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El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó una Ley –la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos- en la que establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República. Con esto, la Cámara destrabó una minuta que estaba en la congeladora y que el Senado había aprobado en el 2011.
Para asegurar que ningún funcionario le dé la vuelta a la nueva Ley, ya sea al recibir dinero de más o a ayudar administrativamente a que alguien cobre más, se creó el delito de “pago indebido de remuneraciones”, que contempla hasta 14 años de cárcel.
Con esta aprobación, las bancadas de Morena-PT-PES-PVEM quisieron dejar hacer sentir su nueva súper mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué sigue?
Hay que decir que la nueva Ley aprobada, por sí sola, no genera impacto alguno a ningún funcionario público. La merma salarial se sentirá en todos los Poderes de la Unión y en los Órganos Autónomos a partir de enero del 2019, una vez que entre en vigor el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019.
Según ha trascendido, el Presidente electo quiere fijar su salario en 108 mil pesos (ver tabla anexa, proyecto PEF-2019), cuando hoy en día el Presidente de la República gana 220 mil. Esto es una reducción de casi un 50%.
De ser este el caso, todo el escalafón de servidores públicos verá mermado su ingreso.
En el 2009, cuando se aprobó la Reforma Constitucional al artículo 127 de la Constitución, que también decía que nadie podía ganar más que el Presidente, se hicieron dos ajustes que dejaron los salarios de todos los servidores públicos intactos: a) para cuidar a todos los funcionarios del Gobierno Federal, el Presidente de la República, entonces Felipe Calderón, no se bajó el salario en el PEF; y, b) para proteger a todo el Poder Judicial (Federal y Estatales) y a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, se puso en la Constitución un artículo transitorio a efecto de que sus “retribuciones nominales superiores al monto máximo (salarial) previsto…, se mantendrán durante el periodo que dure su encargo”. Con ello, no bajaron los salarios de nadie.
Ahora, el nuevo Gobierno indica que sí lo hará. Y el techo serán los 108 mil pesos que ganará el futuro Presidente, pero para hacer la reducción salarial pareja en todos los Poderes y Órganos Autónomos se tienen que cambiar el artículo 94 y los transitorios del 127 de la Constitución. De lo contrario, quedará truncada la reforma propuesta.
Justo por ello, Morena está presionando para que se publique esta semana en el Diario Oficial la nueva Ley de Remuneraciones y ya con ésta publicada, por increíble que parezca, le van a hacer ajustes: excepciones para que algunos cobren más que el Presidente y, a su vez, poder elaborar el PEF.
Se prevé que, por ejemplo, los funcionarios que tengan una “alta especialización” o “trabajo técnico calificado” puedan ganar hasta un 50% más que el Presidente, pero aún con este rasero la merma salarial será importante para varios. Veamos: si el Presidente ganará 108 mil pesos, esto significa que los funcionarios altamente calificados podrían ganar, como techo, hasta 162 mil pesos, monto que está ya por debajo de lo que hoy ganan los Comisionados de organismos reguladores como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia (201 mil pesos).
Cabe señalar que esta reducción salarial también será para los funcionarios de los gobiernos estatales, y es que, con una iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Austeridad Republicana ya propuesta en el Senado, se afectará a todos los niveles y órdenes de la administración pública.
Coincido con los legisladores de Morena en que hay una gran animadversión hacia el sector público y sus excesos, pero estos más bien son cometidos por algunos cuantos, no por todo el servicio público. Me preocupa que con medidas de esta naturaleza el Estado mexicano pierda talento y experiencia que tarda muchos años en construirse y que la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios dañe operaciones y decisiones de la mayor relevancia para el país.
Con esta medida, de no meditarse, aquellos funcionarios que puedan colocarse en la iniciativa privada lo harán antes de que los nuevos salarios empiecen a aplicar, a efecto de no ver mermadas sus pensiones o su seguro de separación.
Estoy seguro de que a todos los mexicanos no nos importaría que se quedaran los actuales salarios, siempre y cuando el servicio público sea honesto y eficiente. De hecho, los actos de corrupción que han manchado a funcionarios estatales y federales nada tienen que ver con las nóminas de los servidores públicos. Los malos manejos versan sobre los recursos para programas sociales, la venta amañada de predios públicos y la asignación a modo de obra pública. Me temo que con malos incentivos económicos (y un sistema anticorrupción que no toma forma) los funcionarios públicos tendrán más incentivos para cometer este tipo de delitos que sí dañan a la hacienda pública y que representan miles de millones en malas decisiones. Veremos qué hace el nuevo Gobierno y sus bancadas estos días.
AMX deja de invertir en México: sorprenden los datos que el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) da a conocer respecto a lo informado en el VI Informe de Gobierno. En concreto, la caída en las inversiones en el sector telecomunicaciones –por 23 mil millones de pesos- atribuida a la reducción en inversiones de América Móvil (Telcel-Telmex) en el país entre 2016 y 2017. Y es que según el VI Informe y datos del IFT, América Móvil (AMX) habría optado por “reducir en 46.3% sus inversiones en comparación con el 2016”, según señala el IDET.
En contraparte, el resto de los operadores prácticamente ha mantenido el ritmo de inversiones. En orden de importancia, el ranking del 2017 en materia de inversión (por Unidad Generadora de Ingreso) es: Grupo Televisa, Megacable y AT&T. De hecho, en el 2017, Televisa –únicamente por lo que hace en telecomunicaciones– invirtió 20 mil millones de pesos –un tercio de todo lo invertido en el sector en México– y su inversión ya fue superior a la realizada por AMX.
Esta estrategia ya la había implementado antes AMX, por ejemplo, cuando fue declarado Agente Económico Preponderante (2014), aunque la reducción no fue tan severa como la del año pasado. Una posibilidad es que AMX haya dejado de invertir al ordenarse la separación funcional de Telmex, decisión regulatoria que tanto la empresa como su sindicato han rechazado. La medida de presión tiene riesgos para AMX pues –sobre todo Telmex– puede seguir perdiendo mercado en telefonía e Internet fijos.
Con todos estos datos, es clave que el nuevo Gobierno – y el IFT– continúen tomando decisiones pertinentes para que haya una competencia efectiva. De lo contrario, no regresarán las inversiones a México y los servicios de telecomunicaciones no continuarán mejorando, tanto en precio como en calidad, como hemos visto estos últimos 3 años.
