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Guardias privados exigieron a los muchachos que se desnudaran y luego hicieran sentadillas para ver si, entre las nalgas, traían escondida alguna sustancia o material indebido.
Afirman los responsables que tal política se implementó desde que encontraron a un migrante con un cigarro de marihuana escondido en ese lugar del cuerpo.
El neoliberalismo mexicano llegó a su extremo: la autoridad decidió privatizar inclusive la violación de derechos humanos.
Una empresa de seguridad fue contratada por la estación que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene en el estado de Puebla. Según mandato explícito, esos guardias únicamente están autorizados para verificar el control de entradas y salidas del inmueble.
Sin embargo, en los hechos la dependencia que dirige Ardelio Vargas Fosado les otorgó permiso para ir más lejos.
Las víctimas de este atropello son muchachos centroamericanos de entre 14 y 16 años, quienes fueron privados ilegalmente de su libertad por el INM. A pesar de que la ley advierte que los menores migrantes deben ser remitidos al DIF, en un plazo no mayor a las 24 horas, se les encerró en esta estación durante más de quince días.
Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entrevistó a las autoridades del INM sobre estas circunstancias, la respuesta fue sorprendente: dijo el responsable que no estaban enterados de cuanto hacían los guardias de seguridad privada con los menores de edad.
Es decir que los subordinados del comisionado Vargas afirman desconocer lo que sucede en sus instalaciones, al punto que puede desnudarse a un menor y obligarlo a realizar actos indignos, sin que la autoridad se entere de nada.
El contrato entre el INM y la empresa se firmó en marzo de 2016. Por la recomendación de la CNDH (51/2017), emitida el 24 de octubre pasado, se sabe que los guardias reclutados por esa compañía extralimitaron sus funciones.
Sin embargo, lo que no es posible conocer es el nombre de la empresa. Llama la atención que la CNDH haya evitado darlo a conocer.
¿A quién le está entregando el INM la responsabilidad de los migrantes que recorren ilegalmente nuestro territorio?
El escándalo es grave. Si un guardia privado puede denigrar menores en las instalaciones del INM, sin que sus cabezas estén enteradas, ¿qué más puede hacer?
El contexto permite especularlo todo. Por eso la recomendación de la CNDH llama a revisar los procesos de contratación, tanto de estas empresas como del personal que trabaja para ellas.
Hace ya tiempo que este tipo de compañías viene usurpando funciones exclusivas del Estado. Se encargan de cuidar las calles y las colonias, de controlar la vida en las cárceles, de proteger valores y edificios públicos; ahora también custodian, desnudan, maltratan y violan derechos humanos de los migrantes centroamericanos menores de edad.
Este caso es escabroso por sí mismo y, sin embargo, es más común de lo que podemos sospechar. La seguridad en México no solo está en manos de privados, sino de privados que pueden ser muy peligrosos.
ZOOM:
Lo que nos faltaba: guardias de seguridad que, mandatadas por el gobierno federal, violan derechos humanos. ¿Cómo se llama la empresa que contrató el INM para que supliera sus funciones?
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@ricardomraphael
