Tras desviar miles de millones de pesos, en tres años el ex gobernador de Veracruz podrá quedar en libertad. La ASF detectó que en 2017 el gobierno del Estado de México desvió mil 40 millones de pesos de fondos federales destinados a programas de salud, pero el responsable último de tamaña anomalía, el ex gobernador, ya está protegido en el Senado, (Sin embargo, 26/09/18). ¿Sorprende lo anterior? No, pues ese tipo de situaciones son desde hace mucho parte de los “usos y costumbres” del sistema.
Algunos observadores han insistido en explicar tanto la corrupción como las violaciones a los derechos humanos, por la existencia de “pactos de impunidad”. De ser así, bastaría con identificar a pactos y participantes y actuar en consecuencia para cambiar una situación inaceptable. Sin embargo, quizá ese enfoque no sea el mejor para explicar lo profundo, complejo y arraigado de la omnipresente corrupción y abuso del poder.
Un pacto es un acuerdo entre dos o más partes que generalmente no se sustenta en un documento formal. Quienes ven el desastre mexicano como resultado de pactos de inmunidad entre autoridades, suponen que se trata de fallas en las instituciones públicas. Sin embargo, la experiencia sugiere que la impunidad no es una anomalía de gobierno, sino que la impunidad ¡es el sistema de gobierno!
Desde su origen, la actual estructura de poder se consolidó teniendo a la impunidad como parte esencial de su naturaleza. Se trata de un rasgo sistémico y que va más allá de cualquier pacto o serie de pactos posibles.
Para mejor explicar la naturaleza estructural de la impunidad mexicana se puede partir de un hecho evidente: desde que adquirió forma y contenido nuestro Estado nacional, básicamente después de la restauración de la República en 1867, y sobre todo a partir de la reelección sistemática de Porfirio Díaz en los 1880, se fueron configurando dos sistemas o reglas de gobierno paralelas. Por un lado, estaba el sistema formal, cuya columna vertebral era la Constitución de 1857. Esa Constitución suponía una República conformada por ciudadanos, laica, democrática, federal, con división de poderes y con todas las libertades y garantías individuales propias de un Estado de Derecho moderno. Por el otro, cuajó una estructura informal, inconstitucional, que se consolidó alrededor de la férrea dictadura del general Porfirio Díaz. Se trató de un sistema de poder basado en un hombre fuerte, con reelección sistemática en la presidencia a partir de 1884, que negó la división de poderes —el congreso y la Suprema Corte respondían a sus deseos—, subordinó a los gobernadores y municipios, controló a la prensa y sólo dejó actuar políticamente, y dentro de límites estrechos, a personajes y grupos afines. Más que el Ejército, el instrumento de fuerza que le permitió imponerse sobre una sociedad de pocos ciudadanos y muchos súbditos, fue su alianza con las oligarquías regionales y nacional —donde destacaban los extranjeros—, la administración de los conflictos locales vía las jefaturas políticas y la acción de los cuerpos de rurales.
En ese contexto, el sistema formal simplemente sirvió de velo para cubrir al que realmente operaba, el autoritario y personalista que giró alrededor del “necesario” Porfirio Díaz. El castigo o la impunidad la decidían Díaz y sus delegados. No la justicia.
Tras la Revolución de 1910, los dos sistemas volvieron a emerger. El nuevo marco constitucional, además de poseer las características democráticas formales de la época, añadió los derechos sociales en beneficio de las clases populares. Sin embargo, desde el inicio adquirió preponderancia el otro sistema, el no legal, pero realmente imperante.
El sistema político real usó a la Constitución de 1917 como velo para ocultar su verdadera naturaleza, la autoritaria, y lo hizo bastante bien. Por otro lado, perfeccionó su operación. A partir de 1935, la figura centralizadora del poder fue también el presidente, pero acotado por la no reelección, lo que institucionalizó la renovación de la élite. Aceptó lo que Díaz había rechazado: a un gran partido de Estado y le proveyó de una base de sustento masiva y organizada: CNC, CTM, CNOP, etcétera. El ejército terminó por quedar fuera del partido, pero en la práctica mantuvo su papel como la gran estructura de apoyo de última instancia del régimen.
Tanto en el Porfiriato como en la postrevolución, la ausencia de unos poderes Legislativo y Judicial autónomos, de organizaciones independientes de la sociedad civil, de partidos fuertes de oposición y de medios de información libres, llevaron a que, en la práctica, la impunidad de funcionarios y sus asociados —los poderes fácticos— fuera la regla. Sólo el presidente o, en asuntos secundarios, el Ejecutivo local, podían llamar a cuentas a corruptos y arbitrarios. Y cuando lo hacían, el motivo no era “aplicar la ley”, sino castigar a enemigos y desleales. Y cuando se empleaba la fuerza, como en octubre de 1968, por citar un caso hoy recordado, no había recurso legal que pudiera proteger a quien era blanco del enojo del Ejecutivo.
Si el diagnóstico anterior vale, entonces la coyuntura actual —cambio de gobierno y de régimen— abre a México la posibilidad de poner fin a la histórica dualidad de reglas en el juego del poder y tener un solo sistema, real y legítimo. Ojalá así sea.
