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El pasado 22 de diciembre, hacia las 10 de la noche, sexoservidoras del rumbo de Buenavista —en las inmediaciones de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México— marcaron al 911 para reportar que a una de sus compañeras la acababan de “levantar” cuatro hombres.
Una patrulla de la SSP se acercó a la zona. Los tripulantes sólo sacaron en claro que “un grupo de aproximadamente cuatro hombres, a bordo de un Jetta sin placas, color plata”, habían sorprendido a una mujer a las puertas del hotel La Fuente, en la calle Orozco y Berra. “A punta de pistola la sometieron y la subieron al vehículo”, informó una de las sexoservidoras.
Unos días más tarde, personal de la delegación se entrevistó con un grupo de mujeres que denunciaron que la Unión Tepito las estaba extorsionando desde hacía varios meses.
En el perímetro que forman las calles Orozco y Berra, Zaragoza, Puente de Alvarado y Guerrero, opera, desde hace años, medio centenar de sexoservidoras —originarias de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco.
Hasta hace poco eran lideradas “por una persona trans apodada El Choco”, según refirieron las denunciantes. El Choco les exigía una cuota de cien pesos a la semana. Al cabo del tiempo, según un reporte de la delegación consultado por el columnista, El Choco “dejó el liderazgo por su edad avanzada y quedó encargada una mujer llamada Rossana”.
Rossana subió la cuota a 600 pesos a la semana: explicó a sus agremiadas que tal era la tarifa que la Unión Tepito acababa de establecer.
En agosto de 2017, revelaron las mujeres, hubo una reunión en la que estuvieron presentes varios integrantes de la Unión. Los miembros del grupo criminal subieron la cuota a mil 500 pesos a la semana. Sobre las sexoservidoras cayó esta amenaza: si se resistían, serían “levantadas ellas o sus parejas”; y si se iban de Buenavista, serían buscadas y localizadas, “para hacerles daño”.
A partir de ese día, entre siete y diez de la noche, una Ford blanca se presenta en Orozco y Berra para cobrar el “derecho de piso”. Las informantes de los funcionarios delegacionales señalan a un tal Chori como el hombre que encabeza la célula de la Unión —y las extorsiona a través de Rossana y otra lideresa: Alejandra.
La delegación levantó reportes de mujeres lesionadas, “una asesinada y una desaparecida”, y el pasado 8 de enero dirigió un oficio a la procuraduría capitalina —DGSP/0029/2018— para solicitar su intervención urgente.
El reporte afirma que la célula “mantiene en inminente riesgo la integridad física de quienes trabajan en ese perímetro”, y concluye que a la mujer “levantada” en el hotel La Fuente la soltaron poco después, aunque admite “que no se tiene conocimiento de la situación en la que se encuentra”.
En febrero pasado, un líder de vendedores ambulantes de la zona centro, Jaime Vázquez Mendoza, fue asesinado en la colonia Valle Gómez. El homicidio se apegó al guión vigente en las ejecuciones ocurridas en Tepito: dos sujetos a bordo de una motocicleta se le emparejaron en Congreso de la Unión, y le dieron ocho tiros.
La investigación mostró que Vázquez Mendoza, dirigente de los vendedores de las calles de Girón, Peña y Peña y Lecumberri, entre otras, se había negado a pagar extorsiones.
Dos meses más tarde, ambulantes del perímetro B denunciaron ante la procuraduría capitalina que los asesinos habían grabado en un teléfono celular la agonía de Vázquez Mendoza, y utilizaban la grabación para amedrentarlos.
Entre los delincuentes que los ambulantes señalaron se hallaba uno apodado El Chori. Los otros: El Betito, El Huguito, El Chaparro y El Elvis.
El 9 de junio de 2017, Ángel Lemus, otro líder de ambulantes de negro historial (traía encima varias acusaciones de amenaza, extorsión y cobro a vecinos del centro para no ponerles puestos frente a su domicilio), denunció que dos personas en motocicleta se habían presentado en su casa “de parte de Uriel y Alfonso Pérez Tirado, integrantes de la Unión”, para exigirle el pago de 30 millones de pesos.
Lemus controlaba a los ambulantes de República de Haití. Denunció que la Unión lo había despojado de un edificio, e invadido otras propiedades suyas. Su denuncia fue recibida el 13 de junio por la oficina de Control de Gestión del entonces procurador capitalino, Rodolfo Ríos. El líder afirmó que había autos vigilando su domicilio.
En diciembre de 2017 se dirigió a una cita médica. No llegó. No existe el menor indicio de su paradero desde aquella tarde.
Demasiadas cosas. Demasiadas historias para no escucharlas.
@hdemauleon
