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Tal vez como nunca este país tiene la oportunidad y también la obligación de reconstruirse.
En lo físico, hablamos de unos tres mil edificios dañados en la Ciudad de México y tal vez diez mil viviendas en Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla. A ver: como han dicho nuestros grandes científicos, la mitad de nuestro mapa no sólo es propenso a los sismos, sino que es territorio de alta sismicidad. Y la Ciudad de México en el 57, en el 85 y ahora en 2017 es la prueba sobreviviente de que ha temblado y seguirá temblando cíclicamente.
Por eso, después del sacudimiento terrible del pasado 19 de septiembre ahora empieza una etapa mucho menos notoria pero más notable. Seamos realistas: los más de 300 muertos dolieron profundamente. Pero los miles que perdieron sus techos, su patrimonio y los objetos entrañables de toda la vida deberían seguirnos doliendo a todos. Por eso es imperativo un compromiso único para garantizar una reconstrucción rápida, eficiente, justa, transparente y por supuesto antisísmica.
Por lo pronto los partidos y la repudiada clase política intentan lavarse la cara con la devolución de la totalidad o buena parte de los millones de pesos que reciben vía el INE en beneficio de los damnificados. Lo que ha generado ya un intenso debate sobre la paternidad de la iniciativa y todo tipo de suspicacias sobre los porcentajes y sus efectos en las elecciones de 2018. Por ejemplo: el PRI propone regresar 100% de su financiamiento en lo que resta de este año —equivalente a 258 millones— pero de inmediato surge la sospecha de que el actual gobierno federal priísta lo compensaría por otras vías; además de que una medida así fue originalmente propuesta por López Obrador y su partido Morena recién llegado a la contienda.
En el otro extremo, el INE actúa como empleado de ventanilla o en el mejor de los casos como Oficialía de Partes, esgrimiendo que el plazo legal del proceso ya empezó desde antes de los terremotos. Incluso el argumento de algunos de sus consejeros de que se corre el riesgo de “privatizar el proceso” es francamente ridículo y hasta cínico. Se olvidan de que se trata de dineros públicos provenientes del bolsillo de todos los mexicanos a través de impuestos. Y que este esquema ha sido un fracaso histórico. Porque nada ha impedido que todos los partidos —sin excepción— hagan sus célebres pases de charola entre los picudos durante opíparas cenas discretas e indiscretas. O que los chorros de dinero del crimen organizado fluyan a partidos y campañas para imponer a sus candidatos a alcaldes, diputados y hasta gobernadores.
Ojo: para mí lo sustancial es que la gran lección de solidaridad humanitaria que nos dan los miles de voluntarios se traduzca en una auténtica solidaridad institucional:
—Que todos los partidos junto con el INE anuncien una renuncia porcentual pareja a los millones que les aportamos todos los mexicanos para su operación, sus sueldazos y sus campañas.
—Y que los tres niveles de gobiernos afectados nos digan cuál será el costo de la reconstrucción —se habla de 20 mil millones de pesos— y que esos recursos saldrán de rubros prescindibles: el gasto escandaloso de los gobiernos, la caja negra del ramo 23 y el dinero que se han robado los gobernadores de todos los partidos. Para empezar.
Periodista.
ddn_rocha@hotmail.com
