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El candidato del PRI-PVEM a diputado local, Abel Montúfar Mendoza, salió de su casa en Ciudad Altamirano el pasado 8 de mayo. Lo acompañaba su secretario particular. Nadie a volvió a tener noticias suyas.
A las cuatro de la tarde lo hallaron en el asiento trasero de una Frontier doble cabina, sin pantalones, con golpes y varios impactos de bala. Era el político número 18 asesinado en Guerrero en menos de ocho meses.
Esa noche, de acuerdo con informes oficiales, en las inmediaciones del rancho El Pozo fue atacado un grupo de militares del 34 Batallón de Infantería. Según la Sedena, habían recibido una denuncia anónima que avisaba de la presencia de gente armada en aquella zona de Coyuca de Catalán.
De camino hacia aquel sitio, concretamente en Monte Grande, el grupo fue emboscado. Tres militares murieron (un teniente, un sargento y un cabo), tres resultaron heridos, tres más permanecían hasta anoche en calidad de desaparecidos.
El vehículo en que los militares viajaban no era, sin embargo, oficial. Incluso carecía de placas.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado indican que los militares, en realidad, se hallaban resguardando la ranchería El Pozo, propiedad de la familia Montúfar; que hacia las once de la noche un motivo que aún se desconoce los obligó a moverse; que en Monte Grande tropezaron con un comando que presuntamente se dirigía a la ranchería para ejecutar a la familia del extinto candidato a diputado.
En el acto de arranque de su campaña, Montúfar denunció que mediante amenazas se había tratado de impedir que sus seguidores asistieran al mitin. Dijo que se había desatado el rumor de que habría un atentado en su contra. “Pero no me voy a rajar”, concluyó.
Montúfar era aliado político del diputado priísta Saúl Beltrán, a quien se ha acusado repetidamente, incluso desde la propia Fiscalía General del Estado, de proteger al grupo criminal conocido como Los Tequileros, que encabeza Raybel Jacobo Almonte.
Los Tequileros sostienen desde hace años una guerra a muerte por el control de la región con el antiguo jefe regional de Los Templarios, Rodolfo Maldonado Bustos, alias José Pineda González, Don José o El JP, quien desde hace algún tiempo se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.
Según reportes federales, El JP y su hermano, Francisco Maldonado, alias Chico, son los “encargados”, por parte del CJNG, de Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, Tlalchapa, Coyuca de Catalán y Zirándaro, en Guerrero. Controlan también San Lucas y Huétamo, en Michoacán —en donde, de acuerdo con la fichas de inteligencia, El JP tiene su residencia.
El jefe de sicarios de El JP aparece en los reportes con el nombre de Luis Navarro Peñaloza. Es mejor conocido en la zona por su apodo: El Zarco.
Tanto los dos hermanos como su jefe de sicarios figuran entre los objetivos del Ejército al menos desde 2012. Se sabe que en Angao, Michoacán, cuentan con la protección de las policías estatal y municipal.
Las células de El JP manejan el trasiego de drogas, el secuestro y la extorsión en cinco municipios de Guerrero. Provocaron el cierre de una planta de Coca Cola en Ciudad Altamirano, porque querían controlar la distribución y venta de este refresco.
El gobierno federal atribuye a El JP el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, ocurrido en julio de 2016. Según las investigaciones, el alcalde era compadre del líder de Los Tequileros. Antes de morir, Soto Duarte le dirigió un tuit al presidente Peña Nieto: “Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada. Ya es hora de actuar señor presidente @EPN”.
Se atribuye también a El JP la desaparición del diputado federal del PRD Catalino Duarte Ortuño, “levantado” en marzo de 2017, y de quien nada se ha vuelto a saber.
Familiares de Abel Montúfar ocupan cargos actualmente en instancias del gobierno federal, y en el gobierno del priísta Héctor Astudillo.
Al calor de la más compleja y enconada disputa electoral, nada logra detener al crimen organizado en Guerrero.
