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Enrique Peña Nieto llegó a su 5to Informe de Gobierno con una decisión tomada sobre el próximo candidato presidencial de su partido. Tres semanas antes, el 10 de agosto, la Asamblea del PRI había modificado sus estatutos para abrirse a una candidatura no militante, pero cercana a sus principios. La polémica decisión partidista, impulsada desde Los Pinos por su jefe real, tenía una clara y única dedicatoria: José Antonio Meade. Si él no iba a ser el ungido ¿para qué arriesgar un cambio que puso al tricolor al borde del abismo de la fractura?
El primero de septiembre, según dos fuentes consultadas en su círculo cercano, Peña Nieto —en total acuerdo con su álter ego Luis Videgaray— ya se había decantado por Meade. Tenía claro —más allá del inocultable aprecio que le profesa a Nuño— que su secretario de Hacienda es el más experimentado y el menos vulnerable de los dos alfiles del canciller Videgaray —la dama en este tablero de ajedrez— en la implementación de las reformas estructurales.
Su continuidad dependerá del triunfo del PRI y su candidato, victoria electoral que, dentro de la baraja de suspirantes tricolores, sólo le garantiza hasta el momento la experiencia adquirida por Meade como secretario de Estado en cinco ocasiones, su eficacia negociadora con otras fuerzas políticas (una de las cuales, el PAN, lo sumó a su gobierno) y, sobre todo, un prestigio no manchado hasta ahora por la corrupción.
Pero los terremotos de septiembre trastocaron la decisión tomada. Eso fue parte de los daños estructurales que provocaron en el edificio del gobierno.
Y así, en medio de la emergencia y la necesidad de un escrupuloso y transparente orden presupuestal para fondear la reconstrucción, las fuentes consultadas señalan que la testa presidencial aún no se responde ¿qué tanto le conviene, en esta coyuntura, prescindir de un eficaz y confiable secretario de Hacienda?, ¿cómo leerían los mercados la salida de un hombre que genera gran confianza en los círculos financieros del mundo cuando está por irse otro, Agustín Carstens, quien deja el Banco de México el próximo 30 de noviembre?
Si no es Meade, ¿sería Nuño?, es otra de las varias preguntas que asaltan la cabeza de Peña Nieto, según razonan las fuentes consultadas: ¿a pesar de su inexperiencia?, ¿con el programa en marcha de la reconstrucción de escuelas?, ¿con la reforma educativa a medio camino?
Esto le vuelve a dar cancha a José Narro, dicen que el bateador emergente, a quien Videgaray no ve con buenos ojos, pero que cuenta con experiencia política, mente ágil y gran ascendencia en el voto joven tras su paso por la UNAM. Y también a Osorio Chong, muy replegado (porque ha dicho a sus íntimos que no está en el ánimo del Presidente), pero que es el aspirante priísta mejor posicionado en las encuestas de opinión, aunque, al igual que otros de los posibles, tiene en esta coyuntura grandes pendientes, entre otros el de mantener la gobernabilidad en medio de un hartazgo social atizado por la devastación ocasionada por los terremotos y en la que subyace la corrupción.
Tal es el contexto en que se barajan los cambios que deberá haber en el gabinete cuando se decida finalmente la candidatura presidencial priísta. Si Meade se va de Hacienda para ser candidato o para ser gobernador del Banxico, ¿quién lo sustituiría? Los que saben dicen que el actual director de Pemex, José Antonio González Anaya, parte del grupo Videgaray-Meade. Y ¿quién en Pemex? Por ahí ha surgido el nombre del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien pese a los buenos resultados electorales ya no resultaría funcional en las lides políticas partidistas, por su carácter beligerante, y quien ya tuvo la experiencia de dirigir la CFE y de ser subsecretario de Energía. ¿Quién entonces al PRI? Se siguen mencionando los nombres de Emilio Gamboa y Claudia Ruiz Massieu, pero han aparecido también el de Pedro Joaquín Coldwell (quien sería el primero en liderar dos veces al tricolor) y hasta el de Osorio Chong.
Si el 30 de noviembre próximo Meade no sustituye a Carstens en el Banxico, será una señal más, casi inequívoca, de que él es el candidato presidencial priísta. Y probablemente el Banco Central será gobernado por Alejandro Díaz de León, hoy subgobernador y parte del grupo Videgaray-Meade.
Todas estas dudas empezarán a despejarse el 31 de diciembre próximo. La Constitución obliga a los aspirantes a no ocupar cargo público alguno seis meses antes de la elección que, en este caso, tendrá lugar el 1 de julio del año entrante. De manera que poco antes de que acabe el año habrá renuncias. Quizás no sólo del escogido, sino por lo menos de otro más de los suspirantes. Y no tanto para tapar al bueno, sino para que no se repita el escenario de 1994, cuando Pedro Aspe quedó impedido de ser el candidato sustituto del asesinado Luis Donaldo Colosio porque permaneció en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari y no cumplía con el requisito de marras. Es previsible que en esta ocasión estén habilitados el bueno y el sustituto.
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