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Varios ministros de carrera en el Poder Judicial se han opuesto a que la Corte y el Consejo de la Judicatura reaccionen contra el desacato a un juez y un magistrado federales en que ha incurrido el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
Una fuente confiable, muy cercana a los debates y acuerdos que toman los once integrantes del máximo tribunal del país, explica que quienes empujan esta posición lo hacen por el resquemor de que crecer el asunto contra un mandatario panista, muy cercano a Ricardo Anaya, afecte las aspiraciones del candidato presidencial de la coalición PAN-PRD-PT.
La fuente, que pidió mantener en secreto su identidad, asegura que esta posición se ha confrontado con la de otros ministros favorables a defender la posición del Poder Judicial federal, en varias reuniones sostenidas durante los últimos días en relación con este tema.
Antes de formular interrogantes sobre este dicho, repasemos los hechos que han dado lugar al desacato a un mandamiento judicial que, por provenir de un gobernador, no tiene precedente.
El 20 de diciembre del año pasado fue detenido y encarcelado en Chihuahua, Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, acusado de triangular dinero público hacia campañas políticas de su partido, durante el proceso electoral 2014-2015.
Jaime Herrera Corral, secretario de Finanzas del hoy prófugo ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, señaló a Gutiérrez, operador político del entonces líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, como el estratega del desvío de 250 millones de pesos destinados al rubro educativo de Chihuahua, al financiamiento de campañas políticas del tricolor.
Declaró que el ex secretario adjunto del PRI le comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal, entonces bajo el mando de Luis Videgaray, para que a través de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas se apoyara la operación electoral priísta.
Tras el encarcelamiento de Gutiérrez, de Gerardo Villegas Madriles, ex director de Administración del gobierno de Duarte y de su ex director de Adquisiciones, Enrique Antonio Tarín en un penal de Chihuahua (Aquiles Serdán), su defensa promovió que la PGR atrajera el caso por tratarse de un delito federal (el desvío, mediante empresas fantasma, de fondos entregados por la Secretaría de Hacienda para programas educativos de Chihuahua). En seguimiento, se operó para que los tres acusados fueran trasladados a un penal de la Ciudad de México, lo que el gobernador Corral interpretó como una maniobra de protección a los acusados, en coincidencia con la de demorar la extradición del ex gobernador César Duarte.
Fue así que el juez federal Gerardo Moreno García ordenó el traslado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México de los tres imputados. La Fiscalía de Chihuahua respondió que no era posible porque enfrentan otras seis causas del fuero común que deben resolverse ante un juez de control de la entidad.
Esta controversia de competencias entre la justicia local y la federal llegó hasta el Décimo Tribunal Colegiado de lo Penal, que finalmente dio la razón al juez federal Moreno García y confirmó la resolución de trasladar de Chihuahua a la CDMX a los tres acusados.
El viernes 12 de mayo llegaron a Chihuahua agentes del ministerio público de la PGR, apoyados por policías federales, para realizar el traslado y dar cumplimiento a la resolución de la justicia federal, pero amparados en la resolución del juez local Eduardo Alexis Pérez, agentes de la Fiscalía de Chihuahua lo impidieron. Se permitió que los llevaran del penal de Aquiles Serdán a los juzgados federales, ubicados a una media hora de distancia, para desahogar una audiencia mediante videoconferencia. Un avión de la Segob ya aguardaba por los tres imputados en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, pero en medio de una fuerte tensión fueron regresados a la cárcel chihuahuense.
En un mensaje televisado, el gobernador Corral acusó al juez federal Gerardo García de acatar una consigna del gobierno de la República para excarcelar y garantizar la impunidad de Gutiérrez y coacusados, y dijo que “ya son muchas las tracaladas” de la justicia federal.
Han transcurrido once días desde el referido jaloneo, sin que el Consejo de la Judicatura fije una posición al respecto. El hecho contrasta con la celeridad (unas cuantas horas) con que respondió a las acusaciones publicadas por la revista Proceso respecto a presuntas maniobras judiciales para impulsar un fallo favorable al concesionario de MVS, Joaquín Vargas en su litigio con la periodista Carmen Aristegui.
El CJF argumenta que aún no es prerrogativa de la Corte fijar una posición sobre lo que considera un conflicto de competencias en el caso Chihuahua, no obstante que un Tribunal Colegiado ya dio la razón al juez federal. Explica, además, que su respuesta, en relación al caso Aristegui, fue porque se cuestionó la honorabilidad de jueces, como si Corral no lo hubiera hecho también.
Más allá de la culpabilidad o no del ex secretario general adjunto del PRI, que deberá ser resuelta por la justicia, está claro el desacato del gobernador Corral a un mandamiento de la justicia federal.
¿Por qué entonces la demora en fijar posiciones frente a ese hecho? ¿Es cierta la versión aquí consignada de acuerdo con lo dicho de la fuente referida? ¿Los ministros de la Corte nos aclararían si, por un perverso juego político se está dejando impune el desacato a jueces federales, contra quienes han dejado pasar calificativos denigrantes?
