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El delegado de Morena en Tláhuac, Rigoberto Salgado, comenzó a ser investigado en julio de 2016 por la Contraloría General de la Ciudad de México. El periódico La Crónica había publicado que el jefe delegacional habría utilizado recursos públicos, humanos y materiales, en beneficio de un restaurante de su propiedad: La Carreta del Pacífico.
El diario recogió testimonios de trabajadores delegacionales (“como esto es del jefe, pues hay que chingarle”) que estaban enfundados en overoles “con la leyenda GDF” y constató que estos se trasladaban en camionetas de la demarcación.
Salgado se negó a hablar sobre esto, y más tarde negó tener vínculos de interés con el restaurante.
La Contraloría radicó la denuncia en el expediente CI/TLH/D/0167/2016. Como primera diligencia ordenó una inspección ocular en el establecimiento mercantil, la cual fue realizada por la contralora interna Fabiola Espinosa García.
En un informe rendido el 25 de agosto pasado a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la contralora señaló que había encontrado en la obra a ocho empleados de la delegación Tláhuac: entre ellos, al jefe de sección Antonio Meza Morales, y al sobrestante de la oficina de Guarniciones y Banquetas, José Delgado López.
“Vestían uniformes de dicha delegación”, indicó la funcionaria.
En el lugar había además una camioneta y “una revolvedora de concreto con placas 550-YSM cargada con material”.
Según el documento, tenían “logotipos de la Delegación Tláhuac”.
Durante la inspección se detectó “una conexión de albañal de 20 centímetros de diámetro en servicio de reciente instalación con descarga de 45 centímetros a través de un tramo que corre por la banqueta con registro en la misma”, así como “una toma de agua potable de 19 mm de diámetro”.
La Contraloría solicitó información a diversas dependencias de gobierno, entre otras, a la facultada “para autorizar y realizar trabajos de introducción de drenaje de particulares al sistema de drenaje público en vías primarias”.
El director de Verificación Delegacional y Conexiones del Sistema de Aguas, Gerardo González Rivero, informó que no se tenía registrada solicitud alguna de servicios hidráulicos para el predio señalado. Ningún documento amparaba “la legalidad por el uso, derechos y conexión” del albañal y la toma de agua.
Lo que sí existía era un oficio presentado por María Guadalupe Valdez Torres ante la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en Tláhuac, en el que se solicitaba que en el predio donde se estaba construyendo el restaurante se hiciera una “revisión de descarga por taponamiento”.
La Contraloría concluyó que los trabajadores enviados por el Jefe de Unidad Departamental de Drenaje, Raúl Barranco, a “revisar” dicha descarga fueron quienes realizaron en realidad, de espaldas al SACMEX, la conexión en La Carreta del Pacífico.
Un mes más tarde (18 de agosto de 2016), el director general Jurídico y de Gobierno de Tláhuac, Héctor Jiménez Garcés, concedió licencia de funcionamiento de impacto vecinal a María Guadalupe Valdez Torres.
De acuerdo con la Contraloría, se logró acreditar mediante la copia certificada de la escritura pública 107,528 que la hermana del jefe delegacional, Araceli Salgado Vázquez, es socia de la señora Valdez Torres y posee el 49% “de la persona moral denominada ‘Servicios Gastronómicos La Carreta del Pacífico’”.
El parentesco entre el delegado y Araceli Salgado Vázquez fue confirmado por él mismo en sus Declaraciones Iniciales de Interés fechadas el 23 de noviembre de 2015 y el 24 de mayo de 2016.
La Contraloría detectó que en la delegación no existía “procedimiento de verificación alguno, en materia de construcción, al establecimiento mercantil denominado ‘La Carreta del Pacífico’”.
El informe entregado a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos asienta que en las diligencias realizadas “se advierte claramente el incumplimiento e inobservancia a las diversas disposiciones jurídicas por parte de Rigoberto Salgado Vázquez y servidores públicos adscritos a la delegación Tláhuac y que pudieran ser constitutivos de ser tipificados como delitos penales”.
La conclusión: el uso descarado de recursos públicos, humanos y materiales, “en agravio —indica la Contraloría— de la administración pública y la sociedad”.
@hdemauleon
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