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Ha pasado un año desde el sismo del 19 de septiembre y uno pensaría que las escuelas afectadas estarían ya rehabilitadas dada la solidaridad que vimos de autoridades y sociedad civil. El México generoso y humano de 1985 volvió a emerger con ese sismo que afectó nueve estados del centro y sur, sureste del país.
El problema, sin embargo, no ha quedado atrás. A pesar de que una semana después del terremoto el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó un informe público en el que declaró que la reconstrucción sería lenta, “tomará entre dos y tres semanas”, es la fecha en que miles de alumnos siguen sin tener un aula adecuada.
El informe de Nuño mencionaba que el costo de reconstruir las 13 mil escuelas que habían sufrido daños y de rehacer las 577 que tendrían que tirarse y ser reconstruidas por completo sería de 13 mil millones de pesos aproximadamente.
Además, el entonces titular de la SEP informó que 70 mil escuelas ya habían regresado a clases. El problema fue que este regreso a clases fue en muchos casos a aulas provisionales que en realidad eran tráileres acondicionados como salón de clases, en el mejor de los casos.
Estos datos los tomo de dos periodistas, Irene Larraz y Nadia Sanders, quienes hicieron una investigación sobre la reconstrucción de escuelas desde el sismo de hace un año y lo narraron para un podcast de NPR, Radio Ambulante.
Dos semanas después del sismo, los 13 mil mdp presupuestados para la reconstrucción habían aumentado a casi 20 mil mdp. Pero el problema encontrado por Sanders y Larraz no fue solamente de presupuesto creciente e inexplicable. El mayor problema fue y sigue siendo la enorme burocracia. Es por ella que alumnos que fueron víctimas primero del terremoto, han seguido siendo víctimas, pero ahora de la incompetencia de las autoridades; excesiva burocratización y negligencia del Estado.
Las periodistas fueron a la escuela Leonismo Internacional de la CDMX seis meses después del sismo. Ahí encontraron un ejemplo del desorden institucional de la reconstrucción. La escuela presentó unas grietas tras el sismo, por lo que la directora pidió la revisión del Colegio de Ingenieros, quienes consideraron que la escuela estaba en buen estado y entregó un dictamen en verde, es decir, favorable para poder hacer uso de las instalaciones.
Pero entonces llegó el gobierno y dijo que el Colegio de Ingenieros no era la autoridad competente para emitir esos dictámenes. El Director General de Obra era quien debía hacerlo. Llegó el DGO, revisó y puso el dictamen de la escuela en rojo, es decir, no apto para ser utilizado.
Diez dictámenes después y tremendo laberinto burocrático de por medio, apenas el 23 de julio de este año es que la escuela fue demolida. La reconstrucción está pendiente, según la página de la SEP, que por cierto habla de que la escuela solo sufrió daño parcial.
Los alumnos han tenido que tomar clases en una lona encima del patio. Frío, lluvia, granizo, calor… no han logrado que las autoridades hagan su trabajo para que los alumnos puedan tomar clases en un lugar adecuado.
El Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y Compranet no tienen datos claros y accesibles para saber cómo y en qué escuelas se han utilizado los 20 mil mdp, que además pudieron adjudicarse de forma directa dado el carácter de emergencia.
19 de septiembre de nuevo y muchos en México siguen padeciendo los efectos, no del sismo, sí de la burocracia.
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