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Si la carta a la que hizo referencia Santiago Nieto Castillo es la misma que Emilio Lozoya Austin hizo pública a través de las redes sociales, el cesado fiscal de la FEPADE debe ser señalado por mentiroso, más que por violar la reserva de la investigación en curso a propósito del caso Odebrecht.
En entrevista con el periódico Reforma (18/10/2017) Nieto declaró que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, presionó para que declarara públicamente su inocencia “e inclusive para que le ofreciera una disculpa.”
Luego añadió: “Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy figura pública’ (y) la autoridad se tiene que disculpar.”
Sin embargo, el texto de la carta no coincide con los contenidos referidos por el fiscal. Si se trata del mismo documento, Santiago Nieto habría proporcionado información falsa al periódico Reforma.
La comunicación publicada por Lozoya tiene tres propósitos precisos: 1. Preguntar a la autoridad si el aludido está siendo investigado a propósito del caso Odebrecht. 2. Informar a la FEPADE el domicilio donde el ex director de Pemex está localizable para recibir notificaciones y; 3. Hacer del conocimiento de la autoridad el nombre de los abogados designados para representar al ex funcionario.
El texto fue elaborado por el despacho de Javier Coello Trejo y, por el tono utilizado, está lejos de ser una carta intimidatoria. De su lectura puede percibirse, eso sí, urgencia por saber si Lozoya se halla dentro de las investigaciones de corrupción que ligarían a Odebrecht con un supuesto financiamiento al PRI, durante la campaña del 2012.
Pero difícilmente puede inferirse intención de presionar para que se ofrezca una disculpa pública, mucho menos para que se haga una declaratoria de inocencia. Ahí Lozoya argumenta que cuenta con derechos constitucionales, entre otros el de la presunción de inocencia, y que en vez de seguir siendo enterado por los medios nacionales e internacionales sobre las acusaciones que pesarían en su contra, quiere conocerlas directamente por boca de la autoridad.
Es arbitrario estimar esa solicitud como un acto de presión. Cualquier mexicano, influyente o no, tendría derecho a pedir información a la FEPADE si su nombre estuviese involucrado en un proceso penal escandaloso, sin haber sido notificado formalmente.
Es verdad que los abogados responsables de la redacción incluyeron los nombres de los padres de Lozoya Austin, así como tres datos de orden curricular. Pero, por la manera como fue presentada, esa información no es argumento destinado a exigir impunidad o un trato privilegiado. Tales datos fueron incorporados como parte de los generales que suelen incluirse en cualquier escrito de este tipo para identificar a la persona firmante.
¿Cómo sucedió que una carta cuyo propósito era otro terminó siendo leída por el fiscal Santiago Nieto de una manera sesgada?
Cabe suponer una de tres cosas: que la carta publicada por Emilio Lozoya Austin en redes sociales no sea la misma a la que hizo referencia el fiscal cesado de la FEPADE. Que siendo la misma, Santiago Nieto no la haya leído y se expresó sobre su texto a partir del desconocimiento. O que siendo la misma, y habiéndola leído, decidió deliberadamente mentir sobre su contenido para ganar notoriedad, sin importarle que, al hacerlo así, podía poner en riesgo la investigación sobre el financiamiento ilegal de la empresa brasileña Odebrecht a las campañas del PRI.
En el último caso habría justificación plena para correrlo de su oficina.
Estos elementos serán materia de la discusión que los senadores tendrán en breve para ratificar el cese del fiscal Santiago Nieto, o para revertir la decisión que tomó el recién nombrado procurador general, Alberto Elías Beltrán.
ZOOM:
Que diga Santiago Nieto Castillo si la presunta presión recibida provino de una carta diferente a la referida en esta columna, o a través de otro medio intimidatorio que no ha informado todavía públicamente.
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