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El presidente Enrique Peña Nieto afirma que el reclamo del gobernador Javier Corral Jurado “parece más un acto político.” Enrique Ochoa Reza, dirigente del PRI, dice que son mentiras destinadas a levantar la campaña del PAN. José Antonio Meade y Aurelio Nuño van más lejos y agregan que el gobernador de Chihuahua recurre a la tortura para incidir en la contienda electoral.
No importa dónde se esté parado, si en el bando del gobierno federal o en el palco de la oposición, es obvio que el affaire Chihuahua es un asunto esencialmente político. Es político si, en efecto, el gobierno encabezado por César Duarte creó empresas fantasma para robarse dinero del erario público. También lo es si ese dinero se utilizó para financiar campañas. Es fundamentalmente política la exigencia para que el gobierno federal solicite la extradición de César Duarte y también que la SHCP haya retenido recursos por argumentos relacionados con una investigación sobre actos de corrupción.
Así que, Enrique Peña Nieto lleva verdad al decir que todo esto es un acto político, porque sería imposible que no lo fuera. Sin embargo, la cuestión no es dilucidar si un político hace política, sino si miente; o, en caso contrario, si, haciendo también política, son sus detractores quienes abrazan la falsedad.
Asegura el gobierno de Chihuahua que se le está otorgando un trato diferenciado con respecto a las transferencias que los estados reciben de la Federación. En revancha, el presidente Peña afirma que su gobierno apoya por igual a todas las entidades, sin importar su origen partidario.
El Presidente está en lo correcto cuando habla de las aportaciones o participaciones clasificadas dentro de los ramos 28 y 33 del presupuesto de la Federación. Sin embargo, no la tiene a propósito de los fondos provenientes del ramo 23.
La denuncia que desde el primer día ha realizado el gobierno de Chihuahua sólo se refiere al ramo 23 y por eso exige puntualmente los 780 millones que la SHCP decidió negar.
En entrevista con Denise Maerker, el subsecretario Miguel Messmacher explicó las razones por las que su Hacienda optó por retener ese preciso dinero: “No se los vamos a dar porque están haciendo una investigación de un depósito hecho a través de un convenio similar que ha llevado a cuestionamientos sobre corrupción”.
A confesión de parte relevo de prueba: hay un dinero que Hacienda no transfirió y la razón es que el gobierno de Chihuahua celebra una investigación por actos de corrupción vinculados a una operación realizada durante el gobierno priísta de César Duarte.
Si algún otro gobernador pretendiera en el futuro emprender investigaciones similares, más vale que se lo piense dos veces porque la SHCP podría sancionarle suspendiendo transferencias de cuantía importante.
El tercer punto de la disputa es la acusación al gobernador Corral por haber torturado a uno de los indiciados en la investigación judicial: Alejandro Gutiérrez, ex secretario adjunto del PRI.
¿Con qué pruebas se argumenta tan grave señalamiento? ¿Hay evidencia fotográfica, testimonial, judicial o proveniente de organizaciones sociales? ¿Hay siquiera una denuncia al respecto ante las comisiones estatal o nacional de derechos humanos?
Revisando la información disponible, la única fuente que sirve para hablar de tortura es el dicho del abogado de Gutiérrez, quien advirtió en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, que se estaba maltratando sicológicamente a su cliente para que confesara la intervención del ex gobernador Duarte en el desvío de recursos públicos. Si la acusación de tortura se basa en este solo testimonio, que los injuriantes se preparen de una vez para enfrentar denuncias por difamación.
ZOOM: Para algunos, política es sinónimo de mentira; se trata de los militantes de la posverdad. Contra ellos la evidencia y nada más.
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