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Tendríamos de una vez por todas que divorciar al sistema electoral de la procuración de justicia. El uso faccioso del Ministerio Público para descarrilar candidaturas fractura cada vez el orden constitucional y, sin ofender a las repúblicas bananeras, deja a México en situación de república bananera.
La Procuraduría General de la República (PGR) no debería ser comparsa de las estrategias de campaña, del gobierno ni de nadie. Se trata de una institución demasiado importante como para dilapidar sus recursos, la legitimidad y sus responsabilidades en asuntos mezquinos de grilla electorera.
El viejo régimen priísta usaba a las procuradurías para sepultar políticamente a los enemigos, pero —como los comicios eran irrelevantes— rara vez el Ministerio Público denunció a candidatos en campaña con el objeto de apartarlos del juego electoral.
No fue hasta que los partidos de oposición lograron ser competitivos que la PGR se estrenó como fiscal al servicio de los intereses partidarios. Quedará para la posteridad el uso vergonzoso que Vicente Fox hizo de esa institución, cuando desde la Presidencia de la República decidió combatir al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
Fue la PGR quien solicitó a la Cámara de Diputados que quitara el fuero a ese líder de la izquierda, para llevarlo a juicio por un supuesto desacato que, al final, se reveló mera basura política.
Cuando el primer presidente de la transición abusó así de su poder sentó el precedente que otros utilizaron después, con igual estupidez y alevosía.
En 2006, el candidato priísta al gobierno del estado de Jalisco, Arturo Zamora, fue víctima de esta repudiable manipulación. Avanzaba varios puntos por encima en las encuestas, cuando uno de los peores procuradores de la historia mexicana, Daniel Cabeza de Vaca, filtró a la prensa una presunta investigación en contra del aspirante a gobernador, dónde se decía que podría estar vinculado con el crimen organizado.
Zamora exigió que la PGR probara sus dichos y Cabeza de Vaca prefirió continuar abusando de su poder. En unos cuantos días los puntos que este político llevaba de ventaja se fueron por la coladera y un panista oscurísimo, Emilio González Márquez, triunfó en aquellos comicios.
La lista de arbitrariedades de la procuración de justicia con propósitos electorales creció durante los gobiernos azules, al punto donde a priístas y perredistas les dio por la imitación.
Josefina Vázquez Mota fue otra víctima de este proceder miserable. Durante la reciente campaña electoral en el Estado de México, cuando la ex secretaria aspiraba a gobernar su estado bajo las siglas de Acción Nacional, la PGR dio entrada a un expediente fabricado para inculpar a su padre y sus hermanos de un delito que nunca se investigó y mucho menos prosperó.
Una vez que el Ministerio Público se prestó para que Vázquez Mota perdiera aquella contienda, esta autoridad sacó el expediente de los medios de comunicación y lo olvidó para siempre.
Es bajo esta situación reiterada que en estos días se da a conocer, otra vez por parte de la PGR, una supuesta investigación en contra del candidato presidencial Ricardo Anaya, acusándolo de un hipotético caso de lavado de dinero.
Cabe tanto que sea cierto como que se trate de otra patraña electorera más. La duda prospera por los antecedentes de la PGR como activo participante en el desprestigio de los opositores.
El problema es obvio: ni los fiscales, ni el Ministerio Público deberían jugar al juego de la politiquería porque hacen de la justicia mexicana una realidad secuestrada permanentemente por el capricho de los poderosos, y tal es la fuente primera del monstruoso estado de impunidad en el que nos encontramos.
ZOOM: El Estado de Derecho no es para el privilegio de unos cuantos, sino un principio que impide a cualquiera estar por encima de la ley: esto incluye a los candidatos, pero también a los procuradores, fiscales y ministerios públicos.
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