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Es de lamentar que se haya tenido que llegar a que instituciones financieras y calificadoras internacionales hayan tenido que reducir la calificación de Pemex, de México como país, de CFE, y de algunas importantes empresas mexicanas para que el gobierno y la opinión pública adquirieran conciencia de la gravedad alcanzada por problemas añejos en Pemex. Conciencia no implica tener claridad acerca de la problemática en cuestión, como lo prueban las propuestas presentadas por el gobierno. La causa principal de esto es que no distinguen tres aspectos: el gobierno (y sus finanzas), Petróleos Mexicanos como empresa (su eficiencia), y los recursos de hidrocarburos de México (su condición).
¿Cómo explicar que ahora México, angustiosamente, enfrente la posibilidad de que, por razón de cambios en la política energética y una administración inexperta de Pemex, siendo un país rico en hidrocarburos se acerque a la tragedia que representaría perder el grado de inversión? Se han multiplicado versiones de qué ha llevado a esta situación. Conforme la posición política de cada quien, el inicio del deterioro de Pemex se ubica en distinto momento de la historia, y se atribuye a errores de unos o de otros. Es notable que se señalen como culpables sólo a servidores públicos, y no a empresarios y al ecosistema institucional de ineficacia y corrupción que, con la concurrencia de todos, sociedad y gobierno, se construyó durante muchas décadas, quizá desde la propia expropiación. Hay hechos reconocidos por todos.
Primero, que debido a una cómoda estrategia fiscal, durante décadas el gobierno cobró a Pemex impuestos y derechos excesivos, superiores a su capacidad financiera, lo que afectó seriamente sus habilidades para operar con seguridad, producir con calidad, y crecer de manera sostenida y sana. Por ejemplo, de 2000 a 2018, en promedio SHCP cobró a Pemex por impuestos y derechos el equivalente a 4.4% del PIB anual, cuando en promedio su excedente de explotación (equivalente al EBITDA) fue 5.6% del PIB. En pocas palabras, el gobierno obligó a Pemex a endeudarse para pagar impuestos y derechos, por lo que hoy su deuda externa asciende a 91,951 millones de dólares (mdd), y la interna a 13,841 mdd. Además, el gobierno sustrajo de Pemex los recursos que éste había generado para hacer frente a su pasivo laboral, dejándole un hueco financiero que sólo ha resarcido parcialmente.
Segundo, la reforma energética de 2013 eliminó la exclusividad de Pemex en la explotación de los hidrocarburos del país, que tantas oportunidades hizo perder a los mexicanos. Paradójicamente y al mismo tiempo, al distribuir las áreas para futuras explotaciones de particulares y Petróleos Mexicanos, el gobierno fue particularmente generoso con Pemex, pues le dotó de cuantiosas reservar potenciales. Del total de reservas probables del país, en la denominada “Ronda Cero” a Pemex le asignó el 83% de los recursos de hidrocarburos conocidos entonces; el resto quedó para licitarlos entre los particulares interesados y el propio Pemex. Muchos piensan que los recursos “asignados” a Pemex fueron excesivos, acotando los beneficios de la reforma.
Tercero, ahora se plantea una paradoja: un Pemex cuya situación operativa y financiera es tan desastrosa que pone en riesgo no sólo su viabilidad en los mercados internacionales, sino también la estabilidad financiera del propio México. Y, sin embargo, ese mismo Pemex está “sentado” (tiene derechos para explotar) sobre cuantiosas “asignaciones” de hidrocarburos que, por restricciones autoimpuestas por SHCP, la empresa no puede atribuirles valor económico alguno, lo que, por sí mismo, sería suficiente para enfrentar sus pasivos y formular un plan de negocios sensato y sólido.
Mientras que los recursos que obtienen las empresas en licitaciones de CNH-Sener pueden ser utilizados como base financiera, Pemex no puede hacerlo con los de sus asignaciones, en la medida que no las convierta en una de las modalidades de contrato consideradas en la reforma. Esto es un requisito motivado por rencillas burocráticas, en particular para que SHCP controle a Pemex. Esta prohibición ha sido, y es, el principal impedimento para que supere su crisis financiera. Debe concretarse una “migración” masiva, y no la ruta de “farm out por farm out” de probada ineficacia.
Por Pemex y por el país, es urgente salirse de la maleza para mirar el bosque, eliminando esa prohibición discriminatoria y absurda, lo que traería alivio a todos los mexicanos. Las autoridades tienen la responsabilidad de liberarse de la trampa en la que se metió a Pemex, y eliminar de paso el absurdo de mantener a la empresa dentro del PEF. Pemex ha sido generoso con México, es tiempo de que México sea generoso con Pemex.
Presidente de GEA Grupo de Economistas
y Asociados / StructurA
