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Este último capítulo representó este año 12.5% del presupuesto total de egresos, alcanzando el equivalente a 3.8% del Producto Interno Bruto.
Estamos hablando de 720 mil 126 millones de pesos, equivalentes a 90% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y 50% de la correspondiente al Impuesto Sobre la Renta.
La cantidad requerida para evitar dejar sin quincena a miles y miles de servidores públicos en retiro o en fila, ya del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, bancos de desarrollo y universidades públicas, ha venido creciendo como alud.
En 2012, por ejemplo, se tenía proyectada una erogación de 362 mil millones de pesos, que a la hora de la verdad resultó de 420 mil. Para este año la partida prevista alcanza el doble.
Minimizado por décadas el problema por el gobierno, si en 2013 el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calculaba el boquete en 350 sistemas pensionarios de reparto para servidores públicos en el equivalente en 105% del PIB, hoy se habla de 120% a 150%.
Aunque a raíz del nuevo escenario que planteó la reforma energética el gobierno debió equilibrar los sistemas de pensiones de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad por doble vía, es decir reducir el monto pensionario; aumentar la edad de retiro e incrementar la aportación de los trabajadores, además de inyectarle recursos a las reservas, el escenario requirió incrementar la deuda pública.
La alarma la prendió hace una década la Auditoria Superior de la Federación al revelar que de los 350 sistemas pensionarios de reparto existentes, sólo estaban debidamente fondeados cinco de ellos.
Y aunque el gobierno federal exigió a las entidades federativas equilibrar sus escenarios, hasta hoy solo dos se han atrevido a dar el paso: Chihuahua y Querétaro.
La negativa de Veracruz en la página negra de Javier Duarte, de ponerle cataplasma a las heridas, como recordará usted, provocó manifestaciones públicas de profesores de primaria, secundaria y trabajadores de la universidad, que fueron reprimidas a palos.
“Que mantengan sus hijos a los viejos”, sentenció el todopoderoso.
Bajo el escenario, se dan cascos de escándalo como el que el actual secretario general de la OCDE, José Ángel Gurria, logró jubilarse a los 42 años con cargo al Banco Nacional de Comercio Exterior, alegando haber acumulado 20 en el sector financiero.
La percepción hace 20, era de 42 mil pesos. Y con un año de director general de Nacional Financiera, Óscar Espinosa Villarreal alcanzó una jubilación de 7 mil.
En algunos gobiernos municipales se contrataba como campanero del servicio de limpia a muchachos de 12 años, que a los 37 se volvían jubilados.
La bomba de tiempo se empezó a activar durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando se modificaban los contratos colectivos sin calcular con seriedad los costos a futuro... y a veces sin crear las reservas preventivas necesarias.
Modificado con largueza el Régimen de Pensiones y Jubilaciones para trabajadores del Seguro Social en 1982, fue hasta 1997 cuando se empezaron a crear las reservas.
El faltante araña los 2 billones de pesos.
La otra deuda pública.
Balance general.
Paradójicamente, el momento más emotivo de la Reunión Anual de Industriales (RAI) celebrada en Monterrey la semana pasada, fue la presentación de un libro de recuento de los primeros 100 años de la Concamin, realizada por su autor, Alfonso Zárate, quien se restablece de un evento politraumático.
Lo curioso del caso es que la cúpula industrial nació en 1918.
Convocados tres partidos políticos a debatir sobre sus propuestas, hete aquí que el PAN, es decir Ricardo Anaya y el PRD, es decir Alejandra Barrales, declinaron la invitación al cuarto para las 12.
La intervención en calidad de monólogo del dirigente priísta Enrique Ochoa, parecía pintar de tres colores a la dirigencia del organismo.
La celebración adelantada omitió reconocer a los ex presidentes que le dieron pilar al organismo, así el decano, Prudencio López; así los desaparecidos Juan Sánchez Navarro y José Campillo Sáenz; así Jorge Sánchez Mejorada.
Amparo colectivo.
El Movimiento Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica anunciará mañana la presentación de una solicitud de amparo colectivo contra la Comisión Federal de Electricidad, con el que pretenden protegerse contra lo que califican de cobros ilegales.
El organismo agrupa usuarios de los municipios de Ecatepec, Nicolás Romero, Ixtapaluca, Atizapán de Zaragoza y Nezahualcóyotl en el Estado de México, así como las delegaciones de Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa en la Ciudad de México.
La exposición de motivos señala que las altas tarifas violan el artículo 31 de la Constitución al plantear un escenario desproporcionado en relación a la situación económica de los usuarios.
El dilema, dicen, es comemos o pagamos.
Vuelve la turbulencia.
Ayuna hasta hoy de acuerdos concretos la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que refuerza la expectativa de que el proceso se alargue hasta el año próximo, a soslayo del proceso electoral en el país, regresa, intacta, la presión cambiaria.
De un nivel por debajo de 18 pesos, la divisa estadounidense se acerca a 19.
En el escenario están también la nueva masacre en Estados Unidos, cuyo desquiciamiento mental de un sector de la población es cada vez más evidente; la brutal represión del gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña frente al referéndum por su independencia, y las amenazas crecientes de la casa Blanca a Corea del Norte.
Estados Unidos podría endurecer su política monetaria con la llegada del sustituto de Janet Yellen a la Reserva Federal.
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