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Ridícula, por decir los menos, es la condena a nueve años de prisión, el pago de una multa de 58 mil pesos 890 pesos y el decomiso de 41 bienes inmuebles, impuesta a Javier Duarte por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita que dieron lugar al desvío de al menos 650 millones de pesos del erario veracruzano.
¿Cómo llegó a esa sentencia el juez Marco Antonio Fuerte Tapia? El pasado 22 de agosto, la PGR decidió reclasificar la acusación de delincuencia organizada por la de asociación delictuosa. De un delito grave se pasó a uno no grave, con los beneficios legales que eso entraña. Su argumento: evitar el riesgo de no sustentar lo suficiente la acusación de delincuencia organizada y perder el caso contra el ex gobernador como ocurrió con Elba Esther Gordillo.
Este giro abrió la puerta para que los abogados de Duarte solicitaran el 17 de septiembre un juicio abreviado para su cliente. Este recurso del nuevo sistema de justicia penal, aceptado por el juez Fuerte Tapia, implicaba que el ex gobernador se declarara culpable de los delitos imputados a cambio de reducirle la pena.
La acusación de delincuencia organizada significaba para Duarte la posibilidad de ser castigado con 25 años de prisión, pero declararse culpable en un juicio abreviado dio lugar a la pena de nueve años. A ellos se descontará el año y medio que lleva tras las rejas desde su detención en Guatemala el 15 de abril de 2017. De manera que le restan siete años y medio en prisión. Pero su defensa también cuenta con el recurso de solicitar la disminución de la sentencia a la mitad por buena conducta, lo que significaría estar solamente tres años en la cárcel.
Tres años en prisión por un latrocino de mil 650 millones de pesos es una burla, una simulación que confirma que en la misma ley está la trampa, que los abogados defensores usan en beneficio de sus millonarios clientes todos los ardides que les permite el nuevo modelo de justicia penal y que la PGR no deja de ser un instrumento al servicio de quienes hacen el trabajo sucio para un sistema corrupto.
Seguiremos en las mismas mientras el país no tenga una fiscalía autónoma y la corrupción no sea castigada como un delito grave.
INSTANTÁNEAS: 1. REBELIÓN DE BURÓCRATAS. En el Estado de México se gesta una verdadera rebelión de los trabajadores del gobierno estatal. Ya han empezado las protestas de maestros y servidores públicos de otras dependencias. Resulta que el Congreso local aprobó por mayoría, el pasado 25 de julio, la llamada Ley ISSEMyN que aumentará de 3.5 a 6.5%, a partir de 2019, las cuotas para la seguridad social que deben pagar los 16 mil burócratas mexiquenses. Se prevé que recurrirán a un juzgado federal en busca de amparo, además de que ya buscan el respaldo del nuevo Congreso mexiquense, de mayoría absoluta morenista, para revertir la legislación. Con el aumento de cuotas a los burócratas mexiquenses, el gobernador Alfredo del Mazo busca enfrentar la crisis financiera del instituto local de seguridad social, que los trabajadores atribuyen a malos manejos de su director general, Alberto Luis Jiménez. A éste lo consideran incompetente y aseguran que se ostenta como licenciado en administración sin que haya cédula a su nombre en el Registro Nacional de Profesores. También denuncian que la controversial ley se fraguó en la Unidad Jurídica del organismo sin que el encargado, Ernesto Ampudia Mello anticipara a su jefe sobre las inconsistencias de la reforma.
2. AUSTERIDAD. La rebelión de los burócratas mexiquenses es una muestra de otros movimientos de protesta que podrían surgir con la reducción del sector público propuesta por el nuevo gobierno como parte de su programa de austeridad. De acuerdo con el Inegi, en la administración pública federal hay un millón 116 mil 673 trabajadores sindicalizados, 117 mil 323 eventuales, 15 mil 507 por honorarios y 317 mil 879 empleados de confianza. Entre estos últimos se pretende un recorte de 70%, es decir, más de 222 mil serán despedidos.
3. COMISIONES. Al morenista Mario Delgado, líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se le está haciendo bolas el engrudo con el reparto de comisiones. Apenas salió del lío de entregar las de Cultura y Salud al confesional y ya sin registro PES, reasignándolas a diputados morensitas (Sergio Mayer y Miroslava Sánchez, respectivamente); y ya desató la furia del futuro equipo de Hacienda con la designación de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente de la Comisión de Presupuesto. Gerardo Esquivel, propuesto como subsecretario de Egresos, ve una mala jugada en la designación de alguien que, como líder de los deudores de la banca agrupados en El Barzón, siempre mostró una posición radical contra el sistema financiero. Prevé que dificultará los acuerdos presupuestales. Se dice en San Lázaro que, con la designación de Ramírez Cuéllar, el presidente de la Jucopo atenuó la confrontación que existía entre ambos por la búsqueda del liderazgo de la fracción parlamentaria de Morena. Pero le complicó las cosas al equipo hacendario en el que Esquivel siempre ha criticado a Delgado por recurrir a una consultora del salinista Pedro Aspe para renegociar la deuda del gobierno de la Ciudad de México cuando fue su secretario de Finanzas. Morena da muestras de que vive una guerra de tribus. Acuérdense que por eso colapsó el PRD.
