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Si su bandera ha sido la honestidad y su causa desterrar la corrupción, Morena debe promover que se transparente el fideicomiso “Por los Demás” creado por particulares para apoyar a los damnificados por el terremoto del 19-S.
El INE impuso al partido de AMLO una multa de 197 millones de pesos por “fraude a la ley” al documentar irregularidades en la operación del fideicomiso 73803 abierto en Banca Afirme. Tres principalmente:
1. Casi la mitad de las aportaciones se hicieron en efectivo, aunque el contrato solo permitía transferencias electrónicas y cheques; 2. La dispersión de los recursos a los beneficiarios se hizo también en efectivo, ya que los cheques de caja expedidos por Afirme fueron primero cobrados, lo que impidió determinar a dónde paró el dinero; y 3. Que ese dinero pudo haber sido desviado a las campañas de candidatos de Morena, según la resolución aprobada el miércoles diez contra uno en sesión general de los consejeros electorales.
López Obrador respondió ayer que es una “vil venganza” y acaso lo sea si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante el que Morena ya dijo que impugnará la multa, resuelve echarla para atrás por infundada.
Sus argumentos parecen hasta ahora razonables, sobre todo el que plantea que se trata de un fideicomiso de particulares, no del partido de AMLO, aunque él lo promovió durante la campaña como la forma en que Morena ayudaría a los damnificados.
Que sea un fideicomiso privado quiere decir que no se dispuso de dinero del financiamiento público otorgado por el INE. Y que así sea es la razón que esgrime Horacio Duarte, representante de Morena ante el instituto electoral, para no hacer público el destino de ese dinero. “Los documentos correspondientes no se harán del dominio público porque es necesario proteger la privacidad y los datos personales de los beneficiarios”, declaró Duarte, quien sin embargo dijo que están a disposición del INE, del SAT, Hacienda, la PGR y cualquier otra autoridad facultada que lo solicite.
Al razonar la pertinencia de la multa, el consejero electoral y presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, desestimó el argumento de que se trata de un fideicomiso privado (lo que por cierto confirmó Banca Afirme) ya que entre sus aportantes están muchos personajes ligados a Morena.
Horacio Duarte respondió que “si bien es cierto que el fideicomiso se financió en primer lugar con aportaciones de legisladores, dirigentes, militantes y simpatizantes de Morena —algo plenamente lícito—, también recibió donativos del público en general”.
Un corte al 17 de julio pasado da cuenta de 85.3 millones de pesos recaudados. Del 2 de octubre de 2017 a la fecha se han entregado de manera directa 27 mil 288 ayudas individuales de dos mil 400 pesos cada una a damnificados de 261 municipios de Oaxaca, CDMX, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y el Edomex, es decir, 65.6 millones de pesos. Tras el pago de 300 mil pesos de comisiones bancarias, se dispone de un saldo de 19.7 millones de pesos, listos para ser entregados a ocho mil 278 damnificados más.
La entrega de esas ayudas se ha realizado de acuerdo con un censo independiente elaborado por voluntarios. Cada entrega está documentada por un registro individual, foto del inmueble dañado o destruido, identificación oficial del beneficiario y un recibo.
Morena debería transparentar ya esos estados de cuenta y la documentación de recibido para frenar el daño causado a su imagen de honestidad. Y añadir a ello la explicación del por qué los depósitos y dispersión del recurso en efectivo, que son las evidencias a las que se refiere el consejero Marco Antonio Baños al contestarle a AMLO que no es una vileza.
Morena le apuesta a que el TEPJF le de la razón, lo que entonces dejará mal al INE. Pero mientras, el daño está hecho y la duda sembrada. Por el bien de Morena, de AMLO y también del país, hay que transparentar el fideicomiso del 19-S.
INSTANTÁNEA: BOMBA DE TIEMPO. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje confirma a esta columna que el cetemista SITRAM tiene emplazado a huelga para el jueves 26 de julio próximo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, planificador, constructor y eventualmente operador del Nuevo Aeropuerto. Es por revisión del contrato colectivo de trabajo, lo que hace suponer a los directivos de esa sociedad anónima con participación mayoritaria del gobierno, que será conjurado. Pero en el río revuelto de las pugnas con sindicatos de transportistas y albañiles que tienen contratos colectivos con las empresas constructoras, acaso manipulados por los propios funcionarios del grupo en el contexto de la transición del gobierno, los trabajos podrían parar en medio de una maraña de la que ya les contaré en la próxima entrega.
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@RaulRodriguezC
