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Bajo el viejo método del “descontón”, que provoca sorpresa y otorga una ventaja que puede ser decisiva, la administración Peña Nieto cesó al fiscal electoral de la PGR, Santiago Nieto, para forzar en su favor el impasse que tiene atorado al Senado en la definición sobre los fiscales general y anticorrupción.
Los Pinos busca tomar ventaja del momento confuso que vive el bloque opositor en la cámara alta, donde mañana miércoles se podría votar un veto al súbito despido de Nieto. Ahora se confirma que él se había constituido en un fiscal excesivamente incómodo para el oficialismo en el incendiario caso de Odebrecht y sus posibles nexos con las campañas del PRI en el 2012.
A la manera de un jugador de póker, el gobierno reclama nueva baraja. Y como manzana envenenada pone en manos del Senado no dos nombramientos clave, sino tres: el fiscal general, el anticorrupción y el electoral.
Con ello se coloca en la picota al titular interino de la PGR, Alberto Elías Beltrán, un hombre de paja que no tiene capital político alguno qué perder, y se gana un preciado tiempo para emprender acción penal con daños controlados en el tema Odebrecht. Ahí el pez mayor y único ha sido seleccionado desde hace tiempo: Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex e integrante de la burocracia dorada.
Esta ruta puede resultarle exitosa al gobierno, pero para ello deberá recorrer un camino lleno de hoyancos. Un error de cálculo lo llevaría al precipicio, sea por un veto en el Senado en favor de Santiago Nieto, sea porque un juez lo ampare. O porque al final resulten alineadas las condiciones para que actores independientes ocupen las vacantes.
Ernesto Cordero, presidente del Senado, anunció ayer que se pedirá comparecer al defenestrado fiscal Nieto, pero también al citado Elías Beltrán, el subprocurador jurídico de PGR encargado del despacho. Será interesante si Cordero logra imponer esas comparecencias, pues hasta ahora ha poseído una muy estrecha base de apoyo político, que no incluye a la mayor parte de la fracción de su partido, el PAN.
El señor Elías Beltrán declaró haber basado en un “Código de Conducta” su decisión de cesar al fiscal Nieto Castillo, pero no hay tal código en la ley orgánica de la institución. De acuerdo con expertos consultados al respecto, en este caso existieron omisiones claras al analizar las supuestas infracciones del ex titular de FEPADE. Este cargo tiene un rango de subprocurador, por lo que su titular sólo puede ser cesado por un superior; es decir, el procurador, en cuya mano está el aplicar un despido sin explicación alguna, de acuerdo con el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional del 2014.
La duda central es si un subprocurador jurídico encargado de despacho, que no ha sido ratificado por el Senado, tiene autoridad legal para cesar a un funcionario que sí fue avalado por la cámara alta, y al que no respetó ni siquiera en su derecho de audiencia. Si resuelve que no, el Senado deberá revertir la decisión, pero lo puede hacer también un juez federal. Ambos escenarios convertirían en una pesadilla para el gobierno y el PRI la estrategia que han definido.
Una referencia obligada como se lo compartí el domingo, es lo ocurrido en 2015 con el propio Santiago Nieto, quien en noviembre de ese año confirmó en declaraciones periodísticas que se había solicitado a un juez proceder penalmente contra el entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar.
Tras conocer detalles de la indagatoria respectiva, le puedo informar que la misma concluyó que el entonces fiscal electoral no había cometido delito alguno que ameritara cárcel, y que si bien su hecho afectaba la presunción de inocencia de Escobar, ello no había “corrompido” el caso, en los términos que prevé la ley. La resolución, que incluyó declaraciones del imputado, dejó en manos de la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, una posible sanción administrativa contra Nieto, en la forma de una amonestación o una suspensión de 15 días. Preocupada por irritar al Senado del que ella misma había formado parte, la procuradora no emprendió acción alguna.
El tema le ha estallado en la cara a un Senado que luce frágil y enajenado, con líderes sin legitimidad política, lo que incluye al coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa, y su inclinación por protagonizar escándalos a bordo de helicópteros.
Los partidos representados en la cámara alta velaban armas ayer ante una posible votación en esta crisis. Si se sumaban los votos de PAN (37), PT (16), PRD (8) e independientes, se alcanzarían 65, contra los del PRI (56), PVEM (6) y un independiente, para tener 63. Cifras que por la fuerza de las traiciones en las filas opositoras, a la hora final pueden valer menos que el papel en el que estén escritas. Por ello es importante que todos estemos atentos.
rockroberto@gmail.com
