Más Información
La Auditoría Superior entregó a los diputados el informe de la Cuenta Pública 2016. En él se documentan posibles daños al erario por 6 mil 879 millones de pesos. Parece que hubo quien aprovechó el ya conocido caminito: entidades federales firman convenios con universidades públicas y estas subcontratan a otras empresas. Así nadie se tiene que preocupar de licitar o rendir cuentas.
El tema no es nuevo. Ya la ASF había informado de estos manejos en años anteriores. El problema es que sigue ocurriendo y que lo ventilado no se ha esclarecido, ni mucho menos sancionado. La Secretaría de Desarrollo Social, ya antes señalada por usar este enredado esquema de asignación de recursos, habría entregado en 2016 más de 65 millones de pesos en programas para adultos mayores o de empleo temporal. El asunto es que al menos 17 mil de los beneficiarios estaban muertos. Así de incluyentes los programas en este país. Hasta para los difuntos hay.
Otro motivo de preocupación es la lentitud con la que se rehabilitan escuelas. Más de 600 afectadas por lluvias o sismos en 2013 y 2014 no han sido reconstruidas. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa tendrá que regresar 782 millones de pesos por esto. Si luego de cuatro años no han reconstruido los planteles dañados por los huracanes Íngrid y Manuel, habrá que esperar sentados a que los alumnos puedan volver a las escuelas afectadas por los sismos de septiembre pasado en Oaxaca, Chiapas y otros estados.
Hay señalamientos por todos lados. No se salva ni la Cruzada Nacional contra el Hambre. Siempre no solucionó estructuralmente la pobreza alimentaria de más de seis millones de mexicanos. De los programas que la integraron, tres no tuvieron presupuesto. Los comedores comunitarios no cumplieron con los requerimientos nutricionales básicos y no se verificó que se otorgaran raciones adecuadas a la población que requiere atención prioritaria.
El informe lo entregó un encargado de despacho porque no tenemos auditor superior de la Federación, como tampoco tenemos fiscal general ni procurador de la República. La investigación, por cierto, queda en manos de la PGR. Supongo que ya con eso podemos estar tranquilos. El gobierno se va a investigar y a sancionar a sí mismo.
HUERFANITO.
Entre citas bíblicas y menciones a Jesucristo, fue presentado Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia por el Partido Encuentro Social. Ahí propuso crear una Constitución Moral para este país. Me pregunto si para esa redentora tarea se va convocar a una Asamblea Constituyente. ¿Podrán participar en ella los legisladores? ¿Será el futuro senador Napoleón Gómez Urrutia uno de los redactores? El chiste se cuenta solo.
