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El nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acaba de anunciar que a partir de este momento —es decir, a menos de un año del fin de la administración de Enrique Peña Nieto— desmantelar “al Cártel Jalisco Nueva Generación es el objetivo prioritario del gobierno federal”.
La declaración ocurre a menos de dos semanas de la renuncia del hombre que ocupó la cartera de Gobernación desde el día uno del sexenio, el mismo que concentró en sus manos la estrategia de seguridad y se despidió dejando al país con los peores niveles de violencia de los últimos 20 años: Miguel Ángel Osorio Chong.
En lo que va del sexenio fueron descabezadas diversas organizaciones criminales y vimos caer a algunos de los capos principales: Joaquín El Chapo Guzmán, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar (el Z-40 y el Z-42, respectivamente), Héctor Beltrán Leyva (El H), Servando Gómez (La Tuta) y Enrique Plancarte Solís (Kike Plancarte).
Cayeron también Dámaso López (El Licenciado), Vicente Carrillo Fuentes (El Viceroy), Fernando Sánchez Arellano (El Ingeniero) e Ismael Zambada Imperial (El Mayito Gordo), por citar solo algunos.
Mientras todo eso ocurría, la DEA, el Departamento del Tesoro y otras agencias de seguridad reportaban la imparable expansión del Cártel Jalisco, la manera en que en solo siete años un grupo de narcotraficantes desperdigados en Jalisco y Michoacán se habían apoderado del litoral del Pacífico, controlaban varios estados del Sureste, extendían su poder a lo largo del Río Bravo, dominaban las costas del Golfo y contaban con redes en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina.
Considerado como un desprendimiento del Cártel del Milenio —que dirigían desde Michoacán los hermanos Valencia—, el Cártel Jalisco inició sus actividades como un grupo de gatilleros al servicio del Cártel de Sinaloa y de uno de sus jefes regionales: Ignacio Coronel, abatido por fuerzas federales en 2010.
Tras la caída de Coronel, los líderes de este grupo se separaron del Cártel de Sinaloa e iniciaron su propia operación. Abigael González Valencia, alias El Cuini, asumió la operación financiera; Nemesio Oseguera, El Mencho, se hizo cargo de la expansión armada del nuevo cártel.
La historia aún está llena de agujeros, pero pronto se hizo claro que, mediante la violencia y la cohesión con otras organizaciones criminales, entre ellas varias bandas regionales, el CJNG estaba controlando los puertos del Pacífico y peleaba por quedarse con los del lado del Golfo.
Muy pronto la prensa reportó su presencia en los estados del centro, su avance inocultable hace las ciudades fronterizas. En 2014 la DEA ya ubicaba al Cártel Jalisco en 14 estados, diez ciudades de Estados Unidos, y diversas regiones de Europa y Asia. Se calculó que operaba en el 40% del territorio nacional.
En 2017 se le detectó en 22 de los 32 estados: su presencia se había vuelto apabullante. Su manera de operar era siempre la misma: invadir territorios en los que un jefe criminal había sido aprehendido o abatido; controlar esos territorios por medio del terror y de la violencia; absorber a los grupos que habían quedado descabezados y luego ponerlos a trabajar en su beneficio.
Desde que Abigael González Valencia fue detenido en marzo de 2015, la DEA señaló al Cártel Jalisco como “el grupo de narcotraficantes más rico del mundo”.
Los principales miembros de la organización han sido detenidos por gobiernos extranjeros. Gerardo González Valencia, en abril de 2016, bajo el cargo de “lavado de activos en Uruguay mediante la compra de propiedades inmobiliarias”. José González Valencia, el 27 de diciembre pasado, en un lujoso complejo turístico de Brasil, ante una solicitud realizada por el gobierno de Estados Unidos.
Según funcionarios de inteligencia, la detención de ambos personajes en el Cono Sur daba una idea de la extensión de sus redes (Gerardo González tenía una de sus bases en Quebec).
Llama la atención el anuncio del secretario de Gobernación porque obliga a preguntar: ¿Por qué hasta ahora?
Por qué, cuando todo parece demasiado tarde.
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com
