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“Mi administración jamás ha tenido un vínculo con la delincuencia,” aseguró el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. “No tengo relación con el narco,” respondió el ex presidente del PRI, Humberto Moreira. “Es inaudito, atroz e inconcebible que se quiera manchar (mi) nombre, dedicado al servicio de Veracruz,” se quejó con energía el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
Los tres políticos desestimaron el reporte de la clínica de derechos humanos de la Universidad de Texas, dedicado a explicar la mecánica de control que Los Zetas han sostenido sobre el estado de Coahuila y otras regiones del país.
Reaccionaron frente a este documento porque ahí se les relaciona con el grupo criminal más sanguinario de nuestra época: “tanto Los Zetas como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila … En el peor de los casos (el Estado) participó directamente en cometer estas violaciones”.
Para tratar de comprender una mecánica criminal —bien conocida pero aún intocada por la justicia mexicana—, esta clínica de derecho revisó con rigor tres gruesos expedientes judiciales de Texas, todos relacionados con personas que estuvieron vinculadas a Los Zetas:
El juicio que en San Antonio se siguió contra Marciano Millán Vázquez; el proceso contra José Treviño, Francisco Colorado Cessa y otros tres sujetos en la ciudad de Austin y; el juicio que en Del Río, Texas, fue conducido en contra de José Elud Lugo López y Emiliano Villalobos.
El núcleo duro de esta investigación son los veintitrés testimonios que los fiscales subieron al estrado a lo largo de tales procesos. Se trata de una mina de información que permite aproximarse a la lógica más fina detrás de la devastadora violencia mexicana.
Estos expedientes hablan y el reporte sintetiza: “los testimonios revelan el control y la colaboración generalizada entre funcionarios del estado, desde la policía municipal hasta el gobernador, y Los Zetas. Muchos funcionarios, incluyendo el ex gobernador y el gobernador actual de Coahuila, aceptaron sobornos para permitirle al cártel operar con impunidad”.
El documento académico también refiere a los 12 millones de dólares que Efraín Teodoro Torres, alias el zeta 14, habría entregado para la campaña de Fidel Herrera en 2004, a través del empresario Francisco Colorado Cessa.
Cabe, como dicen los hermanos Moreira y el ex gobernador Herrera Beltrán, que todo sea una mayúscula falsedad. Es decir, que los tres procesos judiciales resueltos en los tribunales estadounidenses, y sus muchos testimonios, sirvan sólo para la basura.
Sin embargo, el sentido común conduciría a tomar una actitud más prudente. Por lo pronto, desaconsejaría menospreciar estas piezas de información.
Si no es mentira que Coahuila, Tamaulipas y Veracruz se convirtieron en un grandísimo panteón mexicano, si no es mentira que fueron Los Zetas quienes ejecutaron o desaparecieron a la mayoría de las víctimas en esas entidades, y si no es mentira que la corrupción del Estado mexicano en la región del Golfo es variable relevante para explicar la tragedia, ¿no habrá llegado ya la hora de ubicar a las autoridades precisas que, por acción o por omisión, alentaron uno de los episodios más dolorosos de la historia mexicana?
Aseguran los autores del reporte que “el gobierno mexicano no ha realizado investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el gobierno de Estados Unidos compartió información importante de manera directa”.
¿Por qué? ¿Por qué la Procuraduría General de la República no ha tomado con gravedad la evidencia exhibida en estos y otros expedientes judiciales ya resueltos por los tribunales del país vecino? ¿Será que allá la justicia funciona fatal y por tanto no debe confiarse en ella?
ZOOM: No es ante la prensa que los hermanos Moreira y Fidel Herrera deberían estar dando su testimonio. Llegó la hora de que la autoridad mexicana quiebre los pactos de impunidad y complicidad, que tantas decenas de miles de vida se han llevado, procediendo con sus propias investigaciones y procesos judiciales.
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