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Santiago Nieto Castillo llegó a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales recomendado por Diego Fernández de Cevallos. Sin demérito de su prestigio como jurista, esa carta de presentación debió haber influido para que una mayoría absoluta de 95 senadores avalara su nombramiento el 19 de febrero de 2015. En aquella sesión sólo hubo un voto en contra y una abstención.
Qué mejor respaldo podía tener el hoy cesado fiscal electoral que el del poderoso cacique de su tierra natal, San Juan del Río, y cuya influencia hizo alcaldes a su padre, Jaime Nieto Ramírez (ahijado del Jefe Diego), a su tío Gustavo y a su primo del mismo nombre. Y cómo no deberle lealtad a quien operó para que su hermana Gloria obtuviera un asiento como magistrada electoral de Querétaro.
Y usted se preguntará: ¿para qué sacar a cuento esta relación? Pues tiene que ver con una versión que se escucha en los corrillos del Senado en medio de la crisis política a la que llevó el cese de Nieto y la hasta anoche atorada posibilidad de que la Cámara Alta decida si respalda la decisión tomada por el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán o restituye en el cargo al hoy ex titular de la Fepade.
La versión tiene todos los elementos de una farsa: Fernández de Cevallos habría negociado (como representante oficioso del gobierno) con Javier Coello Trejo (abogado de Emilio Lozoya Austin), sacrificar a su pupilo Santiago Nieto Castillo para librar, en cualquiera de los escenarios posibles, al ex director de Pemex, al PRI y a Peña Nieto del escándalo Odebrecht.
La razón argumentada para cesar a Nieto fue que faltó al código de conducta de la PGR al violar la secrecía de una investigación, cuando declaró, según dicho de un periodista, que el indiciado Lozoya le había amenazado al exigirle que le exonerara de cargos. ¿Cuáles? Haber recibido sobornos de la constructora brasileña cuando se ocupaba de las relaciones internacionales del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Ese dinero, según acusaciones de uno de los detenidos y procesados en Brasil, habría ido a parar a la campaña priísta. Si la Fepade llegara a demostrar semejante acusación, las implicaciones serían gravísimas para Peña Nieto y para el PRI, que incluso podría perder el registro como partido político.
No es descabellado pensar que el Jefe Diego (el de las concertacesiones del panismo con Salinas de Gortari y el de los videoescándalos montados contra AMLO) pudiera tener esos niveles de operación política e incluso obtener de Santiago Nieto la aceptación de participar en la farsa.
Por otra parte, es sabido que cuando Santiago Nieto fue propuesto como fiscal electoral, trabajaba como asesor del entonces coordinador senatorial perredista, Luis Miguel Barbosa, lo que representó un conflicto de intereses finalmente soslayado. Pero ese conflicto da elementos al PRI para argumentar que el ex titular de la Fepade es su fiscal carnal y que por eso la oposición PAN-PRD-PT quiere que se quede.
Los finales de esta farsa podrían ser los siguientes:
1. El Senado avala el cese del fiscal y uno nuevo exonera a Lozoya, a Peña y al PRI del escándalo Odebrecht. Pero ese nuevo fiscal tendría que ser elegido por una mayoría calificada de senadores, es decir, las dos terceras partes de sus integrantes. Esos votos no los juntan el tricolor y el Verde por si solos, ni la oposición PAN-PRD-PT. ¿Podría entonces el Senado nombrar a un nuevo fiscal electoral antes de los comicios presidenciales?
2. En medio del atorón para definir el método con que se procesaría el asunto (voto abierto o cerrado y orden de comparecencia de acusador y acusado), se llega al plazo del próximo viernes 3 de noviembre, sin que la Cámara Alta tome una decisión y se da por aceptado el cese de Nieto.
3. El Senado lo reinstala, pero queda sentado el precedente de que al violentar la secrecía de una investigación afectó el debido proceso, lo que libraría a los acusados.
4. Ya reinstalado, proceden las acusaciones de índole penal presentadas en su contra por la defensa de Lozoya Austin y entonces Nieto debe renunciar al cargo e ir a parar a la cárcel.
En cualquiera de estos finales de la farsa nos enfrentaremos a dos hechos graves que desequilibran el ya de por sí crispado escenario de las elecciones de 2018: un fiscal electoral ya debilitado desde ahora o bien una fiscalía electoral sin cabeza.
¿A quién le convienen esos escenarios?
El Senado, por lo pronto, logró que sus tareas en materia económica no quedaran como rehenes del atorón en el caso de la Fepade. Anoche finalmente aprobó la Ley de Ingresos 2018. Hoy no habrá sesión. Fue convocada para el lunes, sin que hasta ahora esté claro que darán continuidad al tema del ex fiscal electoral. Les queda una semana para hacerlo.
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