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¿Estamos con los afectados por la tragedia o en contra de ellos? ¿Queremos o no un Estado de Derecho? ¿Firmamos tratados internacionales para respetarlos o para ignorarlos?
Hago estas preguntas porque después de conocer las críticas a la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito sobre lo sucedido en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, parece que varios desprecian el control de convencionalidad, el principio pro persona, la presunción de inocencia, el acceso a la verdad, etcétera.
Los tres magistrados, Mauricio Fernández, Juan Antonio Trejo y Héctor Gálvez, determinaron por unanimidad que la investigación de la Procuraduría no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Tremendo.
Ordenaron reponer el proceso. Así como la creación de una Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia, conformada por la CNDH, los representantes de las víctimas y el Ministerio Público. Pudiendo incorporar a más organizaciones locales y globales.
Es cierto, esta sentencia se va “hasta la cocina”. Faltan definiciones. Hay que aterrizar los cómos. Es polémica. Pero también, de avanzada.
Entre otras cosas:
1.— Retoma el protocolo de Minnesota. El cual indica que si hay sospecha de una actuación parcial o no objetiva por parte del gobierno se recomienda “establecer una comisión independiente especial de indagación”. Hay factores que motivan a ello. Por ejemplo, si las víctimas fueron vistas por última vez bajo custodia de policías, si no pueden obtenerse pruebas físicas, si así lo piden los familiares, o simplemente, por la importancia del asunto.
¿Les suena?
2.— Considera las recomendaciones del GIEI, la CNDH, la CIDH y la ONU.
3.— Concilia los artículos 20 y 21 de la Constitución. El primero expresa el derecho de las víctimas a participar. El segundo, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público.
Como era de esperarse, la Procuraduría General de la República —la misma encargada de Odebrecht, Pegasus, Estafa Maestra, Empresas Fantasma— condenó la resolución.
¿El Poder Judicial invade la esfera del Poder Ejecutivo? No creo. Pero si eso fuera, que lo decida la Corte.
¿Van a salir libres los acusados? No. No, por lo pronto. Sólo se mandata la reposición del proceso. Ahora bien, si fueron torturados no sabremos si confesaron por ser los culpables o por no soportar más el dolor infligido.
¿La hipótesis del basurero de Cocula es la única y la más sólida? Precisamente lo que se ha señalado es que la gestión de Peña Nieto se centró en una línea y dejó cabos sueltos que deberían considerarse para otras pesquisas.
¿Las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa sólo quieren dañar al Ejecutivo federal? Solito se ha dado a conocer y desplomado. No necesita ayuda. Las personas que buscan a sus hijos lo que anhelan es encontrarlos. Punto.
Es hora de dejar de justificar la tortura, de criminalizar a los muertos y desaparecidos, de difamar a los defensores de Derechos Humanos y a las ONG.
Mejor exijamos una fiscalía autónoma que realmente procure justicia. No una que se exculpe a sí misma y actúe por consigna.
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