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Otorgado éste en 2007 por el gobierno del Estado de México encabezado por Arturo Montiel, a la firma Viabilis Infraestructura, ésta se lo traspasaría tres años después a la subsidiaria de la excooperativa de ingenieros, Controladora de Operaciones de Infraestructura.
El precio de la transición fueron mil 200 millones de pesos, cubiertos en dos exhibiciones, la primera en dólares.
Lo curioso del caso es que para entonces, aunque la firma encabezada por Pedro Topete Vargas había cubierto los gastos del estudio de factibilidad de la cinta de asfalto que tocaría, además, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, no había avanzado un centímetro de obra.
Y lo curioso del caso, es que aparentemente la transición se realizó con un poder notarial falso, al menos existe un acta levantada por el notario número 9 del Distrito Judicial de Tula que aunque reconoce que en su oficina se habían iniciado los trámites para expedir el poder, el expediente nunca se cerró.
El hecho es que existe a su vez un expediente abierto por la Bolsa de Valores de Nueva York en la que cotizaban las acciones del grupo ICA, en que se cuestiona la validez de la operación de cara a que la constructora señale como activo la estructura sin la certeza correspondiente.
En el escenario se anota también una petición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México al Registro Público de la Propiedad para no anotar a ICA como propietario.
En el marco algunos de los socios de Viabilis Infraestructura, quienes cubrieron el costo del estudio de viabilidad de la carretera, presentaron una denuncia con dos puntos en la mesa: la firma hizo caso omiso de su negativa a vender y, consumado el acto, no se les dio participación alguna en el pastel.
De acuerdo al esquema planteado, con el traspaso del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado surgiría una sociedad entre las firmas vendedora y compradora.
La operación se realizó en la época en que el director general de ICA era Alonso Quintana Kawage. Lo curioso del caso es que el nombre de la constructora vuelve a aparecer en otro nebuloso caso: el traspaso de la concesión por parte de la empresa estadounidense Genesse & Wyoming a otra firma de Pedro Topete Vargas denominada Viabilis Holding, del Ferrocarril Chiapas Mayab, motejado como La Bestia.
La firma emblemática en la construcción de infraestructura en el país le había prestado a éste 2.5 millones de dólares para cubrir el traspaso, en condiciones en que un incumplimiento de pago lo haría perder la concesión en favor del acreedor.
Al cuarto para las 12 de vencerse el plazo fatal Topete pagó. Sin embargo, como usted sabe, hace unos meses la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le retiró la concesión. “La Bestia” la opera el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
La pretensión de ICA para salir del concurso mercantil es canjear deuda por acciones y activos, quedándose los actuales propietarios del capital con un simple porcentaje simbólico. El jaloneo, decíamos, podría aflorar trapitos al sol.
Balance general.
Como le habíamos comentado en este espacio, Estados Unidos confirmó oficialmente su pretensión de tener una rebanada de 50% en la exigencia de contenido regional en la fabricación de automóviles con proa al mercado de su país.
De acuerdo a la agencia Reuters el porcentaje total se elevaría de 62.5% a 85. Evidentemente el planteamiento es inadmisible.
México se enfrentaría a la posibilidad de salir del mercado al cancelarse la compra de insumos baratos que actualmente proveen países asiáticos, con énfasis en China.
Las plantas de autopartes que se instalan como satélites a la vera de las inversiones de firmas automotrices internacionales en el país se quedarían solo para atender el mercado interno.
Ahora que si el escenario alcanzara la reciprocidad, es decir la regla de oro del comercio exterior, la ganadora sería Rassini de la familia Madero Bracho, quien tiene plantas de autopartes específicas en Estados Unidos.
Lo cierto es que el escenario apunta a que tarde o temprano México, y eventualmente Canadá, se levanten de la mesa.
Por lo pronto el nerviosismo sigue haciendo estragos en el mercado cambiario.
Se blinda la IP.
Levantado el sospechosísimo en torno al correcto uso de los donativos otorgados por la población, empresas, fondos y particulares, para atender la emergencia del S-19, el Consejo Coordinador Empresarial está blindando al fideicomiso donde integra el acumulado, Fuerza México, de cara a la transparencia total.
El Comité Técnico de éste firmó un convenio con el Instituto Nacional de Acceso a la Información para darle ventanilla a sus solicitudes. Como usted sabe, éste solo tiene jurisdicción en relación a la información emanada del sector público.
Y como usted sabe, durante años el gobierno ha cerrado el acceso a operaciones sospechosas colocándose éstas en un fideicomiso, bajo el escudo del “secreto fiduciario”.
Fuerza México renuncia a éste, abriendo la posibilidad, incluso, de conocer las cláusulas del contrato.
Escándalo a la vista. La decisión de Petróleos Mexicanos de cancelarle todos los contratos de arrendamiento a las plataformas marinas de la empresa Oro Negro, lo que aceleró su solicitud de concurso mercantil, coloca en la antesala un escándalo.
Estamos hablando de que aparentemente sin opción ya de sobrevivencia dada la magnitud de su deuda, Oro Negro dejará en el limbo el financiamiento obtenido vía Certificados de Capital de Desarrollo, conocidos como CKD’s, una parte de los cuales se adquirieron con fondos de ahorro de los trabajadores inscritos en el Sistema de Ahorro para el Retiro. El monto es de 5 mil millones de pesos. Las Afores que colocaron la apuesta fallida fueron Banamex y Sura.
Barata de Pemex.
Petróleos Mexicanos acaba de firmar un convenio con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para realizar una suerte de venta de garaje de activos improductivos. Estamos hablando de maquinaria y equipos que se volvieron obsoletos o resultan sobrados para la firma dado el nuevo escenario que la coloca como una más, sin opción de abarcar el abanico total. La barata del año.
Otro damnificado
. La decisión de Petróleos Mexicanos de cancelar, rebajar la renta o acotar los contratos con empresas que ofrecen plataformas marinas pone en trance de concurso mercantil, además de Oro Negro, a la Constructora y Perforadora Latina, cuyo propietario es Adolfo Del Valle Ruiz.
