La negociación Segob-Chihuahua

La negociación entre el nuevo secretario de Gobernación y Javier Corral demostró que se hizo un acuerdo político resuelto en lo oscurito, pues los 900 millones que pedían para Chihuahua se van a entregar y en su marcha dejó malparado al PRI y permitió ver la división entre panistas, todo en plena temporada electoral

Alfonso Navarrete Prida arrancó con el pie derecho su encargo como secretario de Gobernación al negociar con Javier Corral la crisis económica y política de Chihuahua. México, por el contrario, perdió porque una vez más fueron acuerdos políticos en lo oscurito los que resuelven una crisis en la que en medio queda la duda de qué pasará con la investigación sobre la triangulación de recursos de Hacienda a las campañas políticas del PRI.

Recordemos que el caso Chihuahua se complicó cuando Gustavo Madero, coordinador de Gabinete de Javier Corral, le pide a su amigo José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, conocer por qué Chihuahua no había recibido los 900 millones de pesos que la Federación se había comprometido a depositarle.

González Anaya le respondió a Madero: “Hay que platicar” y de ahí surgió la reunión en donde se le aclaró al gobierno de Corral que no se le depositaba ese dinero por insuficiencia presupuestal, pero que también había un problema con la detención del PRIísta Alejandro Gutiérrez, acusado de la triangulación de recursos para las campañas. Eso fue una plática que se entendía se daba entre amigos, pero que generó la crisis que todos vimos con Corral flanqueado por personalidades de la sociedad civil e incluso del mundo del cine exigiendo el pago de lo adeudado y la extradición del ex gobernador Cesar Duarte.

El problema escaló al grado que el precandidato del PRI, José Antonio Meade, entró en escena y se subió al ring al llamar torturador a Corral, refiriéndose al trato que se especula el gobierno de Chihuahua estaba dando a Alejandro Gutiérrez.

Mala estrategia de Meade la de subirse a ese ring ultra PRIísta. Pero eso es otra historia.

El tema pasó de Chihuahua a Hacienda a la campaña de Meade y de ahí a Gobernación. ¿Qué tiene que ver la Segob en un conflicto hacendario? Nada, si se tratara solo de eso.

Pero como el problema con Corral era mucho más que 900 millones de pesos, entró Navarrete Prida en escena para firmar un documento que reconoce juridicidad a los convenios de Hacienda con los estados, y por ello admite que sí era obligación de la SHCP depositarle los fondos a Chihuahua, a cambio de permitir el traslado de Alejandro Gutiérrez de una prisión estatal al Centro Federal de Readaptación Social No. 8 en Ciudad Juárez.

Además de salir ganador Navarrete Prida, sale triunfando Corral, ya que él quería dos cosas con todo este escándalo: las solicitudes de extradición de Cesar Duarte y los 900 millones de pesos. Gana Corral y lo hace sin haber sido muy diplomático con el gobierno federal. Gana habiéndolos arrinconado.

Además Corral logró visibilizar un tema sumamente delicado y neurálgico para el modus operandi de cuando menos este régimen PRIísta: la distribución discrecional de recursos federales como mecanismo de control político.

El perdedor es por ello el gobierno federal. Y en cierta medida el PAN también sale raspado, ya que se vuelven a hacer evidentes las divisiones en el partido que generó la candidatura de Ricardo Anaya, si nos asomamos a las cuentas de Twitter de dos senadores panistas: Jorge Luis Lavalle y Roberto Gil. Ambos han cuestionado públicamente, a través de sus redes sociales, el acuerdo Segob-Corral como un acuerdo político.

Al gobernador de su partido, de un estado tan emblemático para el PAN como lo es Chihuahua, le están mandando los recursos requeridos y la promesa de extraditar a ooootro ex gobernador PRIísta en plena temporada electoral, y sus partidarios cuestionan lo ocurrido. Cómo explicar esta queja si no como una muestra más de la tremenda crisis del PAN en donde hay un segmento del partido que, con tal de no ver triunfar a Anaya, están dispuestos a irse del lado del PRI y del gobierno federal.

Ahora sólo le queda a Hacienda darle forma jurídica a la entrega de 900 millones de pesos en 2018, que debieron haber sido entregados en  2017.