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Hete aquí que para ilustrar a los concursantes sobre las características de los equipos se recortaran los de un catálogo de la empresa favorecida.
Naturalmente, nadie tenía igualitos.
El descaro fue exhibido por el resto de las firmas en la pelea en la respectiva junta de aclaraciones sin que por ello se haya modificado la convocatoria.
A quién le importa si en el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se anota letra por una letra que “no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia a libre concurrencia”.
Más aún: “En ningún caso deberán establecerse requisitos o condiciones imposibles de cumplir (por el resto de participantes)”.
La prohibición se reitera a mayor profundidad del propio reglamento de la ley, señalando, por ejemplo, que será causa de responsabilidad administrativa el establecimiento en la convocatoria de la licitación pública de requisitos que estén dirigidos a favorecer a determino licitarse o licitantes.
El caso es que las irregularidades no terminaban ahí.
Así, se le colocó a la licitación carácter de internacional, sólo que exigiendo que en todas las fases del proceso participen físicamente los interesados, es decir se canceló la posibilidad de enviar propuestas vía electrónica.
Adicionalmente, la adquisición del contrato sería por lotes, lo que vuelve técnicamente imposible que una sola empresa cumpla con todos los bienes solicitados en cada uno de ellos, dada la diversidad y las especialidades.
Y si le seguimos, se abroga la licitante la facultad de solicitar de forma posterior a la presentación de las ofertas “información adicional que pudiera requerir a causa de las dudas que se presentan en el comité evaluador”, escenario no previsto en la Ley de Adquisiciones.
Carrera de obstáculos, pues.
Lo grave del caso es que el ejemplo de Chiapas es reflejo de una constante a lo largo del sexenio, en un marco en que los arreglos bajo la mesa, las componendas, han permitido la integración de catálogos de favoritos con bola blanca.
De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, 70% de los contratos para obras públicas compras y adquisiciones los entrega el gobierno sin licitar.
El pretexto es lo de menos: se trata de una emergencia; la firma es la única productora, o existe amenaza de desabasto.
El Instituto Belisario Domínguez dependiente del Senado acaba de plantear una ley en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción que alcanza tabla rasa a todas las entidades que licitan contratos públicos, lo que incluiría a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, englobada como empresas productivas de Estado.
La excitativa habla de reglas claras, precisas y transparentes.
Así se apunta a modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y de Compras a Adquisiciones.
El problema no es de leyes sino de cumplimiento no de figuras sino de impunidad.
Sexenio de la corrupción.
Balance general.
Bajo la firma de 11 ex presidentes integrados al Consejo Consultivo de la Concamin, se envío un carta a las Cámaras y Asociaciones afiliadas, convocándolas a la unidad en torno al presidente electo, Francisco Cervantes.
La misiva insta a los órganos a enfrentar los grandes desafíos de la historia, planteada que el gran reto es consolidar la política industrial de nueva generación.
“2018, se señala, es un año cargado de incertidumbre. Los resultados inciertos de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el desempeño de la economía y la realización del proceso electoral más grande de la historia del país, y la posibilidad de que el resultado de la elección presidencial sea muy disputado, constituyen desafíos mayúsculos”.
Entre los firmantes están Prudencia López, Jesús Ceballos, Alejandro Martínez Gallardo, Jorge Marín, Luis Germán Cárcoba, Ernesto Rubio del Cueto, Salomón Presburger y Alfonso Pandal.
Sigue la danza.
Instrumentado por el Servicio de Administración Tributaria un “aplicativo” con exigencia de que las firmas outsourcing o terciarías le entreguen a las empresas que las contratan los recibos de nómina de sus trabajadores como vía de comprobación de que se cumpla con las prestaciones de ley, y desde luego se enteran las cuotas fiscales, las irregularidades siguen danzando.
De acuerdo a Manpower Group, una de las principales firmas del ramo, de las 900 existentes sólo 100 están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de éstas sólo 40 están al corriente con sus tributos.
El valor de mercado de la tercerización alcanza mil 457 millones de dólares, colocándose México como el más activo de América Latina.
Aun así ésta representa apenas el 38% del tamaño de la actividad de Estados Unidos, que cuenta con 32 mil empresas, cuya mayoría opera en Brasil.
ManPower Group le da servicio a dos mil empresas reclutando a 226 mil empleados temporales o permanentes.
Altanería.
A la llegada de José Antonio González Anaya al Instituto Mexicano del Seguro Social, los proveedores quisieron presentarse con los nuevos funcionarios del organismo para mantener el puente.
Uno de ellos fue Adrián Cervantes, con su hermano Jaime accionista de dos empresas, Vitalmex y Medical.
Colocado en la sala de espera, de pronto el empresario se impacientó, exigiendo a gritos ser recibido de inmediato.
Al escándalo, los funcionarios apresuraron la bienvenida, lo que no sirvió para contener la ira del visitante, derivando el ambiente en una guerra de descalificativos mútuos lo que terminó con la amenaza de rescindir todos los contratos a las firmas.
El caso es que una y otras empresas se mantienen vivas, en el catalejo de proveedores del organismo.
Cautela política.
Durante enero del año pasado, la Secretaría de Hacienda recaudó 18 mil 76 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a las gasolinas.
El caso es que durante el mismo mes de este año el monto se redujo a 12 mil 601 millones de pesos.
¿La población privilegió el transporte público? ¿Se le inyectó aceite a la bicicleta para combatir de óxido?
Digamos que ante las versiones de un inminente gasolinazo la Secretaría de Hacienda decidió diluir el golpe durante las semanas siguientes evitándolo por lo pronto vía reducir la tasa de IEPS
La explicación, naturalmente, hay que ubicarla en la exigencia de evitar restarle más votos al PRI.
