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¿No le provoca vómito el nauseabundo mar de heces en que se revuelca el país? ¿Aún puede soportar el océano de corrupción en que flota el excremento de los latrocinios cometidos por las élites y los políticos que nos mal gobiernan? ¿Por qué dejar pasar otra vez las transas que emergen de cara a la crucial elección de julio y que anuncian la perpetuación de nuestro actual y fétido estado de cosas?
Veamos hechos recientes y espabilemos la memoria. La investigación empujada en Chihuahua por el gobernador Javier Corral presume que el PRI y la Secretaría de Hacienda urdieron un mecanismo para desviar 250 millones de pesos del erario para financiar las campañas políticas del tricolor en las elecciones estatales de 2016.
En el contexto de las pesquisas por peculado que se siguen al hoy prófugo ex gobernador chihuahuense César Duarte, fue detenido su ex secretario de Finanzas, Jaime Herrera. De acuerdo con sus testimonios ministeriales, Hacienda —entonces encabezada por Luis Videgaray—, firmó en enero de 2016 un acuerdo de “fortalecimiento financiero” para Chihuahua. El monto, los 250 millones de pesos referidos provenientes del ramo 23 del presupuesto de la Federación, entraron a las arcas del estado, donde el entonces secretario de Educación, Ricardo Yáñez, el director de Administración, Gerardo Villegas y el director de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín García, simularon compras a empresas fantasma y transfirieron los recursos al PRI liderado por Manlio Fabio Beltrones.
Las declaraciones de Herrera dieron lugar a la detención el 20 de diciembre pasado de Alejandro Gutiérrez, operador financiero del PRI de Beltrones (una de las figuras más emblemáticas y poderosas del priísmo). Éste último, con el argumento de que requería conocer el expediente, se amparó contra una posible orden de aprehensión por el presunto desvío de recursos. Fuentes cercanas a la investigación dicen que hay tres, aunque la Fiscalía de Chihuahua lo niega, igual que negó en su momento la girada contra Gutiérrez.
El lunes pasado, el gobernador Corral denunció que le fue retenida la entrega de 700 millones de pesos de recursos federales en represalia por la investigación en Chihuahua. El gobierno rechazó una venganza presupuestal, pero Hacienda debió explicar que el dinero sí estaba retenido por tratarse de una partida sujeta a investigación. Esa partida también forma parte del ramo presupuestal 23 basada en otro convenio de “fortalecimiento financiero”, pero éste firmado el 17 de diciembre pasado. Uno de los signatarios fue Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, mismo que firmó aquel de enero de 2016 por los 250 millones de pesos presuntamente desviados y que, según los testimonios ministeriales de Jaime Herrera, fue el que operó la maniobra junto con Alejandro Gutiérrez.
Ahora los fiscales de Corral tienen la mira puesta en el funcionario hacendario, lo que acerca la lumbre a los aparejos de Videgaray.
El PRI, desde siempre, ha recibido dinero de los estados que gobierna o de sus estructuras corporativas. Eso es secreto a voces, pero también verdad documentada. Un ejemplo manifiesto es el Pemexgate, cuando fondos del sindicato petrolero fueron transferidos en 2000 a la campaña tricolor de Francisco Labastida Ochoa, lo que ameritó una multa a ese partido de mil millones de pesos, pero que no llevó a la justicia a ninguno de los responsables.
Otro ejemplo: la compra de votos con las tarjetas Monex en 2012, acusación de la que el PRI y su candidato Peña Nieto fueron exonerados por el Tribunal Electoral. Sin embargo, el asunto revivió el miércoles pasado con la decisión del INE de multar al tricolor y a otros seis partidos con 36.8 millones de pesos por la entrega de tarjetas de débito a sus representantes mediante una empresa fachada que, para hacerlo, contrató a Bancomer. Mediante este esquema habrían fluido mil 400 millones de pesos. Y todos están metidos.
Así que si ya tuvimos Pemexgate y compra de votos con tarjetas de débito ¿por qué dudar de los desvíos de fondos públicos a las campañas priístas o por qué creer que no lo volverán a hacer?
INSTANTÁNEAS: 1. MAÑAS. Si Meade busca desmarcarse del desprestigio del PRI de siempre, nada bueno presagia la designación de Eviel Pérez Magaña como secretario de Desarrollo Social. Es un operador que a su paso por diversos cargos en Oaxaca mostró ser proclive a las viejas mañas tricolores. Su designación reposiciona al ex gobernador Ulises Ruiz, de mala fama y peor recuerdo tras la represión a los maestros y a la APPO. Muchos de ese grupo reaparecerán como candidatos a diversos cargos de elección popular. Ya le contaré.
2. BAZBAZ. Encabezará al Cisen Alberto Bazbaz Sacal, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y procurador del Edomex cuando era gobernado por Peña Nieto. Tocó a Bazbaz el escandaloso caso de la niña Paulette Gebara que concluyó que la menor había muerto asfixiada, al pie de su cama, donde estuvo sin que nadie la viera durante los varios días que duró la investigación. Ojalá que Bazbaz no lleve a la seguridad nacional por esos caminos tan ridículos como inverosímiles.
