Llamar secuestradora a alguien que no lo es, y hacerlo en un foro público de amplia cobertura mediática como un debate de candidatos presidenciales, es francamente una vileza. Peor aún cuando se llega al extremo de desprestigiar a una persona por atacar a un contrincante político.
José Antonio Meade lo hizo en el segundo debate presidencial, tras leer el testimonio de quien dijo era una víctima de plagio y dejar en el podio y la conciencia de López Obrador la responsabilidad de promover al Senado a quien llamó secuestradora, Nestora Salgado.
Este ha sido el primer golpe con que Meade, a lo largo de la campaña, ha podido marcarle agenda a AMLO, con un señalamiento que ha sacudido a la opinión pública, sembrado dudas entre su electorado y golpeado su posición puntera.
Decir que Nestora Salgado es una secuestradora falta a la verdad jurídica, porque no hay una sentencia judicial que hasta ahora así lo avale. Y a esta migrante guerrerense que regresó a su tierra para encabezar una policía comunitaria, surgida de la ausencia del Estado para garantizar la seguridad de los pueblos, no le demostraron culpabilidad en los crímenes de los que se le acusó. Estuvo casi tres años en la cárcel, hasta que un juez federal la exoneró de siete causas penales y ordenó su libertad. No hay, por tanto, verdad jurídica de que sea una secuestradora.
Sin embargo, y en un proceder que para cualquiera con un mínimo de inteligencia traía apoyo y dedicatoria, la Fiscalía de Guerrero decidió apelar la decisión judicial y organizaciones no gubernamentales como SOS y Alto al Secuestro de Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace salieron a los medios para presentar a dos presuntas víctimas de las supuestas atrocidades de Nestora.
Sin desdeñar, por supuesto, los testimonios de estos y de tantísimos otros mexicanos que han sido víctimas de secuestro, vayámonos por partes con el caso.
En 2011, cuando gobernaba Guerrero Ángel Aguirre Rivero (quien llegó al cargo postulado por el PRD pero apoyado, aun con esos colores partidistas, por su gran amigo Enrique Peña Nieto), la creciente ausencia del Estado en materia de seguridad, hizo que prosperara y fuera aprobada por el Congreso local la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero.
Ese ordenamiento dio sustento legal a las policías comunitarias (“cuerpo de seguridad pública reconocido, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas”), que en Olinalá encabezó la migrante Nestora, quien había regresado de Estados Unidos, ya con la nacionalidad del vecino país sumada a la mexicana.
Cuidó, como parte de su trabajo, mantener una comunicación fluida y constante con el gobernador Aguirre Rivero, misma que se fue perdiendo conforme empezó a pisar los intereses delincuenciales de su comunidad.
Fue así que detuvo al síndico Armando Patrón Jiménez (uno de los que apareció como víctima en la conferencia de Wallace y Martí) por abigeato, es decir, robo de ganado. El acusado recurrió al entonces presidente municipal, Eusebio González Rodríguez, quien ejercía control absoluto de actividades como la venta de materiales de construcción. Nestora denunció, además, vínculos del gobierno municipal con el narcotráfico y la operación de una red de pornografía infantil. Algunas de las víctimas de esa red fueron apoyadas para salir de esas condiciones de esclavitud.
Con el aval de Aguirre Rivero y de su procurador Iñaqui Blanco, Nestora fue acusada de secuestro, detenida el 21 de agosto de 2013 e internada en el penal de alta seguridad de Tepic, donde estuvo aislada por 22 meses. Después fue trasladada al reclusorio femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, donde estuvo hasta el 18 de marzo de 2016, cuando fue excarcelada por determinación de un juez federal que, con base a la vigencia de la Ley número 701, consideró que no había pruebas que la inculparan. Para entonces, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, había resuelto que Nestora era una presa política.
La campaña de Meade argumenta que aun están pendientes dos causas penales y que, por lo tanto, se trata de un caso subjudice. Las presuntas víctimas nunca se presentaron a comparecer durante los casi tres años que estuvo en prisión. Ahora vuelven a salir con sus testimonios, mientras que la Fiscalía de Guerrero apela el fallo judicial y sugiere que se le volvería a juzgar acusada de los mismos delitos de los que ya fue exonerada, lo que está claramente prohibido por la Constitución.
Pero el falaz argumento de que fue liberada por faltas al debido proceso sacó a la luz el señalamiento de que no recibió asistencia consular como ciudadana estadounidense.
Y ahora ese es el punto. El INE argumenta que aprobó su registro como candidata sin percatarse de la doble nacionalidad. Ese acaso sería el argumento para descarrilar su candidatura o su eventual triunfo electoral. El artículo 55 de la Constitución establece que para ser diputado o senador se requiere ser mexicano por nacimiento. Si se aplica a rajatabla es posible que sea inaceptable la doble nacionalidad. Ya lo decidirá el Tribunal Electoral.
Por lo pronto, esta es la historia de
Nestora.
