza PAN-PRD —con la suma de Movimiento Ciudadano— fue registrada atropelladamente ante las autoridades electorales y se ha empezado a expresar en un bloque legislativo que, de preservarse y atraer resultados, marcaría el precedente más importante en 20 años, desde que en 1997 la oposición tuvo mayoría por vez primera en la Cámara de Diputados.
Pero el “Frente Ciudadano por México” —al que se trepó el Panal, un satélite del PRI virtualmente sin presencia parlamentaria— deberá resolver varios enigmas antes de que se le pueda tomar en serio. En el breve lapso de los dos próximos meses tendrá que acordar su candidatura para la Presidencia de la República, concurrir a votaciones críticas en el Congreso, en particular del Presupuesto federal para el próximo año, y demostrar que su razón de ser no fue constituir un bloque anti-AMLO para servir al oficialismo priísta.
Por lo que toca a San Lázaro, el Frente mandó a imprimir carteles con la palabra “PRIMOR”, con los que buscaban denunciar en días pasados un acuerdo entre el PRI y Morena para colocar al controvertido diputado tricolor Jorge Carlos Ramírez Marín como presidente de la cámara baja. Ello no ocurrió, y el PRI debió adelantar su anuencia para retirar el “pase automático” del fiscal general a cambio de que su representante pudiera asumir. Los carteles seguirán aguardando otra oportunidad de ser exhibidos.
PAN y PRD han difundido una veintena de temas como su agenda de trabajo para el actual periodo de sesiones; algunos de ellos, banderas arrebatadas a Morena, como la supresión del fuero, o reclamos incluso de priístas, como reducir el precio de las gasolinas, planteada por la ex secretaria general del tricolor, Ivonne Ortega, quien ayer denunció ante el tribunal electoral violación a sus derechos porque los diputados, precisamente, se niegan a debatir su iniciativa en la materia.
El Frente tendría que ir mucho más allá si en verdad busca marcar la diferencia. Y la oportunidad la tiene a la vista: las leyes de Ingresos y Egresos que integrarán el presupuesto federal 2018, que en los últimos años ha impuesto sucesivos recortes al gasto en salud, ciencia, protección a víctimas y otros de gran impacto social.
En su agenda, el Frente reclama reparto equitativo de fondos para estados y municipios gobernados por la oposición con aquellos a cargo de mandatarios priístas. Ello no parece muy radical, pero aún así ha encontrado resistencias. De los gobernadores panistas y perredistas, que ven en la reducción del impuesto a hidrocarburos, y en el Frente mismo el riesgo de congelamiento de apoyos especiales a sus estados.
Otros muy preocupados son los propios diputados “frentistas”, a los que el PRI está advirtiendo que no les permitirá acceder a las partidas presupuestales que de manera perversa, son cedidas a cada legislador —entre 50 y 300 millones de pesos, según su rango— para entregarlas discrecionalmente para obras municipales y regionales en sus distritos. Asignaciones sobre las cuales los señores representantes populares cobran un “moche” de entre 10% y 15%.
Pero el verdadero enigma sobre el Frente es si podrá acordar sin fracturarse una candidatura presidencial para el 2018. El PAN pondrá en la mesa sus poco más de 20 puntos de intención del voto ciudadano, mientras que el PRD aportaría un menguante 6-8%, lo que inclinaría la decisión en favor de un aspirante de Acción Nacional, que desde luego Ricardo Anaya espera ser él mismo. Ello reduciría a una anécdota las aspiraciones de Miguel Ángel Mancera, hasta ahora precandidato presidencial perredista.
El premio de consolación del PRD sería colocar candidato del Frente para la elección en la ciudad de México, donde Morena amaga con arrasar con Claudia Sheinbaum. La señora Alejandra Barrales confía en ocupar ese espacio, por lo que los arquitectos formales del Frente resultarían ser sus inmediatos beneficiarios.
Hay algo en tal escenario que podría desencantar a muchos, en uno y otro partido. La mejor de todo es que esto será una historia de pronto desenlace. No vivirá mucho quien no lo vea.
