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Un testigo informó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, que el 14 de agosto de 2013 le avisaron por teléfono que habían asesinado a un primo hermano. El testigo se trasladó al lugar de los hechos. Ahí le informaron que los responsables del asesinato eran miembros de la policía comunitaria de Olinalá.
En el momento en que el testigo fue a recoger una camioneta y una vaca que habían pertenecido a su primo, apareció Nestora Salgado con un grupo de comunitarios y lo acusó de querer robárselos.
Le quitaron ambas pertenencias y lo trasladaron al municipio de Atlixco, en donde permaneció incomunicado, “sin que le proporcionaran alimentos y sin dejarlo ir al baño”. Al recibir su queja, la CNDH le asignó la clave PSPR 10:Persona Sujeta a Proceso de Reeducación.
La reeducación es un esquema de trabajo forzado que incluye encierros, maltratos, golpes, amenazas.
El 18 de junio de 2013, según la Recomendación 9/2016, el denunciante PSPR3 fue acusado por Nestora y sus hombres de robo de ganado. Cuando PSPR3 negó los hechos, le solicitaron dinero para dejarlo ir. Como no lo dio, se lo llevaron a la Casa de Justicia “El Paraíso”. A cambio de su liberación, “a sus familiares les pidieron 20 mil pesos”.
La madre de PSPR7 indicó que el 26 de mayo de 2013, Nestora y un grupo de comunitarios se llevaron a su hijo a “El Paraíso”. De acuerdo con la mujer, Nestora le pidió ganado a cambio de liberarlo. Ella se negó: PSPR7 pasó entonces tres meses en la Casa de Justicia: “No se le proporcionaban alimentos y realizaba trabajos todo el día”, declaró su madre.
Un síndico de Olinalá, registrado con la clave PSPR4, indicó a los visitadores de la CNDH que Nestora y 40 comunitarios lo detuvieron a él y a su chofer, sin que supiera por qué. Lo mantuvieron en “El Paraíso” una semana. A lo largo de esos días, “fue víctima de amenazas y no se le proporcionaron alimentos”.
El síndico dijo que a su familia le pidieron 500 mil pesos por su libertad, que los comunitarios pretendían otros 300 mil por la liberación del chofer.
El 9 de junio de 2013, Nestora y 20 miembros de la policía comunitaria detuvieron a dos menores de edad, PSPR1 y PSPR2. Nestora les dijo “que sabía que se dedicaban a vender droga y prostituirse”. Aunque las adolescentes lo negaron, fueron despojadas de sus pertenencias y trasladadas al domicilio de la comandante.
Las mantuvieron con las manos atadas, les preguntaron a “quien le compraban la droga y a quién se la vendían”. Al día siguiente las llevaron, atadas de pies y manos, a la Casa de Justicia Espino Blanco.
“Durante los meses que estuvieron privadas de su libertad trabajaban levantando piedras y frijol, cortando el pasto y barriendo los patios”.
Estuvieron una semana en Espino Blanco, al lado de once hombres. Luego las llevaron a “El Paraíso”, donde estaban recluidas aproximadamente 80 personas.
PSPR2 sufrió abuso sexual por parte de uno de los comandantes. Cuando la adolescente lo denunció, los comunitarios se rieron. Las jóvenes vieron cómo eran golpeados otros detenidos, “con las armas que portaban los comunitarios”.
PSPR7 fue detenido en una riña. Nestora y sus hombres se lo llevaron para reeducarlo. Lo metieron en un cuarto en el que había alrededor de 40 personas que orinaban en botellas de plástico. Lo obligaron a realizar labores de limpieza y de campo, y lo “rentaron” a otras personas para que les hiciera trabajos de albañilería.
PSPR7 fue detenido por estar “en desacuerdo con la existencia de la policía comunitaria”, PSPR25 porque era brujo, PSPR3 por haber comprado un toro y porque el hombre que se lo vendió le entregó un papel que no avalaba la compra del animal; los familiares de PSPR12, PSPR13 y PSPR 14 tuvieron que pagar 20 mil pesos para que Nestora los liberara.
Peritos de la CNDH asentaron que a raíz de estos hechos las víctimas de Nestora y sus comunitarios “son señalados en su comunidad como delincuentes”. Varios de ellos, se lee en la Recomendación emitida en febrero de 2016, “no han podido conseguir trabajo, fueron difamados, tienen miedo de que se vuelvan a repetir los hechos, piensan que sufrirán represalias por denunciar, tienen problemas para conciliar el sueño, sueñan que son secuestrados, sienten miedo y desconfianza de los policías comunitarios, experimentan deseos de venganza y piensan que su vida está en peligro constante”.
El proceso de Nestora Salgado, desde su detención, estuvo plagado de irregularidades. La comandante fue víctima innegable del sistema de justicia. Sin embargo, la CNDH demuestra en su Recomendación que Nestora fue también victimaria.
Hoy vuelve como senadora.
@hdemauleon
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