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Según ello al momento, en que la empresa, tras una denuncia de fraude planteada por Banamex, fue incautada, se debió solicitar el financiamiento para pago de nómina y gasto corriente.
La “prueba” colocada en la mesa por la instancia era el informe final de labores de ésta en su carácter de administradora.
Como usted sabe, el 20 de junio del año pasado la Procuraduría General de la República levantó el aseguramiento de la naviera.
En su rechazo a los recursos el juez Felipe Consuelo Soto señaló que no hay constancia de que se le haya pedido autorización para contratar el crédito, ni existen documentos que prueben su existencia.
No es suficiente, pues, que el síndico diga que se encuentra registrado en la contabilidad.
De acuerdo al togado fue hasta la rendición final de los informes cuando se hizo del conocimiento la existencia de un crédito, pero no hay constancia de su autorización previa, ni sustentación de su destino (facturas, ni recibos…).
Lo que impugnaba el SAE por conducto de su apoderada, Norma Romero Méndez, eran cinco autos dictados en noviembre y diciembre de 2017 en los que se rechazaba que el organismo tuviera personalidad jurídica para el reclamo.
De acuerdo con el artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles; la tarea del administrador, conciliador y síndico de una empresa en vía de reestructura de sus deudas es mantener y conservar los activos que conforman la masa de la empresa, incluyendo los bienes sobre los que se haya constituido garantía real o privilegio especial a favor de acreedores reconocidos, reconociéndose los gastos inherentes.
El caso es que de enero de 2014 a octubre de 2015 Petróleos Mexicanos le pagó a Oceanografía por concepto de contratos pactados en la fase previa a su suspensión de dos años, 4 mil 903 millones 124 mil pesos.
Más allá, el 11 de febrero de 2015 la empresa productiva del Estado le regresó a la naviera por orden del juez Felipe Consuelo Soto, 529 millones 601 mil pesos por concepto de penas convencionales aplicadas.
Los recursos los administró el SAE.
El hecho es que la inexistencia de documentos permite suponer que los 2 mil en realidad 2 mil cuatro millones de pesos, provinieron de recursos públicos.
Dinero público, pues, la basura.
A ello habrá que sumar el que a la vera del concurso mercantil no se le reconoció a Oceanografía un adeudo fiscal de 22 mil millones de pesos.
Total, para eso son los impuestos.
Balance general.
En la fase previa al lanzamiento de una emisión de bonos de deuda vía la Fibra E, con cargo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y proa para financiar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, había urgido a buscar nuevos instrumentos para financiar obras públicas, aduciendo que se elevaría al costo de la terminal aérea.
Este se había calculado originalmente en 13 mil millones de dólares.
Con la emisión se buscaba recaudar mil 500 millones de dólares vía los fondos institucionales y desde luego la masa de recursos acumulada en el Sistema de Ahorro para el Retiro.
La cosecha llegó a 30 mil millones de pesos, es decir justo el tope.
Los papeles tienen el aval de la serie P de la terminal, sin derecho de dividendos.
En el papel el dinero se pagará con los propios ingresos de ésta… a partir de 2023 en que entraría en escena.
Televisa la libra.
En reunión ordinaria el pleno al Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió una resolución en la que se determina la inexistencia de elementos para considerar a Televisa agente económico con peso sustancial en el mercado de televisión de paga.
El marco del asunto remite a una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que le exigía al organismo regulador cumplir a la letra otras dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, derivada de un amparo a la empresa de Emilio Azcárraga Jean.
En esta se ordenaba una nueva evaluación, considerando sólo el periodo de enero de 2009 hasta agosto de 2014.
La resolución dictada el 24 de febrero de 2017 fue la que rechazó la Corte.
Subasta de espectro.
Considerada la joya de la corona en materia de posibilidades de explotación, la subasta para concesionar la banda de 2.5 gigahercios ha concitada el interés de prácticamente todas las firmas de telecomunicaciones, incluida Telcel.
Colocada la licitación en fase de formulación de preguntar, en la primera jornada se plantearon 194.
El punto más socorrido es la cobertura, aunque también se apunta a la complejidad de criterios técnicos colocados en las bases para el uso de la tecnología 3G.
La mayor parte del espectro estaba en manos de MVS, quien le vendió un pedazo de carretera que se le había dejado a Telcel, lo que alentó a la competencia a pedir que se bloqueara su participación en la licitación.
PetStar
. Reunidas hace unos días en Bogotá, Colombia, las principales empresas de reciclaje de América Latina, la atención se centró en el modelo de acopio inclusivo de nuestra principal firma del ramo, Pet- Star, ubicada como la de grado alimenticio más grande del mundo.
La compañía cuyo principal socio en la embotelladora Arca Continental ha implementado varios programas para reconocer y dignificar la labor de los “recuperadores”, es decir quienes reciclan los envases usados para llevarlos a ocho plantas de acopio instaladas en el país.
La cosecha actual es de 3 mil 100 millones de botellas de PET al año, cuyo volumen llenaría 2.4 veces el Estadio Azteca.
En el capital de la firma con sede en Toluca participan también Coca-Cola de México, Bepensa Bebidas, Corporación del Fuerte, Corporación Rica, Grupo Embotellador Nayar y Embotelladora de Colima.
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Por vacaciones de su autor, esta columna reaparecerá el próximo lunes 9 de abril.
