El reclamo de disminuir el gasto en las campañas electorales y canalizar el ahorro a la reconstrucción impuesta por los desastres naturales de septiembre, suma ya casi dos millones de firmas en change.org, una de las cifras más altas registradas en la historia de esa herramienta cibernética. Ello pone en números duros un repudio que viene de lejos contra los políticos, la política y el sistema de representación en México.
Sin embargo, la respuesta que la demanda de un cambio ha merecido por parte de los partidos políticos y de las instituciones directamente ligadas —el Congreso y el Instituto Nacional Electoral— ha sido tardía, mediocre e hipócrita.
Adicionalmente, se corre el riesgo de extraviar el eje nodal de la discusión. En el proceso 2018 que ya inició, los partidos recibirán 6 mil 700 millones de pesos, y el clamor es que renuncien a por al menos 20% —unos mil 340 millones. Pero el total de sus prerrogativas será apenas la tercera parte de los 25 mil millones que ha pedido el INE, dominado por una burocracia dorada que preside Lorenzo Córdova, quien en la más pura cultura de la secrecía política, de espaldas a la sociedad, difundió el viernes, en un video, un vacuo mensaje en el que refirió “reuniones” con partidos, “apertura” a propuestas y “consultas” con autoridades hacendarias.
Si más allá del tema electoral el reclamo ciudadano desea tener más hondura, podría acercar la lupa hacia varias cifras del proyecto del presupuesto federal que ya se discute en el Congreso. No sería difícil encontrar los 30 mil millones que se estima es la bolsa que los diputados de todos los partidos se reservan para asignaciones discrecionales, sólo parte de los moches detectados desde hace años, pero que ahí siguen. No está aún en la discusión tampoco la urgencia de quitar opacidad al fondo que atiende desastres, el Fonden, de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá cerca de 20 mil millones, la mitad de ellos gracias a bonos o seguros contratados ante el riesgo de daños extraordinarios por temblores o huracanes, como ocurrió.
En el lado oscuro de esta agenda y bajo una creciente presión pública, los principales partidos y el INE han tenido en los días recientes planteamientos que parecen orientados a una simulación concertada, donde uno encubre al otro y todos sugieren cambios que al final no cambiarán nada.
Si el debate para disminuir el gasto electoral no logra concretarse en lo inmediato, estaremos ante un fenómeno similar al surgido en torno a “Frida”, la historia de una colegiala que nunca existió, pero cuyo fantasma —construido por autoridades apoyadas en una manipulada cobertura mediática— trajo esperanzas en los primeros días del desastre, posponiendo preguntas y reclamos en los momentos más delicados.
La nueva “Frida” que se nos ofrece son las propuestas de los partidos para “donar” parte de las prerrogativas que obtienen por ley y que se integran mediante recursos públicos. Es deseable que no nos dejemos engañar nuevamente.
Dentro de un lamentable ciclo de propuestas, los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya; del PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, conquistaron la postura más ridícula, al proponer —blandiendo incluso un documento que supuestamente encerraba una iniciativa de reforma— suprimir todo el financiamiento del Estado a los partidos, lo que exigiría una reforma constitucional que no pueden garantizar por ser minoría en el Congreso, y que por ley, ni siquiera es viable presentar una vez arrancado el proceso electoral en el que ya estamos. Dicho en castellano, este planteamiento es una farsa.
La dirigencia del PRI, que encabeza Enrique Ochoa, y de Morena, con Andrés Manuel López Obrador, aportaron su dosis de confusión y disimulo al hablar de que “cederían” montos diversos de sus prerrogativas, para “donarlas” a favor de los gastos de reconstrucción. Al menos López Obrador tomó la oportunidad al anunciar que consultaría con su partido alternativas en este campo. El grupo de senadores “rebeldes” del PAN que encabeza Roberto Gil Zuarth, propuso que el Congreso emita una “declaratoria de emergencia” que inhiba el otorgamiento de dineros a los partidos, lo que se antoja de una extrema complejidad.
Como ha establecido claramente José Roldán Xopa, (https://joseroldanxopa.wordpress.com/2017/09/21/el-financiamiento-a-partidos-y-los-recursos-para-la-reconstruccion-la-constitucion-como-compromiso/) uno de los juristas más respetados del país, lo que los partidos deben hacer es renunciar a una parte sustantiva de los recursos que les otorgamos los mexicanos para sus actividades, pues la ley ya prevé que los remanentes de los gastos asignados sean reembolsados al INE y por su conducto, a la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con Roldán Xopa, las prerrogativas son un privilegio. Su uso no puede efectivamente, ser destinado a un fin que no prevea la ley electoral. Pero los partidos pueden renunciar parcial o totalmente a ese privilegio, incluso antes de recibirlo.
Por esa vía habría que esperar que caminaran ellos. ¿Y los demás?
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