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La Procuraduría General de la República entró en un virtual proceso de liquidación con la renuncia ayer de Raúl Cervantes, que este espacio le anticipó en la víspera. Quizá nadie vierta una lágrima por esa institución desmantelada, agotada y corrompida. Pero las semanas o meses que tarde en ser designado el nuevo fiscal, la atribulada justicia mexicana encarará nuevos peligros.
Las asechanzas provendrán tanto de una rebatinga en la PGR por inexperiencia de sus nuevos mandos interinos, como de una confección apresurada de la nueva fiscalía, en la que sean “clonados” los viejos vicios, como pretende una propuesta que avanza ya en el Congreso.
Le comparto apenas dos estampas de lo que esa “herencia” significa:
La primera. En los meses finales del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), hasta su escritorio llegó un demoledor expediente sobre las ligas de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, con el narcotráfico. La información fue confeccionada por la DEA y entregada a la entonces procuradora, Marisela Morales.
De acuerdo con fuentes del gobierno norteamericano, el reporte demostraba que durante su administración (1994-2005), Yarrington no fue beneficiario de la mafia de Los Zetas, sino que se puso al frente de la misma. “Para nosotros, el señor Yarrington era el auténtico ‘Zeta Uno’”, dijo la fuente consultada. La DEA pedía con ese reporte que México indagara las finanzas del ex mandatario tamaulipeco.
Tras meses de contactos y evasivas, sus interlocutores confesaron que el SAT mexicano se hallaba en manos del PRI y se negaba a proporcionar información al gobierno, de extracción panista. Tras manifestar dura contrariedad, Washington respondió que asumía en solitario la cacería de Yarrington, detenido desde abril en Italia y ahora a punto de ser entregado, presumiblemente a la justicia norteamericana.
La segunda. Apenas el año pasado, en las primeras semanas de la gestión del ahora dimitido procurador Cervantes Andrade, hubo evidencias de que funcionarios de la PGR gestionaron ante jueces un inusitado incautamiento de cuentas bancarias sospechosas de lavado de dinero, que luego fue levantado sin explicación. Se presume que con ello se obtuvieron sobornos de decenas, quizá cientos de millones de pesos.
Estos son apenas dos botones de muestra sobre la ropa sucia que alberga la PGR. La nueva fiscalía que se busca impulsar debería partir de bases sanas, pero en la Cámara de Diputados ya se aprobó una propuesta de ley reglamentaria que entre otras aberraciones, prevé que el primer fiscal reciba a todo el personal actual de la Procuraduría, que seguramente lo engullirá como lo hizo con los procuradores.
No es mucho lo que se puede esperar del relevo interino de Cervantes, Alberto Elías Beltrán. Se trata de un modesto integrante en un compacto equipo que fue consolidado por Eduardo Medina Mora, actual ministro de la Corte, durante su gestión como titular de la PGR (2006-2009), en el que descolló entre otros, Alberto Bazbaz, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y ex procurador de Justicia en el Estado de México, donde fue relevado en 2010 (escándalo Paulette de por medio) por Alfredo Castillo.
Otro destacado miembro de ese equipo es Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de la Presidencia y un personaje ubicuo en toda esta historia. No sobra recordar que Castillejos, Castillo y Cervantes Andrade son primos. Elías Beltrán ha tenido siempre el rol de subordinado en ese grupo.
Esa virtual cofradía de abogados-políticos ha coincidido en varias instancias, lo mismo en la Procuraduría mexiquense que en la de ciudad de México cuando su titular fue Rodolfo Félix, o en la Procuraduría Fiscal, con Javier Laynez, cuyo arribo a la Corte también acompañaron.
A la llegada de Raúl Cervantes a la PGR se consideró natural que ese equipo se repartiera posiciones clave, ente ellas la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales, formalmente la más importante de la institución, que le fue asignada a Elías Beltrán. Pero también la SEIDO, la que combate delitos de delincuencia organizada, donde fue colocado Alonso Israel Lira Salas, otro ex subordinado de Bazbaz en Hacienda.
APUNTES:
En la batalla por demoler la opacidad, pocos han tenido mejores credenciales de leñador que Juan Pardinas, quien forjó el IMCO y ha sido impulsor de iniciativas valiosas desde la ciudadanía organizada. El domingo en su espacio de Reforma desautorizó los señalamientos publicados por EL UNIVERSAL sobre el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, calificándolos de “enciclopedia de la difamación”. Más allá de los razonamientos de Pardinas, su texto lo hace meter las manos al fuego por el señor Anaya, cuyo desprestigio no se deriva de notas periodísticas sino de sus hechos: políticos, personales y patrimoniales. “Para disipar un potencial conflicto de interés”, como él escribió, sería importante que Pardinas explicara su relación con Anaya, y aclare si ahora debemos esperar de él que use su respetada plataforma de la sociedad civil para defender a políticos cuestionados. rockroberto@gmail.com
