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La joya de la corona en materia de banda ancha la pelean Telefónica México, en afán de sobrevivencia; AT&T de Estados Unidos, en afán de alcanzar el tú a tú con América Móvil, además de diversos prestadores de servicios de telecomunicaciones.
Del tamaño del tesoro hablan las zancadillas que en su momento le colocaron a la concesionaria original de la banda, la cadena MVS, de Joaquín Vargas.
La firma había mantenido por años la concesión del espectro con un alcance de 190 megahercios, lo que provocó diversas denuncias no sólo de acaparamiento, sino de desperdicio.
La empresa sólo utilizaba una parte mínima de la carretera.
En el jaloneo resultó de pronto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acusó a la firma de no haber entregado en tiempo y forma una solicitud de refrendo de la concesión, lo que la colocaba en la cuerda floja.
Y de pronto, en afán de mostrar que habría uso, MVS planteó la posibilidad de un proyecto que a su juicio cambiaría la historia de la banda ancha, con una inversión de 900 millones de dólares.
Concretamente se planteaba aglutinar un consorcio en el que participarían las firmas Clearwire, Alestra e Intel, cuya novedad sería el uso de la tecnología LTE.
La promesa hablaba de una velocidad de conexión 20 veces más rápida.
La posibilidad se quedó en el limbo.
Elevado el litigio sobre la permanencia del espectro en manos de MVS a la Suprema Corte, ésta determinó que la decisión final la daría la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Ésta abrió un largo paréntesis, según ello para estudiar el mejor uso de la banda.
Finalmente se le dejó a MVS una parte del espectro a cambio de una contraprestación originalmente calculada en 13 mil 400 millones de pesos a pagar a 20 años… que finalmente a presión de la Cámara de Diputados se redujo a 356 millones.
Así, MVS le pudo vender a Telcel un segmento de 60 megahercios de la banda, lo que revivió las versiones de que la alianza entre Teléfonos de México y Dish, la firma de televisión satelital de MVS, para efectos de comercialización era en realidad una sociedad.
El resto del espectro, exactamente 90 megahercios, es el que se colocará en licitación.
Colocada en una ruta crítica la expedición de la convocatoria en diciembre, la retrasó una protesta de los posibles participantes colocando dos caminos para evitar que Telcel se comiera el resto del espectro.
Uno hablaba de plano de cerrarle la puerta, y otro de limitar la compra a sólo una parte de la banda.
La concesión de la discordia se le entregó a la empresa de Joaquín Vargas en 1991, es decir cuando era aún incipiente la telefonía móvil en el país y la posibilidad de internet un sueño.
El título de concesión hablaba en el papel de transmitir señales de microondas en el marco de la televisión restringida o de paga.
MVS operaba el canal 52.
El espectro de la banda de 2.5 representa 11% de las susceptibles de utilizarse para banda ancha.
La campal del año.
Balance general.
El escándalo desatado por la denuncia del Instituto Nacional Electoral sobre la derrama de pagos a 7 mil representantes de casilla de siete partidos durante el proceso electoral de 2012, vía la entrega de tarjetas de débito de Bancomer, a querer o no coloca en el banquillo a la intermediaria de capital español.
De acuerdo con el INE se negó en 25 ocasiones, oficio de requisición al calce, a entregar la información correspondiente, sobre la base de un depósito etiquetado por la empresa Logística Estratégica Asismex, de 18.4 millones de pesos.
Tras cuatro años de caso omiso, Bancomer entregó el listado de beneficiarios de sus tarjetas en diciembre pasado con la novedad de que la posibilidad de exigir cuentas se extinguía el 18 de enero.
La firma, como le comentábamos el viernes, colocó en el propio banco depósitos por mil 394 millones, producto, en el papel de contratos otorgados por el gobierno de Veracruz encabezado por
Javier Duarte.
La empresa fue calificada de fantasma.
Constituida con un capital de 50 mil pesos en el 2012, cuatro años después, la firma fue extinguida.
Humo blanco.
El próximo 25 del mes que corre, en el marco de la reunión habitual del Consejo Directivo, la Comisión de Auscultación de Concamin entregará el resultado del sondeo que realizó entre la Cámaras Industriales confederadas de cara al proceso de sucesión de su actual presidente, Manuel Herrera.
De acuerdo con los estatutos de la cúpula productiva, el candidato con más nominaciones sería en automático el relevo, presentándose con la bandera de unidad.
En la palestra están un discreto Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; un tímido Francisco Cervantes, ex presidente de los industriales del Estado de México, y un activo Rodrigo Alpízar, ex presidente de Canacintra.
En el Comité de Auscultación participan los ex presidente Jesús Ceballos y Alfonso Pandal; los industriales Manuel Ureta y Rafael Zaga, además del abogado Manuel Reguera.
Ómbudsman de inversiones.
En su periplo de campaña por alcanzar la nominación del frente PAN-PRD a la jefatura de Gobierno, el ex secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, ofreció la creación de una instancia para vigilar y defender las inversiones.
Algo así como ómbudsman de negocios.
Actuaría con plena autonomía para gestionar o plantear el derribo de barreras artificiales a la posibilidad de abrir nuevas empresas.
Adicionalmente, estaría atenta a denuncias de corrupción o torcimiento de licitaciones.
Movimientos en seguros.
Bajo la asesoría del despacho Santamarina y Steta, se acaba de cerrar la compra de 100% del capital de Integra, Agente de Seguros y Fianzas, por parte de IRL agente de Seguros y Fianzas.
En el escenario el propio bufet asesoró a la compradora para adquirir un crédito del Banco Actinver por 550 millones de pesos.
IRL con la adquisición se ubica entre las 10 empresas más grandes del sector asegurador del país.
