El sábado pasado, Andrés Manuel López Obrador, el casi seguro candidato presidencial de Morena, pronunció las siguientes palabras en Quechultenango, Guerrero: “Vamos a hacer todo lo que se pueda, para que logremos la paz en el país. Que no haya violencia…Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón.”
¿Debemos entender que López Obrador está analizando la posibilidad de un arreglo político con grupos criminales? De ser el caso, van algunos humildes comentarios:
1. Un arreglo de pax narca a la vieja usanza es estructuralmente inestable, por razones que detallé hace algunos meses (http://eluni.mx/2zIU8SC). En esencia, nunca hay allí un intercambio limpio de paz por tolerancia. Siempre se mezclan los intereses pecuniarios o políticos de los funcionarios que administran el acuerdo. Eso nunca acaba bien.
2. Un arreglo político con unas bandas para derrotar a otras, como sucedió en Michoacán en 2014, tampoco es una ruta muy eficaz. Puede conducir en efecto a la derrota de algún grupo (los Caballeros Templarios, en ese caso), pero acaba empoderando a los grupos aliados y rápidamente se salen de control. Y pasa lo que pasó en Michoacán: 55% más homicidios en 2016 que en 2013, antes del arreglo.
3. Un tregua pactada, como se intentó hace algunos años con las maras en El Salvador, tampoco es buena solución. Pueden tener resultados favorables en el corto plazo, pero las estructuras criminales se mantienen intactas e incidentes relativamente menores acaban detonando una nueva espiral de violencia. En 2016, la tasa de homicidio en El Salvador fue 20% superior a la de 2011, el año previo a la tregua.
4. Los llamados procesos de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) en Colombia son tal vez un mejor modelo. El principio es sencillo: se ofrecen una serie de beneficios jurídicos (sentencias más cortas, por ejemplo) a grupos criminales, codificados en legislación especial, a cambio de que sus integrantes se desmovilicen, se desarmen y se entreguen a las autoridades. Ese fue el arreglo, grosso modo, con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2003. Y surtió algunos efectos positivos: en tres años, los homicidios y secuestros disminuyeron 50% y 80%, respectivamente. Pero no todo fue miel sobre hojuelas: varios de los paramilitares desmovilizados acabaron integrados en bandas criminales de nuevo cuño (llamadas BACRIM por las autoridades colombianas) y el país terminó envuelto en una serie de escándalos de corrupción, conocidos colectivamente como la parapolítica.
5. En cualquier modelo, la excepcionalidad del arreglo debe ser transmitida con claridad meridiana desde el arranque. De otra forma, los grupos criminales pueden percibir que, si se vuelven suficientemente violentos, pueden recibir un trato de privilegio. La paz hoy puede provocar más violencia mañana.
6. Una negociación con delincuentes es el tipo de cosas que se hacen en el gobierno, pero no se discuten en campaña. Si López Obrador habla en serio, bien haría en no andar analizando la posibilidad en voz alta, frente a multitudes y con todos los reflectores encima. Esto requiere hilado fino y trabajo discreto, no griterío, no slogans.
Un último comentario: negociar con delincuentes es pactar con el diablo. Y quien pacta con el diablo, pierde su alma. Sobre ese punto, nadie puede llamarse a engaño. De un arreglo con criminales, nadie sale impoluto, aun cuando existan razones de interés público para construirlo. En este pantano, todos los plumajes se manchan. Hasta el de Andrés Manuel.
