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El discurso de renuncia de Raúl Cervantes a la PGR ante el Senado fue claro y puntual: lo que tenemos no sirve para que en México exista Estado de Derecho. No sirve la institución, pero tampoco el personal ni la mentalidad con la que se quiere procurar justicia en México.
Dijo Cervantes: “Para inhibir, frenar y sancionar los delitos que se cometen hoy en México, se requiere de un nuevo servicio profesional de carrera para el personal de la Procuraduría, los Ministerios Públicos y los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, uno que les brinde incentivos y seguridades”.
“Hoy se trabaja con herramientas —y, necesario decirlo, a veces también con una mentalidad— del siglo pasado, […] También hemos sido testigos de una serie de delitos cuya crueldad y violencia evidencian que, además de contar con instituciones fuertes y eficientes, es necesario invertir en el capital humano y moral del país”.
El consenso sobre la falta de funcionalidad de la PGR no está a debate. El problema es que, si creemos que dotando de independencia a la procuración de justicia del Poder Ejecutivo vamos a lograr el objetivo de cumplir con el Estado de Derecho, el diagnóstico del hoy ex procurador hace evidente ese gran error.
Si al momento de migrar la PGR a una Fiscalía lo único que se pretende es un fiscal independiente, pero se deja debajo de éste toda la podredumbre que es la que verdaderamente tiene empantanada la procuración de justicia, poco se logrará. Más allá de un nuevo edificio, un nuevo nombre para el titular y seguramente una bonita nueva papelería, la procuración de justicia sufrirá las mismas mañas, trampas, vicios y corruptelas que tienen a México hoy con el elevado índice de delitos e impunidad.
El nombre de quien ocupe por primera vez la Fiscalía será lo de menos si no se diseña desde cero toda la institución de procuración de justicia.
¿Qué han hecho otros países exitosos para fortalecer el Estado de Derecho? Mucho han mencionado los colectivos de la sociedad civil afines al Frente Ciudadano por México el ejemplo de Brasil y de Guatemala. Ambos han tenido resultados patéticos.
En Brasil ya sacaron a la presidenta Dilma Rouseff para poner a otro político igual o más corrupto en su lugar. Hay una condena de casi 10 años de prisión sobre el ex presidente Lula da Silva quien, de todas formas, ha dicho que va a hacer campaña presidencial el año próximo. Y la lista de políticos de todos los partidos señalados de actos de corrupción tiene al país, que hace poco era visto como la locomotora de América Latina, en tremenda crisis política, económica y social.
En Guatemala la intervención internacional ha probado que pueden meter al ex presidente Otto Perez Molina a prisión, pero al final la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) ha actuado también con tintes políticos.
El mejor ejemplo de hacer bien la migración ha sido Chile. En el año 2000 decidieron que, para mejorar el Estado de Derecho, debían pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Para ello se llevó a cabo una amplia Reforma Procesal Penal que creó una nueva Fiscalía, allá la llaman Ministerio Público, que comenzó desde cero a funcionar por regiones del país a lo largo de cinco años.
Este nuevo Ministerio Público contó con gente nueva, capacitada para el sistema acusatorio y para trabajar con el nuevo Código Procesal Penal. Los casos anteriores al 2000 que manejaban los juzgados bajo el Código de Procedimiento Penal fueron concluyéndose y cerrándose. De esa manera dejaron morir poco a poco el sistema penal anterior y nació, poco a poco, un nuevo sistema penal que no arrancó cargando con los vicios de la institución que se quería dejar atrás.
El Fiscal independiente es una condición necesaria, más no suficiente, para que se procure bien justicia en México. Habría que dejar morir, poco a poco, a la PGR, y a la vez tener una Fiscalía que arranque con gente nueva, capacitada para las nuevas reglas y dejar atrás, en serio, los vicios jurídicos del pasado-presente.
@AnaPOrdorica
