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La Auditoría Superior de la Federación está exigiendo cuentas sobre la compra durante su gestión de la empresa productora de fertilizantes Agronitrogenados.
La ruta se bifurca en dos vías: el elevado precio pactado por lo que se ubica como plantas chatarras, y el sobreprecio con que se realizaron obras de rehabilitación.
El complejo, alguna vez parte de la paraestatal Fertinal, privatizado por Altos Hornos de México, sigue sin operar.
El precio pagado por Pemex a la firma de Alonso Ancira fue de 475 millones de dólares. Lo inaudito del caso es que las plantas de la productora de fertilizantes a base de urea se habían paralizado al negarle Pemex la materia prima por una larga mora en el pago de facturas.
Se calcula una deuda acumulada de 100 millones de dólares en un escenario en que la empresa matriz había caído en un bache que le obligó a solicitar una suspensión de pagos… que se prolongaría 14 años.
Adquiridas en paralelo plantas productoras de fertilizantes fosfatados propiedad de Fertinal, éstos en 255 millones de dólares, Pemex decidió crear una división que las aglutinara.
A Pemex Fertilizantes se le dotó de un presupuesto inicial de 6 mil 366 millones de pesos… que se fueron a la basura.
De hecho, el director general de la división fue cesado y sujeto a una investigación.
La decisión del Consejo de Administración de la empresa productiva de Estado ante las pérdidas recurrentes a partir de 2013 fue colocar los complejos en venta.
Al estallido del escándalo, Lozoya se defendió aduciendo que la operación de compra de los complejos se realizó de cara a uno de los compromisos del Pacto por México.
Según ello había que ofrecer fertilizantes baratos para estimular la producción agrícola en un marco en que el 60% de urea se importaba de países como China, Argelia, Estados Unidos y Nigeria.
Aún así Lozoya aseguraba que habría negocio dado que Pemex transformaría el gas natural producido por la explotación de pozos petroleros que se desperdicia en urea.
Pemex le vendería el producto a Pemex Fertilizantes vía un contrato de suministro de largo plazo.
El caso es que en el informe sobre la Cuenta Pública del 2016, el órgano de supervisión y vigilancia dependiente del Congreso emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidad de Pemex realice las investigaciones pertinentes y que en su caso inicie el procedimiento administrativo conducente.
La exposición de motivos hablaba de haber adquirido una planta con equipo incompleto, en mal estado y no utilizada.
En paralelo, se habla de que las obras de reacondicionamiento; cuyo costo se previó en 198 millones de dólares, saltó a 443.
Otra contra Lozoya.
Balance general
. Fallido el acto de fe en la sabiduría del mercado para equilibrar los precios tras liberar el del gas LP y abrir la frontera a la importación por parte de particulares; se da a conocer una investigación en ruta por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado del combustible.
Concretamente la indagación, iniciada el 24 de agosto del año pasado, seis meses después de cancelar el precio oficial, apunta a posible colusión entre competidores para manipular precios, restringir o limitar la oferta o la demanda o dividir en segmentos el mercado.
A partir de enero de 2017 el costo del combustible que utilizan 90 millones de mexicanos se ha incrementado 42%.
El procedimiento se abrió a solicitud de la Comisión Reguladora de Energía en un marco en que el Banco de México había ubicado el epicentro de la burbuja inflacionaria en los incrementos a las gasolinas y el gas LP.
Crece Larrea.
Finalmente la división minera del Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco logró ganar una licitación pública en Perú que le permite explotar la mina Michiquillas. La oferta planteada fue de 460 millones de dólares.
Se calcula que la veta tiene reservas minerales por mil 150 millones de toneladas y una ley de cobre de 0.62 , además de subproductos como malvino, oro y plata.
La mina con una inversión de capital de 2 mil 500 millones de dólares, iniciará su producción en 2025. El Grupo México tiene en el país andino las minas Tía María y Los Chancas. El rey del cobre extiende sus dominios.
Entre políticos
. Colocada en la barandilla por el Instituto de Pensiones de Jalisco una denuncia por supuestos actos de corrupción contra la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, ésta se ha reforzado con otras del Sindicato de Trabajadores Jubilados.
La firma, propiedad del ex regidor de Zapopan, Hiram Torres, estaría vinculada al candidato al gobierno de la entidad por Morena, Carlos Lomelí Bolaños, dueño de la firma Lomedic. En esta trabaja un hermano del exlíder de la bancada de diputados locales de Movimiento Ciudadano.
Esperanza inútil
. En su largo peregrinar en busca de justicia los damnificados de la financiera popular Ficrea se estrellaron ante la Suprema Corte de Justicia en la búsqueda de hacer corresponsable del fraude por omisión a la Secretaría de Hacienda como cabeza de sector y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La intención es que la Segunda Sala concediera un amparo contra una resolución de un tribunal colegiado que exoneraba a los acusados. Ahora el Via Crucis desfilará a la Corte Internacional de Derechos Humanos.
¿Quién fue?.
Apuntada hacia una falla mecánica la explosión del Ferry en Playa del Carmen, Quintana Roo, que provocó heridas a 25 pasajeros en ruta hacía Cozumel, hete aquí que el navío pertenece a Barcos Caribe, empresa que había sido intervenida por el gobierno. La firma está sujeta a una investigación en la presunción de que se integró con recursos públicos desviados por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. En el listado de socios aparece un abogado y la secretaria del padre de éste, también exgobernadores, además de un tío del anterior a Borge, Felix González Cantú.
La que es pregunta es si la intervención de los cinco barcos de la empresa era sólo con cargo a las cuentas o a la operación.
