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Al notificar al Senado su renuncia a la PGR, Raúl Cervantes Andrade informó que ya estaba concluida la investigación de los sobornos pagados a funcionarios mexicanos por la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de Pemex, y que “en los siguientes días —así lo dijo— se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal”.
¿Cuántos días? Ni peregrina idea. No hay en esto plazos fatales. En la PGR y en el Poder Judicial Federal hay un total hermetismo. Callaron las fuentes que podrían corroborar si las imputaciones ya fueron presentadas ante el juez y si éste, de ser así, esté por abrir proceso a quienes aparecen en la indagatoria como implicados.
No cabría el argumento de que el procurador encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, deba tomarse un tiempo para familiarizarse con el expediente. Él, como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, tiene toda la película de este que es uno de los mayores escándalos de corrupción de los que se tenga registro en México y en América Latina. Es más, Elías Beltrán fue uno de los altos funcionarios de la PGR que el pasado 16 de mayo interrogó en Brasil a Marcelo Odebrecht. A él y al también subprocurador, pero de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, el dueño de la constructora brasileña les dio información muy clara de los funcionarios mexicanos presuntamente implicados. Les corroboró, además, que Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México y quien huyó del país para acogerse como “delator” ante la justicia brasileña, fue el operador de los sobornos.
De Meneses Weyll fue quien implicó en el caso al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. En una declaración juramentada que publicó el diario brasileño O Globo el 13 de agosto pasado, aseguró haber pagado a Lozoya sobornos por 10 millones de dólares para obtener contratos de obra, sobre todo en la reconfiguración de refinerías. Las “propinas”, término utilizado por el rotativo brasileño, se habrían pagado entre 2012 y 2016, las primeras de ellas en abril de 2012, en plena campaña de Enrique Peña Nieto, en la que Lozoya operaba como coordinador de Asuntos Internacionales. Ese dinero habría sido entregado a empresas fantasma creadas en paraísos fiscales y que son parte de un complejo entramado financiero creado precisamente para ocultarlo.
Pero investigaciones periodísticas de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción revelan que el escándalo Odebrecht también salpica al gobierno de Felipe Calderón, así como los gobiernos de Veracruz (Fidel Herrera Beltrán) y Michoacán (Leonel Godoy Rangel), lo que aumentaría a 16.5 millones de dólares el monto de los sobornos entregados a funcionarios mexicanos.
En estos casos, la trama se remonta a 2009 y tiene relación con la construcción en Veracruz de la planta Polietileno XXI que vendería a Brasil gas etano a precio preferencial. El director de Pemex era entonces Juan José Suárez Coppel. Algunos de los contratos fueron firmados por los entonces subdirectores Arturo Arreguí García, de Planeación; Armando Arenas Briones, de Producción; Fernando Amor Castillo, de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, y Víctor Domínguez Cuéllar, de Ductos. Todos ellos bajo las órdenes del entonces director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Jordy Herrera. Este último había sido secretario particular de Calderón en Banobras y en la Secretaría de Energía, dependencia que posteriormente encabezó.
Acaso estos nombres aparezcan como imputados en la indagatoria de la PGR cuyo ex titular, Raúl Cervantes Andrade, más por coraje y frustración que por cálculo político, decidió al renunciar dejar una bomba de tiempo. Tocará a Enrique Peña Nieto decidir si la detona y cuando. Si no lo hace quedará manchado por el encubrimiento. Si lo hace podría estar dándose un tiro en el pie. ¿Cuándo? es la pregunta. Sólo hay un indicio de que podría ser pronto: el amparo solicitado por Emilio Lozoya. ¿O no será que estamos entre los que vemos en todo corrupción, como recriminó el mismo lunes el presidente Peña Nieto?
INSTANTÁNEAS.
1. CASTIGO. ¿Cuándo se llamará a cuenta a los Directores Responsables de Obra (DRO) de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México (Seduvi), que encabeza Felipe de Jesús Gutiérrez? Ellos, y no las autoridades delegacionales, son los que dan el visto bueno a las edificaciones capitalinas. ¿Será cierto que el Colegio Enrique Rébsamen contaba con la autorización de tres directores responsables de obra? ¿Qué hay de los del Tec Ciudad de México o de los que autorizaron los condominios caídos en las colonias del Valle, Narvarte o Roma-Condesa? ¿Qué tanto pesan los de la plaza comercial Galerías Coapa, notablemente dañada por el terremoto, pero no considerada entre las que ameritan demolición?
2. TRICOLORES. Pasado mañana viernes se reunirá el Consejo Político Nacional del PRI para definir el método mediante el cual seleccionará a sus candidatos para el proceso electoral de 2018.
3. RENUNCIA. Mariana Moguel Robles renunció ayer a la presidencia del Comité Directivo del PRI en la CDMX. La hija de Rosario Robles, secretaria federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, argumentó su desacuerdo con actos contrarios al quehacer político democrático, respetuoso e incluyente.
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