Más Información
Anuncian instalación de 25 albergues en la frontera con EU por amenaza de deportación masiva; Rosa Icela dialoga con gobernadores
Tras denuncias en Infonavit, revelan fraude en Yucatán; resurge caso del Cártel Inmobiliario de los Mañé
La intención original apuntaba a siete barcos, sólo que ante la oleada de críticas se decidió que fueran cinco… para terminar en dos, prometiéndose que el resto se construiría en astilleros mexicanos.
En una fase posterior a la negociación, Petróleos Mexicanos había adquirido 51% del capital de la empresa ibérica ubicada en Puerto de Vigo, Galicia, vía una negociación con la Xunta de Galicia dominada por el Partido Popular que llevó al poder a Mariano Rajoy.
La constructora de barcos había salido apenas de un concurso mercantil, con varios meses de trabajar al mínimo de su capacidad instalada.
Aunque en Galicia se hablaba de que la intención de Pemex era robarse la tecnología, la apuesta apuntaba a la llegada de capital fresco y otros compromisos pactados… que no se cumplieron.
Pemex había nombrado dos representantes en el Consejo de Administración: su entonces director general, Emilio Lozoya, y un delegado de Pemex Internacional PMI, José Manuel Carrera Panizzo.
En la exposición de motivos se hablaba de utilizar la exitosa fórmula Slim, es decir, inyectarle dinero fresco a una empresa en problemas financieros para darle un segundo aire. El problema es que tampoco el salto llegó.
La entrada de Petróleos Mexicanos, a título de acuerdo estratégico, se formalizaría en diciembre de 2013.
La promesa de despegue hablaba de la construcción, con cargo a Pemex Refinación, de dos barcos para transporte de productos químicos con 14 metros de eslora.
Adicionalmente se hablaba de otros por gestión, un atunero y cuatro buques-tanque.
La aportación inicial de la empresa mexicana era de entre 10 millones a 20 millones de euros.
La operación le permitía a PMI participar en sociedad con el astillero y su similar de capital público Novantas, en una oferta de alimentación y servicios hoteleros a los dos floteles, que hospedarían a los trabajadores de plataformas para evitar que se desplazaran a tierra firme.
El primero que se concluyó —con el nombre de Reforma— tenía capacidad para 600 huéspedes, con una escolera de 300 metros. Su terminación se tardó dos años sobre lo previsto.
El costo fue de 146.6 millones de euros.
El caso es que ahora se pretende vender éste con un costo de “salida” de 198 millones de dólares, precio similar al del segundo flotel construido y denominado Orgullo Petrolero.
Otra operación fallida.
Balance general. Cubierta la trinchera con el embargo de la información hasta 2021, en un escenario de extrema lentitud de la Procuraduría General de la República (PGR) y de quema de pólvora en un infiernitos y de la Secretaría de la Función Pública, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha recopilado nuevas pruebas de los sobornos de Odebrecht a Petróleos Mexicanos durante la gestión de Emilio Lozoya.
Las transferencias realizadas en 2013 y 2014 a cientos de empresas offshore en un banco del paraíso fiscal de Lechtenstein, por un total de 5 millones de dólares, coinciden con el otorgamiento de contratos a la constructora brasileña. Como usted sabe, los contratos para reconfigurar una parte de la refinería de Tula se dieron por adjudicación directa, en violación a la ley, dado que no era la única empresa que podría realizar la tarea.
Sobre seguro, pues.
Slim en España. Fiel a su estilo, el magnate Carlos Slim Helú acaba de adquirir un paquete de deuda por 843 millones de euros a costo castigado, que mantenía con dos bancos la empresa Koplowitz.
Ésta vencía en abril de 2020.
Dado que la firma española está vinculada al capital de la constructora FCC, de lo que el magnate tiene 61% del capital, lo que le coloca como principal socio, la operación refuerza su posición.
Sin la carga, la firma descartaría diluir su participación en la compañía.
Ahora que Slim pagó el adeudo con sólo desembolsar 594.73 millones de euros, dada la depreciación del valor de éste.
Hora cero. La presencia, la semana pasada, de trabajadores mineros en una feria de consignas, gritos y plantón al calce ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obedece al temor del líder de ese sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, de que se profundice la indagación sobre su supuesta renuncia a la ciudadanía canadiense.
Como usted sabe, esta semana el Tribunal Electoral decide si le da luz verde a la posibilidad de que el dirigente de los mineros sea postulado como candidato a senador por Morena.
La ponencia que se someterá a votación la planteará la propia presidenta del tribunal, Janine Otálora Malassis.
De acuerdo con la ley, no puede aspirar a un cargo de elección popular quien tenga doble nacionalidad.
Y aunque Napoleón Gómez Urrutia dijo haber renunciado a la nacionalidad del país de la hoja de maple, la formalidad, de acuerdo con la ley de esta nación, tarda hasta seis meses.
Ingresada la solicitud, el gobierno canadiense indaga sobre la situación del renunciante, incluidas auditorías fiscales y revisión de operaciones.
No, pero sí. A la llegada de Francisco Cervantes Díaz a la presidencia de la Concamin se renovó totalmente la representación industrial en el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, entrando al relevo el propio dirigente; el ex presidente Salomón Presburger, y el abogado Manuel Reguera.
La renovación incluía a la coordinadora de las tareas de los propios consejeros, Tania García Ugartechea, quien llegó a la dirección general de la cúpula industrial y al Consejo Técnico en el marco de un romance con el ex presidente de este, Francisco Javier Funtanet Mange.
El caso es que a la ex funcionaria por el sector patronal la está rescatando el director general del instituto, Tuffic Miguel Ortega, para hacerla coordinadora de asesores de su oficina.
El nombramiento debe pasar por el tamiz del Consejo Técnico.
albertobarrancochavarria0@gmail.com